La fracción legislativa del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) negó que haya intenciones ocultas de enterrar la reforma al código laboral vetada por la presidenta Laura Chinchilla, más allá de los dos artículos objetados por el Ejecutivo, contrario a lo que afirman sectores sindicales que tras el veto hay presiones de ciertas cámaras empresariales.
El jefe de la bancada oficialista, Fabio Molina, ratificó que apoyan el veto presidencial, por lo que “quedará consolidado”, pero aseguró que están abiertos a hacer un esfuerzo con las otras fracciones para que el proyecto no muera (ver recuadro “Veto consolidado”).
El Ejecutivo alegó que durante la tramitación del proyecto no  había advertido la presencia de dos artículos que considera inconstitucionales e inoportunos. Se trata del artículo 375, que autoriza la huelga en servicios públicos, previas garantías obligatorias de un juez a fin de que no se ponga en riesgo la vida, salud y seguridad de las personas, así como el artículo 395, que prohíbe la contratación de sustitutos para las personas en huelga mientras esta no haya sido declarada ilegal.
La llamada reforma procesal laboral, que es el mayor cambio al Código Laboral en 60 años de existencia, se originó en una propuesta de la Corte Suprema presentada a fines de la década del 90, y que en el 2005 fue enviada a la Asamblea Legislativa por Lineth Saborío, entonces vicepresidenta de la administración de Abel Pacheco.
Tras arduas negociaciones en que participaron representantes sindicales y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), el pasado 11 de setiembre la Asamblea Legislativa la aprobó, incluso con el voto de la bancada oficialista.
El veto a la ley -que busca poner la legislación costarricense al día con los requerimientos de la legislación laboral internacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- crispó los ánimos en el plenario legislativo, el cual prácticamente estuvo paralizado la semana pasada en medio de recriminaciones entre oficialistas y opositores. Finalmente unos y otros bajaron el tono y dicen estar abiertos a dialogar para rescatar el proyecto del entierro que le espera con el veto.
Luis Fishman del Partido Unidad Social Cristiana afirmó que los puntos vetados se pueden discutir, y desde que se anunció el veto, diputados de diferentes fracciones han mostrado interés por que la situación no se resuelva en términos de votar a favor o en contra de ese veto, sino en ver más allá y salvar el Código como un todo.
Hizo ver que solo el trámite de revisar ese veto en comisión y posteriormente en el plenario –como propone el PLN- consumiría mucho tiempo, y podría significar el entierro del nuevo Código. De ahí que la mejor alternativa es sentarse a negociar Legislativo y Ejecutivo para buscar una salida de consenso.
El diputado José María Villalta del Frente Amplio dijo que la gente no entiende cómo el Gobierno vetó un proyecto que había sido aprobado por la fracción oficialista, o que se vete un artículo como el que prohíbe la contratación de rompehuelgas, si fueron aspectos que el propio Consejo Superior del Trabajo, órgano del Poder Ejecutivo, con representación de empresarios y sindicatos, por unanimidad le pidió a la Asamblea Legislativa reformar.
El diputado Molina negó que los reparos al proyecto vayan más allá de los dos artículos incluidos en el veto presidencial. Así lo afirmó cuando se le preguntó si el veto no obedece a presiones del movimiento solidarista y de las cámaras de productores de banano y de piña, como creen sectores sindicales.
Al respecto ha sido pública la oposición a la reforma que han hecho representantes del movimiento solidarista y de los llamados comités permanentes y arreglo directo, que se han desarrollado mayormente en las fincas bananeras y piñeras de la provincia de Limón y en San Carlos, en la zona norte. Organizaciones que según los sindicatos, son instrumentos  de desarticulación sindical utilizados por los empresarios.
HUELGA Y COMITÉS
Preguntado Enrique Acosta, presidente del Movimiento Solidarista Costarricense, su opinión sobre el proyecto de reforma laboral, dijo que preocupa que el asunto de la huelga pueda afectar en el sector privado, no solo en el sector público, toda vez que tanto el sector privado como el sector público tienen que trabajar de manera conjunta.
Además reprochó que los comités permanentes fueran excluidos de la reforma que fue planteada por los magistrados de la Sala III en una negociación de la UCCAEP y los sindicatos en que los dejaron por fuera. “Pienso que es un debilitamiento a otra organización de trabajadores que es legítima y que ha venido funcionando por más de 30 años”, dijo Acosta.
Por su parte, tanto a la Cámara Nacional de Bananeros, como a la Cámara Costarricense de Productores de Piña se les consultó a través de su asesoría de prensa, si habían presionado para que se vetara la reforma y cuáles razones habrían tenido, pero al cierre de esta edición no había llegado respuesta.
Mauricio Castro, abogado laboralista, que participó en la negociación del proyecto como asesor sindical, dijo que los artículos vetados no solo eran conocidos por el Gobierno, sino que la administración y los diputados oficialistas fueron actores en la redacción final de esos artículos.
Tanto es así que el 17 de agosto pasado el diputado Francisco Chacón (actual ministro de Información) expresó en la sesión de la comisión de asuntos jurídicos su complacencia por parte de la fracción del PLN y del Gobierno, y anunció que votaría afirmativamente el proyecto con las modificaciones hechas.
En concordancia con los convenios de la OIT, y lo que establecen la Constitución Política y la Sala Constitucional en la materia,  en el proyecto se ha procedido a definir aquellos servicios que tienen prohibida la huelga, así como aquellos servicios mínimos cuya paralización ponga en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas.
La práctica ha demostrado que la simple prohibición de la huelga como existe hoy no es garantía para las personas, ya que la tutela del juez ocurre después de iniciada la huelga.
Es más beneficioso para la ciudadanía que previamente a ir a la huelga un juez adopte las medidas vinculantes que estime pertinentes para garantizar que a nadie le falten tales servicios esenciales. Es claro, pues,  que por razones de oportunidad el Gobierno debería apoyar esos artículos vetados, como lo había hecho meses atrás, señaló Castro.
 

 
Veto consolidado
El diputado Fabio Molina sostuvo que el veto se consolida pero no hay intención de enterrar la reforma laboral
Don Fabio, ustedes apoyaron la reforma laboral, pero ahora apoyan el veto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué?
– El código laboral tiene más de 400 artículos, de los cuales solo han sido vetados dos, veto que la fracción de Liberación Nacional considera acertado,  porque no es posible que se permitan las huelgas, por ejemplo, en la policía o en el Organismo de Investigación Judicial, eso sería dejar al país en manos de la delincuencia y además la Constitución lo prohíbe. Tampoco es posible que si algún servicio básico como la salud se vaya a huelga, el Gobierno no pueda contratar personal temporal para que funcione. Esos son los dos puntos.
Liberación Nacional apoya el veto por lo que el veto se va a consolidar. No obstante, estamos abiertos a un esfuerzo con otros partidos políticos y con sectores sociales para que no suceda lo que en muchos otros vetos, que los proyectos se van a la cola y mueren.
Se reprocha desde la oposición que el Ejecutivo vetara un proyecto que ustedes votaron favorablemente, y que se argumente lo de la huelga en los servicios públicos, aspecto  que en el proyecto queda mejor regulado que como está actualmente.
-No hay que ver esto como si hubo o no coordinación, son dos poderes independientes; la Asamblea Legislativa es un poder y el Ejecutivo otro, y la legislación establece ese equilibrio, es lo que se llama la doctrina de frenos y contrapesos. Los diputados hacemos las leyes pero no nos toca aplicarlas, eso le toca al Poder Ejecutivo. Me parece que es una visión diferente.
Ahora, que existan mecanismos para previamente buscar que estos servicios funcionen, todos sabemos que eso es medio ingenuo, porque cuando alguien se va a huelga en el puerto, por ejemplo, lo que quiere es que el puerto no funcione.
¿No hay otras razones para el veto, aparte de esos dos que se han dicho públicamente?
-No, porque nosotros no podemos ir más allá de los alcances del veto y el veto tocó solo esos artículos.
Se lo pregunto porque se dice que el veto se debió realmente a la presión de algunas cámaras patronales en contra del proyecto.
-No, no hay un ánimo solapado de enterrar el proyecto, y la mayor demostración de eso va a ser que una vez que en la comisión de jurídicos se haga la enmienda de esos dos artículos, la ley va a volver al primer lugar.