En momentos en que las aguas electorales empiezan a moverse y los partidos políticos se alistan de cara a los comicios de febrero del 2014, el Decimoctavo Informe del Estado de la Nación revela que desde 1978, el apoyo al sistema político costarricense nunca como ahora había llegado a un punto más bajo de apoyo.
Desde que se mide la “cultura política” la democracia no había estado por debajo del 60% de respaldo de la población; sin embargo, para este 2012 la medición apenas alcanzó un 56%, según los resultados del estudio de opinión pública denominado: “Barómetro de las Américas de 2012”, incluido como parte del análisis realizado por el proyecto Estado de la Nación.
El punto de menor apoyo más reciente se ubicó en 1999 durante la administración del socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez, mientras que durante del gobierno del liberacionista Luis Alberto Monge se registró el mayor apego al sistema político, superando incluso el 85%.
Los factores que influyen para que la población le dé la espalda a la democracia son variados, entre estos la “satisfacción hacia el trabajo que realizan las instituciones del país”, tal y como lo manifestó el coordinador del capítulo político del informe Estado de la Nación,  Steffan Gómez.
Esta baja en percepción hacia la solidez democrática nacional coincide además con el deterioro del bipartidismo, la volatilidad en las preferencias electorales, los escándalos de corrupción, y la baja en los niveles de participación electoral.
Los componentes de esta medición señalan que en el período 2004- 2012, el “orgullo por el sistema político” se redujo en un 15%, mientras que la percepción de que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo disminuyó en al menos 12%.
La crisis democrática abarca a todos los poderes del Estado: “el poder político entró en una senda sin salida cierta”, afirmó Gómez, quien agregó que los tres poderes de la República se enfrentan a serios poderes de gestión política, “aunque diferentes cada uno”.
PODERES CUESTIONADOS
El especialista dijo que dentro del Poder Judicial se han presentado eventos políticos que generaron roces internos, como la acusación contra el exmagistrado suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler, por su presunta participación en la fuga del borrador de sentencia en el caso de la minera Industrias Infinito S.A; posteriormente la Fiscalía solicitó archivar la causa contra el entonces magistrado, argumentando la falta de pruebas.
Otro caso citado fue el que se dio entre los magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General,  Jorge Chavarría, cuando decidió rastrear las comunicaciones de tres magistrados de la Sala Tercera, debido a los presuntos contactos con políticos implicados en la apelación presentada por el caso Caja – Fischel.
Todo esto, en opinión de Steffan Gómez, generó “conflictos públicos”.
Asimismo, el Informe del Estado de la Nación evidenció una dificultad en la resolución de las acusaciones catalogadas de “cuello blanco”, o que es lo mismo “corrupción”, como lo muestra el hecho de que la Contraloría General de la República aumentó la cantidad de casos terminados con resolución efectiva, pasando de 591 a 702.
Entre tanto, la Procuraduría Ética Pública –que emite recomendaciones-, bajó de un 24% a un 21%, mientras que la institución que desmejoró mayormente el rendimiento fue la Fiscalía Adjunta de Probidad, que pasó de un 12% a tan solo un 1% en la resolución efectiva de los casos.
Gómez resaltó además que la resolución efectiva de los casos tan solo implica la apertura de un proceso sin que en esta etapa se determine la culpabilidad.
“Estamos frente a un desafío en torno a aumentar los controles de los casos de cuello blanco”, apuntó Steffan Gómez, coordinador del capítulo político.
En materia legislativa, la mayor crítica que lanza el decimoctavo informe del Estado de la Nación es la aprobación de legislación sin sustento económico.
El gobierno de Laura Chinchilla es el que, según el informe, más legislación de este tipo ha aprobado, pues durante los primeros dos años de Gobierno, el 68% de las leyes aprobadas no contemplaron recursos para su cumplimiento.
También aumentó significativamente el tiempo requerido para la promulgación de las leyes, al alcanzar al menos 28, 2 meses en promedio.
Todo esto evidencia la complejidad de los trámites legislativos, producto del escenario multipartidista legislativo, que implica que los acuerdos demanden más esfuerzos y tiempo para concretarse, indicó.
El análisis destacó el surgimiento de la unión de cinco partidos opositores, llamada “Alianza por Costa Rica”, pero estimó que la falta de una agenda consensuada impidió la oportunidad de privilegiar la búsqueda de acuerdos sobre iniciativas propias.
El informe también apuntó a que el Poder Ejecutivo dejó sus dudas sobre los primeros dos años de gobierno, debido a que a la administración Chinchilla se le achaca la más alta inestabilidad de un gabinete de los últimos cuatro gobiernos,  pese a la experiencia política de sus integrantes.
La revisión del gabinete incorporó a 54 jerarcas -entre ministros y viceministros-, de los cuales el 70% se desempeñó en administraciones anteriores en algún puesto político. No obstante, 15 de los 21 ministros abandonaron sus cargos antes de finalizar el mandato de Chinchilla y 50% de las renuncias estuvieron precedidas de denuncias por supuesta corrupción, destacando el caso del exministro de Hacienda Fernando Herrero, señalado por la presunta evasión de impuestos.
“Esto genera inestabilidad, porque al mismo tiempo que se da la salida de los jerarcas  también hay un contexto de problemas con alto perfil público, generando descontento ciudadano”, comentó Gómez.
Todo este malestar hacia el sistema político quedó de manifiesto en la creciente alza en el número de protestas sociales, que experimentó en 2011 el mayor número de movilizaciones desde 1995, con lo cual se constituye en el tercer registro de los últimos 17 años.
En el 2011 la movilización se dio de manera generalizada durante los últimos siete meses del año y fue noviembre el mes que presentó mayor actividad al contabilizar 632 protestas ciudadanas, cuyo factor común es la inexistencia de un elemento aglutinador del descontento.
“La mayor dispersión y el aumento en la cantidad de acciones colectivas reflejan un profundo malestar ciudadano, que no encuentra medios de canalización en los partidos políticos, ni en las instituciones del Estado, e incluso en las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó el Informe.

 
Políticos emplazados con preguntas concretas
El Informe del Estado de la Nación al realizar su decimoctavo diagnóstico sobre la realidad social, política, económica y ambiental del país, ahora reta a los partidos políticos aprovechando la coyuntura electoral dada por el anuncio de precandidaturas en las agrupaciones políticas.
“Estamos en un momento propicio para lanzar y exigir respuestas”, afirmó Leonardo Merino, coordinador del estudio.
Tras casi veinte años de realizar análisis de la realidad nacional, el programa Estado de la Nación considera que no existe excusa para la “poca oferta política”, además que este instrumento dota de herramientas a la ciudadanía para “que no le lleguen fácilmente con una promesa de un futuro venturoso”, afirmó Merino.
Se formulan así preguntas concretas a las agrupaciones políticas para que dentro de sus plataformas electorales propongan cómo hacerles frente a los retos de país. Las preguntas surgen de las investigaciones que respaldan las publicaciones anteriores. Son 17 desafíos esbozados en 66 preguntas.
Por ejemplo, dentro de los desafíos relacionados al fortalecimiento de la democracia, en materia del com
bate a la corrupción en la función pública se plantea como interrogante: ¿Cómo se mejorará la contratación pública, y en particular el sistema de compras directas?, o ¿Qué otros mecanismos deben implementarse para cambiar el régimen de inmunidad que cubre a los altos funcionarios públicos, con el fin de evitar casos de corrupción de “cuello blanco”?
“Esto ayuda al debate político, además que a seguir las propuestas electorales”, opinó Leonardo Merino.
 

 
Garantías laborales se quedan en el papel y la pobreza
A uno de cada cinco trabajadores del sector formal se le violan sus derechos laborales, tal como en el pago del aguinaldo, los reconocimientos por enfermedades, vacaciones pagadas, riesgos del trabajo, y horas extras, a pesar de la legislación existente en esta materia, según el Decimoctavo Informe Estado de la Nación.
Los datos en concreto muestran que de 288.305 a 682.612 trabajadores se les priva de algunas de estas garantías constitucionales. Son las áreas rurales donde más ocurre este tipo de irregularidades, en particular en la región Brunca (Zona Sur) y la Chorotega (Pacífico Norte).
En la Zona Sur, el 35% de los asalariados no recibe el pago del aguinaldo, contrastado con la región central del país en donde el 7% de la población no goza de este derecho. Igual de alto es el porcentaje de incumplimiento en el pago por días de enfermedad, en la Zona Sur y Guanacaste, donde más del 40% de los trabajadores no lo reciben.
Los números más rojos los tienen las horas extras, ya que solamente el 50% de los trabajadores de la región Central y Huetar Atlántica (Limón) las reciben, mientras que en la región Brunca el 75% de los asalariados no tienen el reconocimiento por jornadas extendidas.
También experimentan estos problemas los empleados del sector de la construcción y del trabajo doméstico, así como las personas menores de 20 años o mayores de 55. Los datos fueron recopilados por la información suministrada por la Encuesta Nacional de Hogares.
Estos datos se entienden al revisar el acceso a la educación, en donde la brecha cada vez más tiende a agudizarse. Según el censo de población de 2011, los cantones con mayor número de personas con acceso a estudios universitarios se concentran en la Gran Área Metropolitana, mientras que en las zonas costeras del Caribe, los cantones fronterizos del norte y los cantones de Buenos Aires, León Cortés y Alvarado, es menor la cantidad de graduados en educación superior.
MÁS POBRES
El informe Estado de la Nación llamó la atención sobre la imposibilidad de resolver los problemas en materia de distribución de la riqueza, que propician el crecimiento de la desigualdad y el aumento en el número de personas pobres.
Donde se registran 1,140.000 personas en condición de pobreza, 37.000 más que en 2010, siendo esta la cifra más alta registrada en el país.
“Un dato preocupante es que 45% de las personas en condición de pobreza son niños o jóvenes; esto representa que uno de cada tres están bajo esta situación”, afirmó Leonardo Merino.
Asimismo, el informe destaca que en 2011 pese a que hubo un crecimiento económico para el país, y además aumentó el ingreso promedio, en el 20% de la población más pobre se redujo.
Para atender esta población, uno de los principales problemas que afronta el país es contener la reducción en la inversión social, ya que de 2010 a 2011 la inversión social pública real cayó un 0,5%, revertiendo la tendencia al alza que se mostraba en 2006.
Los programas que sufrieron la mayor contracción real de recursos fueron los universales, como la educación pública, y los selectivos, o el combate a la pobreza, según lo evidencia el Informe Estado de la Nación.
La inversión en educación se redujo en un 6.3% siendo la más afectada; por su parte el sector vivienda cayó en un 3%, eso sí el informe rescata que pese a este desmejoramiento no se disminuyeron las prestaciones a la población más necesitada.
Otro de los aspectos presentados por el estudio es el crecimiento en la población adulta mayor, lo cual está ligado al hecho de que la incidencia de la pobreza ha sido mayor en los hogares que tienen personas adultas mayores, que en aquellos que no las tienen.
Entre 2004 y 2006 la pobreza afectó en promedio a un 28,5% de los hogares con adultos mayores y a un 19,4% de los del segundo grupo. En el 2011 la situación se revirtió, pues la incidencia de la pobreza fue ligeramente mayor en los hogares sin adultos mayores. Esta disminución se relaciona con el aumento en las pensiones del régimen no contributivo, así como en el monto mínimo de las pensiones contributivas que otorga la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
 

 
Soluciones no detienen crisis de la Caja
La crisis institucional que afronta la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es incluida como parte del análisis del Informe Estado de la Nación, en el cual se señala que de no tomarse las medidas correctivas oportunas se “podría incidir negativamente en el mantenimiento de los logros en salud que han caracterizado a Costa Rica en las últimas décadas”.
Hasta el momento, las medidas aplicadas tendientes a revertir la crisis de la institución de salud recaen en el saneamiento de las finanzas, no obstante no han sido lo suficientemente concretas para incrementar la sostenibilidad de la Caja.
La problemática es producto de un desfase entre ingresos y egresos, ya que mientras los primeros crecieron en términos reales un 8.1%, los gastos lo hicieron en un 10.1%.
El informe señala que la presencia de fuerzas políticas de muy diversas índoles podrían “obstaculizar la ejecución de las medidas pertinentes”.
“Muchos cambios requieren de la afectación de sectores gremiales y comerciales de una amplia gama de actores”, apunta el documento del Estado de la Nación.