La cuestionada ruta fronteriza 1856 –y otros  proyectos- se ejecutaron desde una estructura paralela en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a cargo del ingeniero Manuel Serrano y que respondía al director ejecutivo de la institución, Carlos Acosta. Fueron obras ejecutadas bajo el mecanismo de “imprevisibilidad”, que el CONAVI ha utilizado por muchos años para realizar trabajos urgentes, sin pasar por los trámites y requisitos establecidos para los proyectos que contrata la institución.
Los encargados se negaron reiteradamente a entregar información que solicitaba la auditoría,  y Miguel Ramírez quien trabajaba con Serrano en la fiscalización de la trocha adujo que no se podía dar porque era “secreto de Estado”.
Esto fue parte de lo que detalló Reynaldo Vargas, auditor del CONAVI, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, ante la que compareció la semana pasada, junto con la directora de planificación, Mónica Moreira, y el director financiero, Carlos Solís.
La comisión investiga denuncias de presuntas dádivas a funcionarios encargados del proyecto, pagos por trabajos no realizados y otras anomalías, sobre las que la Contraloría General de la República (CGR) también realiza una investigación, y el Ministerio Público (MP) abrió un expediente penal.
El director financiero de CONAVI dijo que los fondos públicos pagados hasta ahora por los trabajos de la ruta 1856 (también llamada trocha fronteriza)  suman ¢21.500 millones, y desconoce cuánto queda pendiente de pago, porque la documentación se la llevó el MP, pero calcula que pueden ser unos ¢12.000 millones.
Cuestionado Carlos Solís si había revisado las facturas que sustentan los pagos –y que tienen graves inconsistencias aritméticas,  tachaduras y otras anomalías según un informe de la auditoría- dijo que el análisis de los expedientes era competencia de la oficina de emergencia que dirigía Serrano. El pago se hacía con base en el informe técnico de esa oficina y una factura acompañada de una resolución administrativa firmada por Carlos Acosta (exdirector ejecutivo de CONAVI). Ese el procedimiento establecido en un manual para casos de emergencia y de “imprevisibilidad”, que el CONAVI ha utilizado durante muchos años, aseguró.
“Ese es el mecanismo que se sigue no solo para atender este tipo de contratación de la trocha, sino que se utiliza en otros casos para atender imprevisibilidades. La ley de contratación administrativa establece la posibilidad de este tipo de contratación cuando por alguna situación imprevista o de carácter de emergencia se suspende el servicio en una ruta”, comentó Solís.
El auditor Reynaldo Vargas explicó cómo desde noviembre del 2011 la auditoría estuvo solicitando información a Serrano y Ramírez y no la enviaban, y cuando en enero pasado finalmente entregaron cien expedientes, la información no estaba completa, por lo que insistieron en pedir lo que faltaba, pero no la obtuvieron, a pesar de un acuerdo del Consejo de Administración de CONAVI que en marzo pasado solicitó un informe sobre lo actuado en la ruta 1856.
Añadió que debido a eso, el 24 de abril Serrano fue remitido a una investigación en relaciones laborales, pero “se tuvo que parar lo que estábamos haciendo porque empezamos a coordinar con el Ministerio Público el manejo de expedientes” (luego intervino la Fiscalía tras una denuncia penal contra Serrano y Ramírez que presentó en mayo el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez).
La auditoría presentó en julio al Consejo directivo de CONAV I un informe sobre el análisis de la documentación relativa a la trocha, donde se consignan graves inconsistencias en las facturas, los informes diarios sobre el trabajo de campo, falta de prospectos como el caso de los contenedores que se compraron para usarlos en vez de puentes, entre otras situaciones irregulares, señaló Vargas.
Por otro lado, como resultado de una investigación que había solicitado el ministro Jiménez,  envió una relación de hechos a la CGR.
El diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) le reprochó al auditor que en su informe a la administración del CONAVI las recomendaciones que hace son muy “ligth” (suaves).
Por su parte, la diputada Alicia Fournier (Partido Liberación Nacional) le incriminó la tardanza en la intervención de la auditoría y por qué fue hasta en julio pasado que hizo el primer informe sobre la trocha, si los trabajos arrancaron desde finales del 2010.
El también oficialista Jorge Rojas le dijo al auditor que le preocupa muchísimo que él no entregara su informe hasta julio del 2012, y eso porque se lo pidió la junta directiva de CONAVI.
“Usted no puede estar esperando a que haya un acuerdo de junta directiva para que usted responda. Al contrario, más bien usted es el que tiene que llegar a la junta a alertar (…), pero ni siquiera mandó una carta para decir “miren está esa plata, no tengo control, no está contabilizada, se está haciendo mal”.
“Estoy de acuerdo, aquí  hay jerarcas, no lo voy a negar, pero la jerarquía se ve apalancada por el aparato administrativo. Los políticos estamos por turnos, y conocemos muy poco de la instancia. Ustedes no, ustedes están involucrados, metidos en el barro, entonces eso me preocupa mucho, deja mucho que desear”, apuntó Rojas.
El diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) había señalado minutos antes, a propósito de las manifestaciones de Fournier, que estos funcionarios están al final de la cadena, y no solo a ellos se les debe responsabilizar, porque “los mayores responsables están en la Casa Presidencial”, como se ha señalado en las audiencias de la comisión.
En las reuniones de CONAVI participó el vicepresidente de la  República Luis Liberman, quien decía y delineaba los procesos del trabajo en la trocha, e igualmente en el caso del exministro Jiménez y exdirector de CONAVI, Carlos Acosta, manifestó.
“Yo quisiera escucharla con la misma vehemencia haciéndoles esas sugerencias a estas personas”, apuntó Oviedo a la diputada.
RIDÍCULO
Tras la comparecencia,  Oviedo manifestó que es un ridículo que los funcionarios hayan utilizado el argumento del secreto de Estado. “Habría que ver cuál es el amparo que les permite a Serrano y Ramírez creer que podían actuar de forma arbitraria y totalmente antojadiza, ignorando las normas de la contratación en la administración pública. Porque el que se le diga a un auditor que no pida requisitos porque el asunto es secreto de Estado, eso raya en lo ridículo”, subrayó.
“Debemos tomar nota de que, según algunos,  al amparo de un secreto de Estado se pueden vaciar las arcas del Estado y no hay problema, cuando se tiene el amparo de ciertas autoridades políticas superiores que avalan y respaldan este actuar, y aquí el problema es que hubo unos funcionarios inescrupulosos que asaltaron al Estado costarricense”, agregó.
“Hubo complacencia de las altas jerarquías de la administración, que no ejercieron los debidos controles, para que se actuara como cada quien quisiera, lo que permitió que se asaltara al Estado, porque eso fue un asalto”, remarcó.
Por otro lado, entre lo más grave e inaceptable de lo dicho en la audiencia según el diputado opositor,  es que se confirmara que en las oficinas de CONAVI estuvieran asentados funcionarios de CACISA, la empresa contratada para supervisar los trabajos de la trocha, y que “alcahueteó” la supervisión para que se arrancara con la inauguración anticipada de la carretera a Caldera (en enero del 2010).
Ante preguntas de Oviedo, el auditor dijo que, según la documentación llegada a su poder, en la oficina de emergencias que dirigía Serrano en la primera planta de CONAVI había personal que estaba en planilla de CACISA.
Vargas relató que por casualidad llegó a sus manos una partida con la planilla de CACISA, en la cual aparece el nombre de Carlos Hernández, quien trabajaba en la oficina de emergencias con Serrano, así como los nombres de Daniel Argüello, Álvaro Mesén y dos más, que anteriormente aparecían firmando informes diarios como inspectores de CONAVI, detalle que está consignado en el informe de la auditoría.