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El Gobierno, a solicitud de un grupo de editoriales y en nombre de los derechos de autor, vetó las correcciones que se le hicieron a la ley que pretende criminalizar el fotocopiado de libros. La pena es de hasta 6 años de cárcel. Más que a un violador.
¿Pero qué tanto nos afecta el fotocopiado a los autores de obras científicas y literarias? Francamente muy poquito, porque el autor le cede sus derechos al editor a cambio de solo el 10% de las ventas. Así que la ganancia de las y los que escribimos libros no está en el dinero, sino en que nos lean.
Por el otro lado, el 90 % restante de las ventas se lo queda la industria que produce el objeto-libro. El nudo del asunto está en que el texto existe con independencia del libro, puesto que puede ser digitalizado, fotocopiado, escaneado, escuchado y más. Pero el libro en tanto objeto no vale por sí mismo, no puede prescindir del texto, sin él salen todas sus páginas en blanco. Por eso, para que sea negocio, la industria del libro se asegura de tener la exclusividad del texto. Y a eso le llaman “propiedad intelectual”, cuando es obvio que el único que debería llevar ese título debería ser quien escribe la obra, no quien la vende. Igual ocurre con las semillas, la propiedad intelectual debería ser de quien las cultiva y no del que las patenta. Son las trampas del lenguaje del mercado.
Las copias tienen un valor cultural enorme, cuanto más se copien los libros, como las semillas, mejor. Si no fuera por las copias y sobrecopias no sabríamos nada de Homero, porque su tradición oral se extravió ha mucho en algún recodo de los tiempos. Sin el trabajo manual de los monjes copistas de la Edad Media, casi toda nuestra herencia intelectual se hubiera perdido, como se perdió, por destrucción premeditada del colonizador, nuestra herencia intelectual precolombina.
Incluso desde el punto de vista comercial, las editoriales pueden hacer sus propias copias. ¿Por qué no negocian con el MEP y las Universidades ediciones baratas, completas o parciales, de los libros de texto que imprimen? Sería rentable, puesto que los textos son de lectura masiva y obligatoria. Lo que ahora les puede pasar es que para evadir el “crimen” las y los profesores opten por fotocopiar textos editados fuera del país, menos susceptibles a controles legales, con lo cual bajarán las ventas de las mismas editoriales nacionales que presionaron contra el fotocopiado. Eso se llama enredarse en los propios mecates.
Por último, y es lo más urgente, criminalizar el fotocopiado encarece el estudio y crea una élite académica regida, no por la inteligencia, sino por el poder adquisitivo. La juventud talentosa pero pobre tendrá que conformarse con el INA, mientras los tontos con plata ocuparán sus puestos en la UCR.
Así, en poco tiempo, tendremos estupendos carpinteros y pésimos médicos… ¿O no?
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