A mediados del siglo XX, los países latinoamericanos iniciaron un proceso de sustitución de importaciones, tratando de producir por sí mismos, lo que antes compraban a países desarrollados. Se dice que los intentos de industrialización latinoamericana fracasaron principalmente por su falta de competitividad. Entendiendo que ser competitivos, significa que los principales productos tienen precios y niveles de calidad semejantes al mejor producto del mercado. Acontecía en aquellos tiempos, un proceso de división del trabajo internacional, en la cual, cada país latinoamericano se lanzaba al mercado, tratando de vender un producto que les diera el éxito económico.  La incompetencia se explicaba por los sistemas educativos que eran muy básicos, en comparación a los desarrollados sistemas educativos de educación técnica en Europa y Estados Unidos, que ya contaban con universidades centenarias, y con la ventaja de haber sido cuna de la revolución industrial.
Si realmente se quiere iniciar un proceso de industrialización latinoamericana, dicha industria debe cumplir con algunos criterios que permitan su existencia: eficiencia, rentabilidad y amplios mercados. Los bienes de capital que confiera el Estado a través del sistema bancario, deberían dirigirse exclusivamente a los tecnocientíficos. Estas personas han creado el buscador en Internet, los sistemas operativos, la insulina, el antiviral, el horno de microondas, el motor eléctrico, el teléfono celular, la corriente alterna, y millones de productos que facilitan y mejoran la vida humana.
Los recursos que aporte el Estado deben pertenecerle siempre, y son verdaderas inversiones en busca de rentabilidad, de modo que una vez que las empresas comiencen a generar ganancias, el Estado participe en la repartición, como socio financiero de empresarios privados. Si el Estado entrega bienes de capital a una multitud de científicos-empresarios, al ser multitud, se cumplen las condiciones para que se genere un proceso de industrialización nacional, para la cual la eficiencia está asegurada, debido a los altos niveles de conocimiento de sus participantes.
Ante una eventual crisis alimentaria mundial, provocada por desastres naturales, tales como la sequía que azotó a Norteamérica desde 1932 hasta 1939, conocida como “Dust Bowl”, por las temibles tormentas de polvo que se levantaban desde los campos de trigo y maíz, convertidos en desiertos, los países latinoamericanos pueden minimizar los perjuicios, mediante un proceso rápido de industrialización agraria. Estas crisis son generadas por fenómenos climáticos cíclicos, que a veces coinciden con crisis económicas, multiplicando el daño que causan. Por su escasez, los precios de los alimentos se disparan y la población puede conocer la hambruna. Sin embargo, la tecnología hidropónica permite crear sistemas de cultivo de crecimiento rápido y controlado, que no requieren de grandes extensiones de tierra, sino que en pequeños espacios, producen grandes cantidades de alimentos de bajo costo. En tiempos de crisis, los alimentos así producidos pueden dirigirse al consumo interno y los excedentes se intercambian con los países cercanos.
Los grandes mercados que requiere la industrialización existen para sistemas de software que permitan la interconexión de telefonía celular con equipos informáticos portátiles, realidad virtual y sistemas expertos de inteligencia artificial, pues son productos de demanda inelástica para los gigantes del software y la telefonía, que abren las puertas a mercados mundiales de consumo constante.
Si el Estado es dueño de los medios de producción y los distribuye exclusivamente al sector de la población conformado por tecnocientíficos graduados por el sistema educativo, crea una modalidad económica, por la cual, el Estado suministra lo que no puede obtener el tecnocientífico por sí solo (grandes créditos, maquinaria y edificios).  Las fortalezas de la vieja “planificación central keynesiana” se entremezclan con las evidentes motivaciones de las personas que acuden al libre mercado con el propósito de obtener ganancias. Es un sistema híbrido, que no agranda el Estado, sino que lo utiliza como mecanismo de control de la actividad económica privada, forzándola a trabajar directamente en las industrias de mayor rentabilidad.