Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) canceló en total ¢17.512 millones a los partidos políticos en las pasadas elecciones como parte de la deuda política, hoy tienen bajo la lupa ¢2.300 millones por las denuncias interpuestas ante el mismo ente electoral.
A esta cifra hay que sumarle ¢685,490.000 que el Tribunal rechazó, pero que ahora investiga. En la lista de partidos que ahora el TSE investiga figuran el Partido Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), y Movimiento Libertario.
En el caso del Partido Acción Ciudadana se busca establecer el cobro de más de ¢1.000 millones para el pago de servicios profesionales durante el período electoral. De este dinero el Tribunal solamente desembolsó ¢561,000.000, el resto fue rechazado porque se incluyó  la cancelación de servicios profesionales como parte de pagos especiales.
Este dinero fue utilizado para la cancelación de trabajos realizados durante campaña de diferentes líderes regionales, entre los que se destacan los ahora diputados Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Jeannette Ruiz;  sin embargo, solamente a Ruiz se le canceló con el dinero de la deuda pública.
A los libertarios se les investiga por el cobro de ¢210,000.000 destinados a subsanar el gasto incurrido por el partido al dar 194 cursos de capacitación, pero que aparentemente no fueron impartidos por el partido.
Mientras que a los liberacionistas ahora se les revisa el cobro de cheques correspondientes para el pago de servicio de transporte durante la campaña y en el día de las elecciones.
Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, dijo que el pago se hizo ya que se parte del principio de buena fe de los partidos; por lo tanto, no se puede presumir de partida que los cobros van alterados. “Se aprueban todos los gastos porque cumplen con todas las formalidades de ley”, afirmó Fernández. (Véase: “Hemos encontrado errores por negligencia y en otros mala fe”)
No obstante, el analista político Francisco Barahona afirmó “hecha la ley, hecho el portillo”. La reforma al Código Electoral realizada en el 2009 estableció que sería el TSE el que se encargaría de revisar el pago de la deuda y no la Contraloría General de la República.
Ante esto el analista Barahona consideró que el Tribunal podría tener inexperiencia. “Apenas se estaba construyendo su equipo humano y técnico, por lo que esto podría justificar el haber actuado con un poco de laxitud en lo que es el control estricto”, señaló Barahona.
Barahona también achacó este tipo de presuntas irregularidades a lo que tildó como un “bajonazo de planteamiento ético e ideológico” en los partidos. “Algunos partidos políticos se convierten en mecanismos de enriquecimiento semiilícito de aquellos que manejan estos”.
Criterio compartido por el politólogo Víctor Ramírez, quien aseguró que los partidos políticos buscan la manera de engañar al TSE con el fin de obtener beneficios propios, pero peca también el órgano electoral al dejar pasar “elefantes blancos”, debido a que los medios de fiscalización son ineficientes.
Para frenar esto, el politólogo afirma que tan solo mediante las sanciones correspondientes se podrá crear antecedentes para que los dirigentes políticos se abstengan de seguir realizando estas presuntas prácticas.
“Si la impunidad se acaba y si meten a la cárcel a quienes han engañado o si reciben la sanción política o moral que corresponde se van a cuidar más los dirigentes de los partidos para no hacer  las cosas que han venido haciendo”, manifestó.
Otra de las preocupaciones alrededor del dinero girado por el Tribunal a los partidos políticos radica en la manera en que estos montos podrían ser recuperados de determinarse que no debieron haber sido cancelados, ya que la legislación establece que será hasta que el Ministerio Público determine si hubo o no delito y posteriormente además habrá un proceso de cobro de daños y perjuicios.
“Hay una manera muy fácil de recuperarlo, de lo que le corresponde en las próximas elecciones se le reste lo que cobró de manera ilegal, si el Tribunal            quiere recuperar, esto es muy fácil”, afirmó Ramírez.
“Hemos hecho análisis jurídicos para establecer precautoriamente retener algún dinero a sabiendas de que pudiéramos resultar afectados, pero no hemos encontrado la fórmula jurídica”, señaló el director del Registro Electoral del  TSE, Héctor Fernández.
En opinión de Fernández, la única manera de modificar esto sería mediante una reforma al Código Electoral. Pero al ser una reforma que tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, el analista político Francisco Barahona estima que es poco probable que se le otorguen mayores potestades al Tribunal.
El Tribunal Supremo de Elecciones investigó un total de 17 denuncias, de las cuales, siete ya se finalizaron, y seis fueron trasladas al Ministerio Público.
 

Héctor Fernández, director del Registro Electoral del  TSE

Hemos encontrado errores por negligencia y en otros mala fe

¿Por qué el Tribunal pagó más de ¢2 mil millones como parte de la deuda política y ahora investiga esos dineros?

-En principio se aprueban todos los gastos porque cumplen con todas las formalidades de ley, vienen certificados por un CPA (Contador Público Autorizado), vienen con todos los documentos de respaldo, se demuestra que el gasto lo realizó el partido, que es un gasto que corresponde a organización o gastos electorales, y procede a pagarlo. No tenemos ningún elemento que nos diga que ese gasto no se paga.

Cuando la Contraloría General era la encargada de revisar el aporte estatal para los partidos políticos tenía más tiempo para realizar el desembolso. ¿Podría pesar el factor tiempo en que ahora se detecten algunos fallos a la hora de pagar el dinero de la deuda?

-Pueda ser que haya algo de incidencia en eso, pero mi opinión es que esta práctica no es que se da hasta ahora, es que antes no se había ido a investigar más allá.

¿Podría considerarse que algunos partidos intentaron burlar los controles del TSE?

-Es que antes no había sanciones, y era la Contraloría la que hacia el informe técnico de cuánto se le daba a cada partido;  no le puedo decir que los partidos tienen esto montado, porque si hubiera sido así, probablemente hubieran logrado aprobar mucho más porcentaje del que las estadísticas muestran, así que creo que la legislación les ha ayudado a ordenarse.

Si en este momento el Tribunal no puede comprobar que un partido gastó lo que dijo, esto se podría prestar para la mala utilización de fondos que son públicos pero administrados por grupos privados como los partidos.

-Hay que revisar el sistema, partiendo de una reforma constitucional. Los partidos se forman ciertamente como agrupaciones voluntarias de ciudadanos pero con un claro objetivo de llegar al poder, y para esto incurren en gastos, sin dinero no lo lograrían. El objetivo del financiamiento público es lograr que esos dineros sean sanos y evitar que los partidos en esa carrera por el poder tengan compromisos no deseables cuando tengan el poder. Es un monitoreo que es difícil, no tengo un sistema contratado aquí que monitoree 24/7, todas las frecuencias de radio y televisión, a los efectos de establecer si me dicen que en una factura era por mil cuñas de radio si se prestaron todas o menos, tenemos que partir de la buena fe. Por lo que más que dolo o mala fe, lo que nos hemos encontrado son errores por negligencia, por falta de cuidado, y de conocimiento de la normativa; en algunos casos por supuesto ahí se ve la mala fe o intencionalidad de obtener un beneficio mayor de lo que se obtuvo.
¿En próximas elecciones qué escenario podría enfrentar el Tribunal luego de estas experiencias?

-Todo esto son situaciones que ya van a  tener presentes los partidos políticos, van a tener en cuenta para la próxima elección, van a saber qué tipo de control hacemos y a qué tipo de sanciones se exponen. Nosotros haremos una labor preventiva en las próximas elecciones, en la cual van a fiscalizar a los partidos desde el momento de la convocatoria, con el fin de advertir, y ya corresponderá al partido si acata o no.
¿Considera que se podría decir que salió “bien parado” el Tribunal de esta primera experiencia en el desembolso de la deuda política?

-Más que bien parado la primera experiencia ha sido positiva porque hemos logrado algunos objetivos trazados, como reducir el tiempo de revisión de las liquidaciones, aumentar el porcentaje de deuda que les toca a los partidos, cimentar un sistema de control, y ya estamos con una organización bastante más aterrizada a los efectos de enfrentar este nuevo proceso electoral.