El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) emitió un pronunciamiento en el que recomienda varias acciones para mejorar la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El CU se basó para este pronunciamiento en las recomendaciones del informe titulado “Los impactos socioambientales y culturales del Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís””, elaborado por una comisión especial de expertos en diversas áreas.
Derogar el decreto que declara de “Conveniencia Nacional” el PH Diquís, realizar la consulta a los pueblos indígenas afectados por el proyecto y realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, son parte de las recomendaciones que la UCR hace al ICE y al Estado costarricense.
Sin embargo, el ICE considera lo expresado por la UCR como una “simple opinión” que puede ser discutida, y mantiene su posición de que todo lo realizado hasta el momento alrededor de este proyecto, está apegado a la legislación nacional e internacional.
CAMBIOS NECESARIOS
El integrante del Consejo Universitario Alberto Cortés comentó que, como producto del trabajo de la comisión especial, se derivaron dos líneas de señalamientos alrededor del PH Diquís.
La primera línea tiene que ver con que el ICE corrija y se ajuste al marco legal vigente en aspectos como el decreto presidencial de “conveniencia nacional” que la UCR considera se otorgó sin tener los estudios necesarios.
En este sentido, el abogado ambientalista e integrante de la comisión Álvaro Sagot  aseguró que el decreto no cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios para respaldar una declaratoria de este tipo.
“Este decreto está peor que el otorgado al proyecto minero Crucitas, porque no tiene el Estudio de Impacto Ambiental; lo que quiere decir que se tomó la decisión de cambiar el uso del suelo sin tener las consideraciones técnicas básicas”, criticó Sagot.
Además, el experto comentó que el proyecto no cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), e incluso establece que este órgano debe dar prioridad al trámite del PH Diquís.
El acuerdo del Consejo también   recomienda al Estado costarricense emprender las acciones necesarias para realizar la consulta a los pueblos indígenas afectados por el proyecto, tal y como lo establecen los convenios internacionales, y como lo recomendó el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya.
En este aspecto, el especialista en asuntos indígenas Geiner Blanco dijo a UNIVERSIDAD que el sentir de las comunidades indígenas está acorde con lo que recomienda el CU de la UCR.
“Desde el punto de vista indígena tiene que haber un enfoque más general, que el Estado relance su relación con los pueblos indígenas, que haya un diálogo abierto y transparente y que retome fundamentalmente el gran tema de diseñar un proceso de un Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos indígenas”, comentó Blanco.
Este integrante de la comunidad indígena Maleku aseguró que para el proceso del PH Diquís y otros que están pendientes de consulta, es necesario que se establezcan los parámetros mínimos y máximos que permitan una efectiva participación de los pueblos indígenas costarricenses en la toma de decisiones.
Blanco añadió que la recomendación de derogar el decreto es bien vista por los indígenas, pues ya antes se habían pronunciado indicando la necesidad de que el Gobierno dé marcha atrás con esta declaratoria.
NO ESTAMOS CONTRA EL ICE
Alberto Cortés comentó que en criterio de la Comisión no basta con elaborar un simple Estudio de Impacto Ambiental para Diquís, pues se trata de un megaproyecto con características más complejas.
“Se sugiere hacer una Evaluación Ambiental Estratégica, que implica necesariamente un análisis no solo del proyecto en sí, sino de las implicaciones que tiene para el desarrollo nacional”, expresó Cortés.
El integrante del Consejo añadió que el acuerdo también hace recomendaciones para que se considere la gran riqueza cultural y arqueológica de las zonas que se van a inundar, así como el riesgo geológico que existe por la presencia de una falla en la zona donde se piensa construir el tanque de oscilación, la casa de máquinas,  tubería de presión y el canal de descarga de la represa.
“Tiene que haber un amplio debate sobre un tema estratégico para el país como es el tema energético. Ese es el mensaje de fondo. Este Consejo y la UCR no están en contra del ICE, pero por la envergadura que tiene este proyecto creemos que tiene que haber un debate nacional y que la UCR tiene que participar con argumentos técnicos, científicos, ambientales y en todos los planos”, manifestó Cortés.
Otra de las preocupaciones de la UCR tiene que ver con la posibilidad de que el ICE no sea el que construya esta megarrepresa, y la otorgue en concesión a alguna empresa extranjera.
Para Cortés, el ICE debería tomar nota de las observaciones que le realiza la Universidad, pues no se trata de un “actor cualquiera”, y añadió que hay decisiones que se deben tomar sobre este proyecto también en el Ministerio del Ambiente y en el seno del Gobierno.
“Debe haber una participación más activa del Estado costarricense desde sus distintas instancias en la promoción de este debate y en el ajuste de los procedimientos antes de dar el visto bueno final al proyecto Diquís”, indicó.
 

 
Elbert Durán, vocero del ICE:
“Respetamos a la UCR, pero es una opinión más”
Para el vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Elbert Durán, las recomendaciones que realiza la Universidad de Costa Rica sobre el proyecto Hidroeléctrico Diquís son muy respetables, pero también son discutibles y no necesariamente serán acogidas por el ICE.
En lo que respecta a la recomendación de derogar el decreto ejecutivo de “Conveniencia Nacional”, esto es un asunto que debe deliberarse con el Poder Ejecutivo, que es el responsable de este tipo de declaratorias.
Sobre lo expresado por Álvaro Sagot en cuanto a que este decreto para Diquís está “peor” que el de Crucitas, Durán indicó que también es una opinión respetable, pero no puede darse por cierta sin una discusión a fondo; esto pese a que Sagot puso en evidencia las serias deficiencias del decreto de Crucitas en un juicio contencioso administrativo.
“Nosotros somos el desarrollador interesado en que existan las condiciones idóneas que permitan desarrollar el proyecto como ha sido propuesto. Pero igualmente somos absolutamente respetuosos de la institucionalidad y de lo que corresponda. Si esto va a otras instancias, tenemos que acogernos a esto”, aseguró.
Durán insistió en que hasta el momento el ICE ha hecho todo apegado a la legislación nacional, y “no ha movido una sola piedra” sin contar con el permiso de las autoridades respectivas.
“En el tema de la consulta indígena nos mantenemos en la posición de que corresponde a las comunidades definir a sus legítimos y auténticos representantes, que serían las contrapartes o los participantes del diálogo que se abriría con este proceso”, explicó.
Durán también consideró “interesante” la propuesta de la UCR para que se abra un debate nacional sobre el modelo eléctrico del país, pero indicó que al ICE lo que le corresponde es emprender las obras que tiene planeadas.
“Parece sano para el país una deliberación sobre el tema, pero existen muchos actores que pueden participar en ello. Existe un marco en lo que le corresponde al ICE, es hacer las cosas, y las está haciendo de acuerdo con el marco vigente”, añadió.
Durán insistió en que el PH Diquís es un proyecto que se ha definido como una de las prioridades para el desarrollo del país, por lo que no se trata “ni de un capricho, ni de una situación casual”, sino que es el resultado de estudios que se realizaron con mucho tiempo de anticipación y respetando la legislación vigente.