Dr. Oscar Aguilar B.
Con un breve comunicado para la membresía de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica (AAOLAC), la Editorial Costa Rica (ECR) anunció que debido a irregularidades de ese ente corporativo no se convocará a la Asamblea de Autores de Costa Rica, máximo órgano representativo, según la Ley #2366, que rige a la casa editora nacional.
El Consejo Directivo de la ECR resolvió que debido que la AAOLAC no ha renovado su junta directiva desde el año 2003 y según la sección de asociaciones del Registro Nacional, la última inscrita corresponde a los miembros elegidos el 20 de octubre del 2002. Para dicha entidad, cualquiera otra elegida en los años posteriores no están a derecho, y dicha situación amerita la extinción de la AAOLAC, tal como lo estipula la Ley de Asociaciones #218 de 8 de agosto de 1939. El Consejo Directivo de la ECR dejó en firme el acuerdo el pasado 8 de octubre pasado, en la sesión #2485.
 
María Isabel Brenes Alvarado, gerente general de la ECR, garantizó que esto no afectará el normal funcionamiento de la editorial y su Consejo Directivo continuaría con los delegados de las otras instituciones representadas, aunque sería una gran pérdida que los autores y creadores no estén en dicho consejo. La AAOLAC tiene derecho a tres miembros, los ministerios de Educación y Cultura a dos cada uno. Las universidades de Costa Rica y Nacional nombran un integrante cada uno. Para funcionar legalmente, el Consejo Directivo requiere al menos de 5 de sus miembros.
UN HÍBRIDO LEGAL
En la ley de creación de la ECR, el legislador previó que el máximo órgano de representación es la Asamblea de Autores, pero para ser parte de la misma se debe ser integrante de la AAOLAC, un ente privado. Ambas son entidades distintas, mas relacionadas.
Como indicó María Isabel Brenes Alvarado en consulta dirigida a la Dirección de Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, en abril del 2010, el legislador “creó a su vez un novedoso instrumento que al día de hoy no se encuentra en ningún otro organismo del Estado: el hecho de que una organización privada, regida por una ley de carácter privado, se involucre y legisle sobre los asuntos y los destinos de un organismo público”.
En este híbrido legal, es decir, la asamblea de asociados de la AAOLAC, una organización privada, es al mismo tiempo el máximo órgano de representación de la ECR, y su junta directiva nombra tres representantes ante el Consejo Directivo de la ECR y los delegados como jurados de Premios Nacionales y los demás entes que así lo requieran.
Pese a esta relación, la Procuraduría General de la República, en oficio del 20 de agosto del 2010, ata de manos a la ECR al indicarle que no le corresponde juzgar ninguna de las actuaciones de la AAOLAC, incluso si dicha asociación tiene causal de extinción por las razones mencionadas al inicio de esta nota periodística.
Así lo aclaró Magda Inés Rojas Chaves, procuradora asesora, al concluir que la ECR “no es competente para determinar cómo y cuándo se elige la Junta Directiva (de la AAOLAC) y, en particular, cómo se norma la situación que se presenta cuando no se renueva en plazo esa Junta Directiva”. En resumen, la Procuraduría General de la República (PGR) eximió de toda responsabilidad a la ECR por las irregularidades de la AAOLAC, y advierte a la editorial de abstenerse de resolver situaciones de una organización privada.
De acuerdo con la gerente de la ECR, la AAOLAC debe resolver su situación legal, ya que cuando venza el nombramiento de los representantes de la Asamblea de Autores, los nuevos integrantes estarán sometidos a las regulaciones del Reglamento de Elección de Representantes de la Asamblea de Autores ante el Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica, emitido bajo el decreto ejecutivo #35591 del 20 de mayo del año 2009, que pretende definir las condiciones técnicas, de fondo y procedimentales. Este recurso legal llegó 53 años luego de la creación de la ECR.
La reglamentación define que los nombramientos serán válidos en el tanto la AAOLAC esté al día con sus obligaciones legales y sus integrantes deben cumplir a cabalidad con las obligaciones como asociados. Además, norma la creación de un Comité de Elecciones que trabajará con un padrón de asambleistas, con periodos de inscripción de candidaturas y proselitismo. En la actualidad, todo esto resulta imposible, dado que desde el año 2003 todos los libros legales están perdidos y nunca se solicitó su reposición en el tiempo debido y se carece de un registro legal de asociados.
AAOLAC AGONIZA
En medio de la controversia, la actual Junta Directiva de la AAOLAC, presidida por Óscar Aguilar Bulgarelli, reconoce que en el pasado hubo irregularidades legales y administrativas, pero que la intención de extinguir la asociación responde a una persecución de personas ajenas a la misma y, en última instancia, contra la ECR. De hecho, aseveró, que recientemente un juez declaró sin lugar una petición de extinción, porque los proponentes carecían de legitimidad para hacerlo.
Aguilar Bulgarelli, quien ejerce el cargo desde el 27 de agosto del 2011, aseguró que la asociación no está muerta, pero sí “boqueando”, por lo que aún es posible rescatarla. Aseguró que tanto él como el grupo elegido ese año, “no son parte del problema, sino que con la intención de salvar la asociación se metieron de quijotes. Si no se puede hacer nada, quedaremos satisfechos que hicimos todo lo posible”.
A su criterio, lo único que se requiere es la voluntad de un burócrata que diga que si se pueden reponer los libros perdidos, y lograr inscribir de la junta directiva elegida el año pasado. De esta manera, se pondrían nuevamente a derecho y continuaría operando la AAOLAC.
Sobre el mencionado decreto ejecutivo, aseguró que se resuelve emitiendo otro, eso no es problema alguno. Alegó que solo se requiere voluntad para hacerlo. Como parte de sus acciones, hará las consultas legales para comprobar que el Consejo Directivo de la ECR tiene suficientes facultades para abstenerse de convocar la Asamblea de Autores.
“No me cierro a ninguna posibilidad”, dijo Aguilar al referirse a las intenciones de su equipo directivo para rescatar la AAOLAC.