El proyecto de ley aprobado, que está a la espera de su publicación y que establece una moratoria por dos años, para suspender cualquier acción por parte del Estado, de quienes habitan o realizan alguna actividad en las zonas costeras, fronterizas y de patrimonio nacional, al parecer no resuelve la problemática real.
Con este mandato se detiene cualquier desalojo, demolición o suspensión de actividades que se realice en las diversas zonas; esto incluye a los pobladores que durante muchos años han peleado por mantenerse en los territorios, pero también, a empresas y personas jurídicas que desarrollan proyectos en la zona.
Esta iniciativa que fue aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa, y que no tuvo el apoyo del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, fue impulsada por el Gobierno, como una medida para beneficiar a los ciudadanos que habitan en estas zonas y que han dado la pelea por no ser desalojados.
 
Sin embargo, Villalta asegura que el proyecto no solo favorece a los pobladores, quienes tienen derechos históricos sobre las tierras, sino también a otros actores, por lo que considera que al Gobierno se le fue la mano, pues debilita el régimen de bienes públicos y funciona bajo la ilegalidad.
El diputado del Frente Amplio coincide en que es necesario contar con una alternativa para responder al derecho histórico consolidado que tienen los pobladores, quienes durante años han habitado en estas zonas, como quienes viven en Isla Venado, Costa de Pájaros, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.
“Pero esta ley, aunque supuestamente es para proteger a esta gente, fue planteada de manera genérica, y establece el beneficio para otro tipo de gente que está ocupando las zonas costeras sin ningún derecho, como hoteleros y concesionarios que se metieron en la zona pública. Incluso está beneficiando a sociedades anónimas que han sido cuestionadas por narcotráfico”, explicó Villalta.
En este sentido, un informe emitido por la Contraloría General de la República, hace constar que en el proyecto no se consideran casos de ocupaciones que no responden a pobladores que viven en la zona, o que se dediquen a la pesca artesanal o turismo local.
Por ejemplo, en Isla Grande Golfito, la Municipalidad otorgó permisos a cuatro sociedades anónimas, tres personas físicas y una agrupación gremial para explotar 94 hectáreas para actividades agropecuarias, habitacionales, comerciales y recreativas, aunque el territorio pertenece al Patrimonio Natural del Estado y  contiene seis diferentes ecosistemas, en su mayoría con bosque denso basal y manglares.
Asimismo, en Isla Garza, el Área de Conservación Osa otorgó un permiso a dos sociedades para explotar 100 hectáreas, que son parte del Humedal Nacional Térraba-Sierpe; como resultado se alteró la vegetación natural y se cambió el uso de suelo.
Otro ejemplo, indica el informe, es en Playa Azul, donde se dio una concesión de 14,8 hectáreas que abarca toda el área de la playa, al poco tiempo se dieron 52 cesiones a personas jurídicas mediante contratos de compra venta, con la aprobación municipal, de las cuales, al menos cinco de ellas se otorgaron a empresas constituidas en el país por extranjeros. Y así muchos otros casos.
“Este proyecto no diferencia entre la gente que vive allí y termina beneficiando a gente que no debería estar, porque hacen daño al patrimonio natural, incluso ayuda a quienes se han metido ilegalmente en áreas de vida silvestre y hasta parques nacionales”, argumentó Villalta, apoyado en este informe de la Contraloría.
Al impulsar el proyecto, no se contó con un listado de comunidades que dieran el criterio para determinar cuántas y cuáles familias se verían beneficiadas con la moratoria; tampoco hace diferencia en las áreas que se deben proteger.
Según Villalta, esta ley es inconstitucional, incluso esta tesis es apoyada por la Contraloría, al indicar que existen graves inconsistencias en la iniciativa, inclusive intentaron consultarlo con la Sala Constitucional, pero no obtuvieron las firmas.
“También creo que es una medida muy politiquera, porque corrieron a aprobarla para dar supuesta tranquilidad a personas que están siendo amenazadas con desalojos, pero curiosamente la moratoria coincide con el período electoral y en mi opinión buscan quitarse la presión de estas comunidades, pero en dos años la situación será la misma”, argumentó el diputado del Frente Amplio.
Sin duda, dijo Villalta, esto es una estrategia para quitarse la presión en campaña electora y tirarle la bola al próximo gobierno; la moratoria es un riesgo, pues se puede prestar para que se den nuevas ocupaciones ilegales en la zona marítimo terrestre, porque el Estado no tiene la capacidad para controlar dónde se están dando las ocupaciones.
En contraste, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Fabio Molina indicó que la moratoria tiene un objetivo muy claro: no castigar con desalojos o expulsión a las familias y personas, en su mayoría de bajos recursos económicos, que han estado en posesión pacífica y de buena fe en áreas públicas, como los litorales.
“Quizá con un estudio se pueda llegar a la conclusión de si es más sano para la economía y el ambiente, que estas personas permanezcan ahí bajo algún régimen de uso de las tierras, con limitación del Estado o si deben desalojar”, dijo Molina.
Para el legislador liberacionista, estas decisiones no se pueden tomar precipitadamente, sin elementos jurídicos, ambientales y sociales, lo suficientemente estudiados.
Es por ello, argumentó, que aprobaron el proyecto de moratoria, de manera que se pospone durante 24 meses los desalojos, mientras que las instituciones de gobierno realizan los estudios definitivos para establecer en qué áreas es compatible la posesión con los intereses públicos del ambiente. De hecho, estos estudios ya comenzaron, aseguró.
Con respecto al cuestionamiento de que el Gobierno estaba trasladando la pelota a la próxima administración, Molina indicó que el Estado es uno solo, independientemente de quien gobierne.
“Viene un año complicado que será de campaña electoral y este es un tema que se presta mucho para clientelismo político y demagogia, por eso es mejor que no se vea en campaña. No me quiero imaginar a todos los que podrían hacer promesas con este tema”, manifestó el legislador.
 

Gandoca-Manzanillo
Según el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, cuando se aprobó el proyecto de la moratoria, el PLN negoció con PUSC, para que se modificaran los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, excluyendo del refugio toda la franja costera que va de Cocles a Manzanillo, y se rija por la zona marítimo terrestre para dar concesiones.
Pero el proyecto tenía deficiencias porque mutilan un refugio sin estudios técnicos y no está permitido por la ley, por lo que se realizó una consulta a la Sala Constitucional que lo declaró inconstitucional.
Sobre esto, de forma unánime, declaró, que el proyecto de Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur viola al artículo 50 de la Constitución Política, toda vez que se sustenta en un estudio incompleto, en el que no se determina técnica y científicamente cuál es el impacto real sobre el ambiente que generaría la reducción de los límites actuales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

 

Informe Contraloría
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre el proyecto de moratoria marítimo terrestre, en el cual estableció una serie de cuestionamientos, con respecto a la legalidad de dicha iniciativa, entre ellos:

Hay un acaparamiento, cambios de uso del suelo, deterioro y pérdida del bosque y la biodiversidad que han afectado la distribución, uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre y del Patrimonio Natural del Estado.
Muchas veces esto ha causado desplazamiento de personas originarias de esas zonas.
Hay desorden en la ocupación de las zonas, por lo que insta a las autoridades, ampliar la base de conocimiento del problema económico, social y ambiental de las áreas que revelen la situación real, pero de forma separada para cada una de ellas.
Entiende la problemática social y económica, y por ello es necesario impulsar medidas de ordenamiento territorial y aplicación de las normas vigentes que respalden el derecho de los ocupantes, pobladores y pescadores artesanales.