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Ya está en Costa Rica la política universitaria de Bolonia

La declaración de Bolonia dio inicio en 1999, cuando se creó el Espacio Europeo de Educación Superior tendiente a la adecuación de los contenidos de los estudios universitarios a las demandas de la globalización empresarial, que tenía como añadidura, la homogeneización de los títulos, así como el intercambio de los titulados en los países firmantes del tratado.

La declaración de Bolonia dio inicio en 1999, cuando se creó el Espacio Europeo de Educación Superior tendiente a la adecuación de los contenidos de los estudios universitarios a las demandas de la globalización empresarial, que tenía como añadidura, la homogeneización de los títulos, así como el intercambio de los titulados en los países firmantes del tratado.
A tres objetivos medulares apunta el proceso de Bolonia: a) Reformas financieras; b) Adaptaciones curriculares; c) Adaptaciones tecnológicas. Tales objetivos apuntan a un fin único al que se le ha dado  el nombre de ‘sociedad del conocimiento’.
Respecto al primer punto, de la reforma universitaria global, iniciada en Bolonia, el fin crucial consiste en lo que se ha denominado recapitulación de la universidad.
Las críticas constantes del sector neoliberal a la viabilidad del Estado de Bienestar, presenta alternativas drásticas a las nuevas generaciones sobre las posibilidades de su educación.
La lógica neoliberal impulsada por las empresas privadas y expuestas por los gobernantes (que a su vez participan del modus vivendi privado) apunta explícitamente a una política darwinista, por lo que sentencian:
“De hecho, cabe pensar que la gratuidad de la enseñanza superior no sólo no promueve el esfuerzo de los estudiantes, sino que tiende a crear problemas de selección adversa, atrayendo a la Universidad a estudiantes que no tienen posibilidades de completar los estudios; especialmente si existe un sistema de becas que proporcione ingresos además de cubrir las tasas.” (Proceso de Bolonia / Informe Universidad 2000, cp.5 Financiación, pg.270.)
Catastróficamente, a los que deseen estudiar, no les queda más remedio que aceptar que la financiación de su educación caiga en manos de las empresas privadas, más que en sus familias o en el Estado.
La lógica de esta nueva visión maquiavélica de la educación, aspira a extirpar, de una vez por todas, la educación democrática popular, financiada por el Estado. Sus argumentos apuntan a reducir el financiamiento público de la educación, con el fin de generar la necesidad de  que las empresas privadas acudan a la llamada de auxilio, que los propios defensores de la intencionalidad mercantil provocaron.
La educación elitista no es a  futuro, no está por-venir. Es ya. Con la muerte del Estado Benefactor, la educación es cada vez más antidemocrática. En Costa Rica, la payasada de la educación gratuita y democrática, es cada vez más risible. El Estado Benefactor (víctima de los antojos de los gobiernos de turno, que disponen –como si fueran los dueños-  de los recursos y de las instituciones estatales) viene financiando –desde hace varias décadas–, cada vez menos la educación (primaria, secundaria y superior). Por lo que, muchos jóvenes, que a duras penas económicas pudieron culminar sus estudios secundarios, no pueden continuar sus estudios superiores en las universidades públicas, porque a pesar de la existencia de las becas públicas, estas no son suficientes para llevar una vida digna como estudiante. Es ahí cuando la empresa privada, con la máscara de la filantropía, saca sus garras codiciosas para financiar los estudios a los pobres, asegurando doblemente su capital con las firmas de los fiadores y los intereses a cobrar al estudiante financiado. ¡Gran Negocio! Rentabilidad ante todo. Fatalidad para el estudiante pobre que,  dentro de su familia no encuentre quien reúna los requisitos para servirle como fiador. ¡Pero las “filantrópicas”  empresas privadas podrán aceptar terrenos en garantía!… siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos.
Las empresas privadas, en nombre de la ley, juegan a ser morales…también es legal que la ‘Gran Banca’ financie a las universidades públicas; cuya garantía, ¿cuál ha de ser si no pagan reiteradamente en los plazos indicados? ¿Entregarán las universidades públicas sus edificios o prostituirán su misión altruista con tal de no perecer?
El discurso de modernización que acompaña a la “nueva universidad”, aboga implícitamente por la muerte de la autonomía, puesto que, al recibir las universidades su financiamiento de las empresas privadas, terminarán las primeras prostituyéndose y esclavizándose a los intereses y exigencias, de la voluntad empresarial privada.

  • Víctor Alvarado Dávila (Filósofo y Escritor)
  • Opinión
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