El informe de mayoría de la comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cargó responsabilidad especial a la anterior administración -encabezada por Eduardo Doryan- por el agravamiento de la situación, causada sobre todo por un aumento desmesurado de los gastos y la creación de 11.000 nuevas plazas.
Lo anterior, pese a que los estudios marcaban un desbalance de ingresos en la institución, con el agravante de que no se vio mejora en el servicio a las personas aseguradas, lo cual se refleja en las crecientes listas de espera.
El informe, de 225 páginas y dado a conocer el pasado 10 de octubre, contiene 59 recomendaciones, más solicitudes de sanción contra diez funcionarios de la institución. Peticiones que van desde el despido, hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, y que incluyen a Doryan y a tres miembros de la junta directiva de la administración 2006-2010.

 
 
El documento fue suscrito por el presidente de la comisión, Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana-PUSC); Siany Villalobos, Carolina Delgado y Alfonso Pérez (Partido Liberación Nacional-PLN); Patricia Pérez (Partido Movimiento Libertario);  y Rita Chaves (Partido Accesibilidad sin Exclusión).
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, emitirá su propio informe, mientras que la diputada Carmen Granados y Gustavo Arias, del Partido Acción Ciudadana (PAC), hicieron un informe de minoría, que en gran parte coincide con el de mayoría, incluso en las sanciones solicitadas, aunque con una lista ampliada de responsables.
La mayor discrepancia con el informe de mayoría es que enfatizan en la responsabilidad política que atribuyen al “bipartidismo” (PLN y PUSC) que se ha alternado en el poder, y al que culpan de injerencia y de clientelismo político en la institución de seguridad social, debilitando el modelo solidario para promover el auge de la medicina privada con propósitos mercantilistas.
EJES
Walter Céspedes explicó que el informe de mayoría se centra en cinco ejes, con un conjunto de propuestas concretas para cada uno de los actores responsables en las distintas instancias que conforman la CCSS.
El primer objetivo es alcanzar la estabilidad financiera de la Caja; otro, que haya una gestión eficiente y eficaz; el tercero es la exigencia de un servicio con rostro humano,  en el que el paciente sea el centro de atención; el cuarto, más orden y transparencia, con la creación de mecanismos de fiscalización y evaluación.
El quinto apunta a una participación social efectiva, lo que implica reformular la concepción de corresponsabilidad y solidaridad social, donde se dé una participación real de la ciudadanía en las diferentes etapas de atención de la institución, lo que paralelamente ofrece acceso a la fiscalización ciudadana y a un nuevo pacto con los diferentes sectores sociales para fortalecer a la CCSS.
“Nos propusimos diagnosticar las principales causas de la crisis y lo señalamos en el informe, donde decimos qué es lo que ha estado pasando, y también señalamos las responsabilidades y pedimos algunas sanciones”, dijo Céspedes.
Asimismo, “estamos planteando un montón de proyectos de ley para darle músculo administrativo y financiero a esta institución. Las recomendaciones que damos difícilmente las podría aplicar la presidencia ejecutiva si no tiene esos músculos adicionales que se lo permitan; para eso estamos impulsando una serie de proyectos de ley”, añadió.
Céspedes destacó el hecho de que diferentes pensamientos políticos lograran un acuerdo para sacar este informe, que no solo contiene recomendaciones, sino que dice cómo hacer las cosas.
Decir cuáles son las acciones que se tienen que hacer para darle sostenibilidad en el tiempo a la CCSS no es fácil, y una responsabilidad que se ha tenido al conducir esta comisión, fue ser siempre objetivo en la redacción de este informe, porque no se trata de una  bandera política, sino de lograr un informe que contenga los condimentos necesarios para que puedan ponerse en práctica las recomendaciones emitidas, aseguró.
Mientras tanto, la diputada Siany Villalobos comentó que la Caja pasa por una crisis, pero no es un proceso de hoy, sino de décadas, lo cual incide en la problemática de la institución. La alta morosidad, la evasión patronal, la deuda del Estado, la gestión del cobro, falta de planificación, ausentismo médico, deshumanización de los servicios de salud, abuso con los medicamentos, las presiones sindicales, la desconcentración hospitalaria y la judicialización de la salud, son factores que influyen y en los cuales incidimos “todos en poca o mucha medida”, indicó.
El cambio en la seguridad social depende de todos y en gran medida de la cabeza de la institución. “En este tema es importante señalar que nos oponemos a un referéndum  (que se pretende hacer), para privatizar la junta directiva de la Caja. Al mismo tiempo hay que decir que actualmente la directiva está integrada por tres sectores (Gobierno, empresa privada y organizaciones sociales) responsables de la toma de decisión”, puntualizó Villalobos.
En referencia al aumento de gastos decididos por la anterior junta directiva y la responsabilidad que se le atribuye, dijo que el tema no es si una plaza es necesaria o no; el tema es la responsabilidad de crear plazas que se puedan sostener financieramente, y que no lleven a una crisis como a la que se llevó a la Caja.
De ahí la responsabilidad de lo que se hizo entre el 2005 al 2010 en que la planilla se incrementó un 5.3 %, al pasar de 37.235 a 48.251 plazas, casi 11.000 más en un lapso de seis años, sin que mejoraran los servicios, como lo reflejan las listas de espera, señaló la diputada entre otras decisiones que atentaron contra la salud financiera de la institución, y por las que va la llamada de atención a los responsables.
Patricia Pérez,  quien tuvo a cargo el capítulo financiero del informe, destacó que la CCSS es la empresa más grande del país y de Centroamérica, pero se observa una tendencia generalizada de que los ingresos crecen a un ritmo inferior que los egresos, a la que hay que poner atención.
Advirtió que sin recursos ni sostenibilidad financiera, por más loable que sea el fin de la entidad, esta tendrá que enfrentarse a la realidad de que se socava. Puntualizó que los ingresos de la Caja no han decrecido, a pesar de que el país ha perdido planilla y el desempleo ha crecido. Ello se explica porque alguna gente cotiza más, o entra y sale de cotizar; pero si bien es cierto que el ingreso ha mantenido un crecimiento razonable, el problema de la Caja está en el incremento del gasto, consideró Pérez.
La diputada Rita Chaves, por su parte, aseveró que ha hecho un esfuerzo por despolitizar el trabajo de la comisión, y por darle en el informe la importancia debida al paciente. “Es por eso que tenemos aquí representantes de organizaciones de asegurados (presentes en la entrega del documento), que nos garantizan que este informe tiene rostro humano y les da el énfasis particular a los pacientes y asegurados”, afirmó.
Por otro lado, la diputada Carmen Granados justificó el informe de minoría del PAC diciendo que más de 20 años de diagnósticos sobre la CCSS han servido para que el bipartidismo siga ocultando el principal problema de la Caja, que es la injerencia política amañada en la institución.
Es por eso que quienes suscriben el informe de mayoría probablemente no van a mencionar jamás que existen responsabilidades de los expresidentes de la República, quienes han nombrado a los presidentes ejecutivos y han estado gestionando con criterios foráneos créditos millonarios, cuyos productos aún se están esperando.
Se trata de  una operación de ocultamiento de responsabilidades, que seguro se limitará al periodo que comprendió la segunda administración del expresidente Óscar Arias, dejando por fuera toda una orquestación que se ha venido dando desde hace más de dos décadas, acotó.
El problema es que existe un sistemático debilitamiento de la seguridad social enfocado en la Caja, para favorecer el cambio de modelo solidario a uno mercantilista, que no sería tan malo si crecieran juntos lo público y lo privado. Pero los datos duros demuestran que en el periodo comprendido entre 1991 y 2011, el crecimiento del aporte de la salud pública y de la salud privada al producto interno bruto ha sido de 50 % y 200 %, respectivamente. En otras palabras, el sector de servicios de salud privada ha crecido cuatro veces lo que la salud pública en los últimos 20 años, añadió.
“Ahí es donde decimos que detrás de esto se esconden dos tipos de intereses: el interés político mercantil, que busca el favorecimiento de las empresas de servicios médicos y farmacéuticos privados, y el interés político partidario que se ejemplifica en el uso del poder por parte del bipartidismo para fines clientelares”, remarcó Granados.
PRIORIDAD
El diputado Céspedes advirtió que no están de acuerdo con la propuesta que se ha escuchado en días recientes (del expresidente José María Figueres), de que la Caja se utilice para vender servicios. “El ser humano es la prioridad y no nos queremos apartar de estos lineamientos con los cuales se fundó la Caja y ha sido fortalecida por el bipartidismo de este país, aunque a otros no les guste.”
Instó a que haya más participación ciudadana, ya que la  ciudadanía debe ser vigilante de esta institución.
Asimismo, destacó entre los puntos críticos señalados en el informe, la planificación en la Caja, la cual hay que fortalecer para poder implementar algunas de las medidas que están recomendando.
En la renovación del pacto con la seguridad social que se está proponiendo,  “mantenemos los principios por los cuales orgullosamente se fundó esta institución, que son los principios de la seguridad social que continúan vigentes en la solidaridad y la universalidad, agregando tres componentes más, cuales son la participación, la sostenibilidad y la transparencia en el manejo de esta institución”, detalló Céspedes.
Fue claro en que no comparten el hecho de que gente que ha estado involucrada en la toma de malas decisiones en la Caja, hayan seguido brincando de un puesto a otro, y que haya jefaturas muy estáticas, porque eso no le da transparencia a la toma de decisiones. Eso se ha venido presentando y no resuelve el problema de la toma de decisiones oportunas y transparentes.
Al final de cuentas eso hace que los índices financieros de la Caja sean insostenibles, aunque debemos reconocer que sí se han hecho algunas acciones importantes por parte de la administración actual para mejorar la parte financiera, aseguró Céspedes.
 

 
Aplauden informe
–Rafael Carrillo, uno de los expertos notables que rindió un informe sobre la Caja el año pasado: Es un trabajo (el de los diputados) muy amplio y muy serio. Es una reiteración de los principales problemas que causaron la crisis de la CCSS, y una  ampliación en el campo de la gestión institucional de la salud pública, con un poco de preocupación sobre las finanzas de las pensiones.
–Cinthya Solano, presidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (ANASOVI): Es un informe excelente; estamos muy contentos, más con lo de Doryan (la sanción solicitada). Ojalá que ahora la Caja acate las recomendaciones.
–Daniel Muñoz, exjefe del Área de investigación económica de la Dirección Actuarial de la CCSS: Me siento muy contento porque tanto el informe de minoría del PAC, como el informe de mayoría del resto de fracciones, confirman en todos sus extremos las denuncias que yo he interpuesto desde el 2010, por lo menos, y por las que tuve que acudir al Ministerio Público después de agotar las instancias internas de la Caja.
Roberto Mora, el “cobrador de la Caja”, ad honórem: Gracias a Dios (en la comisión) fueron enfáticos y tocan a personas claves. Con este informe se está dando una clara muestra de que hay culpables y algunos muy culpables. Necesitamos que en la Caja se empiecen a dar cuenta que no son intocables, porque tenemos a un grupo de intocables que lo que hacen es cambiar de puestos y no rinden cuentas. Con esto vamos a lograr que se den cuenta de que la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, el pueblo, ya pone el dedo en muchos de ellos. Y vamos a presionar para que los que actúen contra las reglas de la institución sean cuestionados con solicitudes como la de la Asamblea Legislativa, que está pidiendo que los destituyan.