Arturo Alvarado, director de Proveeduría; Luis Gerardo Leiva, director de contratación vial; y Alicia Padilla, directora de la contraloría de servicios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sostuvieron que no supieron nada de irregularidades en la ejecución de la polémica trocha fronteriza 1856, hasta que se enteraron por la prensa, casi año y medio después de que la entidad inició ese proyecto.
Su descargo de responsabilidad –al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investiga presuntos actos de corrupción con la trocha- lo centraron en que no tuvieron participación en el proyecto. Esto por cuanto –insistieron- se trata de un proyecto de “imprevisibilidad”, de los que se ejecutan mediante un procedimiento especial que autoriza un manual del CONAVI para casos de urgencia o emergencia. Es un trámite expedito sin pasar por los controles y requisitos de las contrataciones en que interviene la dirección de contratación y la proveeduría institucional, explicaron.
El caso de la trocha lo manejó una unidad ejecutora a cargo del ingeniero Manuel Serrano, y Carlos Acosta, entonces director ejecutivo del CONAVI.
“Gracias a Dios no fuimos tomados en cuenta en este proyecto. La única referencia que teníamos de esto la vimos en los periódicos y hasta la fecha no se ha hecho ningún trámite relacionado con la 1856 (en la proveeduría)”, dijo Alvarado, causando asombro entre los diputados y diputadas. Sobre todo cuando la presidenta de la comisión, Patricia Pérez (Movimiento Libertario), les preguntó cómo calificaban su labor como funcionarios del CONAVI en una escala de 1 a 10, y ellos se adjudicaron la máxima calificación. Y ante otra pregunta, Alvarado aumentó la desazón al revelar que su oficina tiene a trece profesionales que ganan ¢1 millón en promedio y él personalmente devenga ¢2.7 millones mensuales.
“El problema en este país creo que no es la corrupción,  el problema de este país es el cinismo, que ha quedado reflejado aquí”, lamentó Pérez.
La diputada Carolina Delgado (Liberación Nacional) dijo que no se puede llegar a decir ahora que no se sabía que el tema de imprevisibilidad era un tema fuera de control, porque desde febrero y marzo del 2011 a la contraloría de servicios y la auditoría se les trasladaron informes donde se señalaba que había insuficientes controles en la contratación, ejecución, cumplimiento técnico y gasto en los proyectos. Hay otros informes que dicen lo mismo, parece que eso es una constante en CONAVI, apuntó Delgado.
Tras las declaraciones de los funcionarios del CONAVI, los legisladores acordaron por decisión unánime solicitar a la presidenta Laura Chinchilla intervenir la entidad,  cuya estructura y organización –en palabras de María Ocampo (Liberación Nacional)- no están funcionando bien, y hay que corregir, “porque así como está la cosa puede suceder en cualquier monto otro problema”, comentó Ocampo.
Si bien el acuerdo de pedir la intervención del CONAVI fue unánime entre los diputados oficialistas y opositores, los enfoques son diferentes a la hora de buscar a los responsables, pues mientras la táctica del oficialismo en las audiencias es cargar las fallas a los funcionarios del CONAVI, la oposición tiene la mira puesta a más alto nivel en el Gobierno.
Así, Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) llamó a ver con pausa el asunto, para no enfocarse en los mandos medios del CONAVI,  pues aunque vieron para otro lado y faltaron por omisión, no se debe dejar de lado a las autoridades superiores que dieron directrices para que eso se diera.
Parecida opinión tiene Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana):  “es fácil buscar culpables abajo, pero quienes tomaron las decisiones están arriba. Si ustedes (funcionarios del CONAVI) no actuaron es porque su jefe y la unidad ejecutora sabían que tenían que pasarles por encima”, dijo.
La diputada Pérez comparte el criterio, pues hay –dijo- una responsabilidad política que es evidente, pero sin dejar de ver que hay una administración complaciente, que incumple sus funciones, y que los niveles de responsabilidad son diferentes y deben haber las sanciones correspondientes.
Lo preocupante es que el CONAVI es una entidad que maneja recursos por ¢200.000 millones al año, con una administración tan débil y tan complaciente que no le sirve al país, ni al gobierno, ni a los costarricenses, afirmó.