Según los organizadores, cerca de 50 personas participaron en la actividad de “recuperación” del lote. (Foto cortesía: Gilbert González, Centro para el Desarrollo Indígena)
Líderes de la comunidad indígena de Boruca denunciaron que el empresario Jorge Hernández, de Grupo Radiofónico Omega (GRO), instaló de manera “ilegal” y “sin consentimiento de la comunidad brunca” una torre de telecomunicaciones en tierras indígenas.
Los indígenas aseguraron que el lote en que se instaló la antena —que pertenece a GRO— está registrado a nombre de Radio Cultural Boruca (RCB) y que está dentro del territorio brunca, por lo que es indispensable tener el consentimiento de la comunidad indígena para realizar cualquier tipo de construcción.
Según relató Carlos Morales, miembro de la Junta Directiva de Radio Cultura Boruca, el empresario josefino adquirió “ilegalmente” dos lotes dentro de la reserva designada al pueblo boruca hace unos años.
Hugo Lázaro, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Yimba Cajc (Rey Curré) y representante legal del movimiento, explicó que de acuerdo con la Ley indígena Nº 6172 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la adquisición de un terreno ubicado dentro de la reserva indígena solo puede darse por decisión de la Asociación de Desarrollo, mediante un documento de cesión o la validación de un contrato privado.
Lázaro indicó que en este caso el contrato se hizo entre un tercero cuya identidad desconocen y el señor Jorge Hernández, dueño del Grupo Omega, pero no se llevó a cabo dicha validación.  Por tanto, opinó “el negocio es ilegal y la compra es nula”.
Tras la adquisición de estos terrenos y en vista de las reacciones que generó por parte de la comunidad, según relató Carlos Morales, el empresario decidió “devolver o donarle entre comillas”, una de estas propiedades a la emisora cultural.
Según dijo Morales, la Junta Directiva de la radio realizó los trámites ante la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca y así, les fue otorgado el terreno, ubicado en Alto Las Moras.
Sin embargo, comentó, “tiempo después don Jorge adujo que el notario había cometido un error, que había consignado mal el número de lote y que nos había donado el terreno equivocado. Nos pidió que le firmáramos papeles deshaciendo la donación, pero decidimos no firmarlos porque para nosotros es ilegal, de modo que la propiedad quedó a favor de nosotros”.
INDIGNACIÓN COMUNITARIA
El líder indígena informó que transcurridos unos meses, “sin haber existido ningún tipo de conversación ni ningún acercamiento y mucho menos haber hecho la solicitud de permiso a la ADI o a la comunidad”, se inició la construcción de la antena en el mencionado terreno, lo que produjo indignación en los miembros de la comunidad.
Morales opinó que “el problema no es sobre la donación o si la propiedad es o no de RCB, es un asunto de comunidad y tiene que ver con el derecho de propiedad de nuestra tierra. Tuvimos una reunión de vecinos y líderes del pueblo, analizamos que con o sin donación el terreno es del pueblo indígena, porque está dentro del territorio boruca y es una cuestión aún más grave porque estos proyectos son de una envergadura bastante grande y no se pueden realizar sin consentimiento de la comunidad”.
El indígena comentó que los vecinos pusieron cadenas y candados en la construcción para evitar que continuaran las obras y se habló con el representante legal de Hernández para notificarle que “eso no se podía tocar más sin permiso de la ADI”.
No obstante, dijo, “ellos, en lugar de respetar, cortaron las cadenas y los candados y siguieron instalando equipo. Eso encendió más los ánimos de la comunidad, porque no había ningún respeto ni ninguna fe de diálogo”.
El abogado Hugo Lázaro relató que a raíz de ese hecho y al no obtener respuesta por parte del empresario, la comunidad decidió tomar acciones y fue así como el pasado 12 de setiembre “casi medio centenar de personas de la comunidad fueron y cercaron la propiedad, desconectaron lo que había que desconectar, quitaron parte de la malla que ellos habían puesto y se reapropiaron el terreno, como corresponde”.
“RESPETAR LA SOBERANÍA”
De acuerdo con ambos líderes indígenas, se dio un acercamiento de Jorge Hernández a la comunidad después de eso.
“Él vino con su equipo de la empresa, para llegar a un acuerdo con la comunidad. Reconocieron que cometieron una arbitrariedad, dijeron que sin mala fe creyeron que podían negociar con un particular y que así lo venían haciendo, pues desconocían la legislación indígena”, indicó Lázaro.
El abogado dijo que el empresario “solicitó que le permitieran mantener la torre en su lugar y que mientras se quedaran cooperarían con algunas cosas en la comunidad, pero que si la comunidad no lo autorizaba ellos se retiraban”.
“Ahora estamos conversando, él (Hernández) dice que se ajusta a lo que la comunidad diga. Está claro que el terreno es absolutamente del pueblo y estamos en proceso de ver qué hacer con esa construcción, pues según el convenio y la ley hay que realizar una consulta al pueblo”, añadió Carlos Morales.
Danilo Loaiza, representante legal de Jorge Hernández y del Grupo Radiofónico Omega, dijo a UNIVERSIDAD que muchos años atrás, el empresario negoció “un canje con Radio Cultural Boruca y ellos le permitieron poner una antena en un sitio específico, no sé con qué autoridad”.
El abogado afirmó que “luego la misma RCB puso una antena en otro sitio, aparentemente mejor, a espaldas del gobierno local indígena”.
Más tarde, dijo, y “como un acto de arrepentimiento, Hernández cedió una de sus tierras, pero el notario confundió la escritura y a partir de eso se ha presentado un conflicto con la comunidad indígena, pero don Jorge lo que quiere es arreglarlo”.
Loaiza aseguró que el territorio en cuestión “le pertenece a la comunidad indígena y de eso no hay ninguna duda. Lo que se quiere es respetar la soberanía que tiene la comunidad indígena sobre su territorio”.
El abogado comentó que el empresario ha iniciado un proceso de acercamiento con los indígenas para buscar opciones y soluciones al conflicto; y si la comunidad lo autoriza, continuar con los trabajos en el lote de Alto Las Moras.
“Él ya buscó alternativas, si la comunidad da permiso bien y si no, se recogen y se retiran las antenas y listo. Se está a la espera de la decisión de la comunidad y se va a respetar lo que digan”, aseguró.