Parte de los vicios que se están dando en las contrataciones de obra pública entre el Gobierno y empresas privadas quedaron al desnudo durante el interrogatorio que los diputados y diputadas de la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa hicieron a los ingenieros Gerardo Prada y José Manuel Sáenz, representantes de la
Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (CACISA), el pasado martes 6 de noviembre.
La empresa estuvo encargada a inicios de este año de supervisar las obras en la Ruta 1856, conocida como trocha fronteriza, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y en relación con la cual los diputados, la Contraloría General de la República y la Fiscalía realizan sendas investigaciones por el supuesto pago de dádivas de los contratistas, pagos por trabajos no realizados y otras anomalías.
Una de las irregularidades, señalada en un informe sobre la trocha que la auditoría interna presentó al Consejo de Administración de CONAVI, es que había inspectores del CONAVI que no aparecen en las planillas de la entidad, y algunos aparecen como inspectores tanto del CONAVI como de CACISA.
Sobre esto, Prada echó alguna luz al relatar a los diputados que Manuel Serrano, ingeniero del CONAVI que era el gerente del proyecto, le solicitó a CACISA contratar a dos empleados administrativos para CONAVI, lo cual según el empresario es una práctica usual.
“Hay contratos del Gobierno, CONAVI o del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en los cuales se nos solicita el suministro de algunos recursos: que una copiadora, que un vehículo, que personal de apoyo. Lo que se hace es utilizar el contrato para pagar por ahí a esos funcionarios para que puedan trabajar para la institución”, explicó Prada.
“Las instituciones son débiles y me imagino que en ese caso particular no tenían al personal que necesitaban. Entonces no era una oficina de CACISA eran dos personas del CONAVI que CACISA pagaba”, indicó Prada en alusión a declaraciones del auditor de CONAVI. Este declaró en la comisión que en CONAVI había gente de CACISA y cuando preguntó a qué debía esa situación, no obtuvo respuesta de la oficina de recursos humanos, ni de Serrano ni del director ejecutivo de entonces, Carlos Acosta.
El diputado  Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana)  dijo sentir vergüenza de que tales cosas se den en la administración pública. “Está usted (Prada) desnudando una realidad que realmente da pena escuchar, que la administración de nuestro país tiene que recurrir a esos argumentos para poder contratar”, lamentó.
A la vez aprovechó para apuntar a la responsabilidad política de los jerarcas que dieron las órdenes para ejecutar el proyecto, y no solo de los encargados de ejecutarlo en el CONAVI.
En ese sentido, señaló que Serrano y Miguel Ramírez, gerente e inspector directamente encargados de la obra, “no habrían tenido ninguna posibilidad de hacer nada si no hubiera respaldo de jerarcas de más alto nivel, para que ellos sintieran la confianza y la potestad de poder hacer lo que les diera la gana”.
Gran parte de las preguntas en la comparecencia se enfilaron a tratar de aclarar cuáles fueron las funciones concretas de la empresa en la trocha, pues se había dicho hasta ahora que fue contratada para supervisar el trabajo, pero empresarios afirmaron en la comisión que la gente de CACISA tomaba decisiones y les daban órdenes.
Además, apuntó Oviedo, en el informe que presentó la empresa al CONAVI sobre la trocha dice que comenzó las labores el 26 de enero del 2012, y a partir de esa fecha CACISA “comienza a dirigir dicho proyecto”, lo cual la convierte en juez y parte, porque una cosa es supervisión y otra dirigir, afirmó.
La explicación de Sáenz fue que como parte de su función les correspondió ordenar y organizar los trabajos y dar órdenes, pero las directrices generales eran del CONAVI.
Dijo que se les pidió dar “servicios de apoyo a la supervisión”, una modalidad que se ha seguido últimamente en Costa Rica. Consiste en que “se contrata los servicios de apoyo, donde pasamos a un estado de ‘recomendadores’ y la gerencia del proyecto es quien toma las decisiones”, afirmó.
El empresario en el pasado fue director ejecutivo del CONAVI, trabajó para importantes empresas constructoras de carreteras como MECO y actualmente preside la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
“Como actividad ordinaria, a los ingenieros nuestros les correspondía ordenar a las empresas en qué frentes trabajaban, a qué puntos llevaban el material de la excavación, dónde rellenaban, de dónde traían el material para las partes que se estaban lastrando (…) dábamos el ese tipo de instrucción y movilizábamos la maquinaria, e incluso en algunos casos sacamos maquinaria que no quería trabajar eficientemente”, aseguró.
Por otra parte, reconoció que se quedaron cortos en el cálculo del costo de la obra que anotaron en el informe entregado al CONAVI, en relación con las cifras que dio a la comisión legislativa el actual director ejecutivo de la esa entidad, José Luis Salas.
COSTO
Salas informó que al momento se habían pagado obras por ¢24 000 millones, entre facturas pendientes y otros reclamos de pago habían ¢13 000 millones, y estimó que para terminar la obra se necesitarían ¢30 000 millones más, para un costo total de ¢67 000 millones.
El costo de la obra, según el informe de CACISA, fue ¢24 000 millones, pero Sáenz aclaró que la información sobre los trabajos fue la que le entregó CONAVI, y si alguien quisiera saber cuánto habrían costado esos trabajos al momento de llegar ellos, habría que hacer un peritaje.
“En buena hora que hace la aclaración, porque algunos compañeros diputados pretendían justificar los gastos con este informe, y está bueno que nos diga que fue información suministrada por CONAVI”, expresó el diputado Oviedo, en alusión a sus colegas oficialistas.
Además, dijo que ahora sí entiende porqué en ese informe aparecen como realizadas obras en algunos trayectos, en los cuales en realidad no se hicieron dichos trabajos.
Oviedo preguntó qué tiene CACISA que recibe tantos contratos del Gobierno, ante lo cual Sáenz repuso que “la única respuesta que puedo dar es que en el tiempo que llevamos de trabajar (20 años) nos hemos ganado la confianza de la administración. CACISA es una empresa que siempre le ha respondido al Estado, trabajamos de manera profesional y entonces ellos cuando tienen una necesidad llaman”. Afirmó que no les “han regalado nada” y lo que tienen son contrataciones en las que han presentado oferta igual que otras empresas.
CACISA supervisa el proyecto vial Cañas-Liberia (ampliación de la carretera interamericana norte), la concesión San José-San Ramón, la concesión San José- Caldera, entre otras (ver recuadro “Presencia de CACISA”).
La concesión de San José Caldera, por ejemplo, fue puesta al servicio por parte del Gobierno de Óscar Arias en enero del 2010 con obras pendientes aún, y luego tuvo que ser cerrada en varias ocasiones por hundimientos y desprendimientos de paredones que ponían en peligro la seguridad de conductores y vehículos.
CACISA facturó ¢152 millones por su trabajo de cuatro meses en la trocha fronteriza (de enero a mayo de este año),  pero dice que no se le ha pagado nada.
El actual director ejecutivo del CONAVI, José Luis Salas, dijo en la comisión que suspendió el pago porque no hay un contrato formal entre la empresa y la entidad gubernamental.
 

Presencia de CACISA

-Supervisión de la construcción de la carretera por concesión San José-San Ramón, ruta nacional #1, para el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), longitud 69 km.
-Supervisión de mantenimiento y operación de la carretera por concesión San José-Caldera, ruta nacional #27, para el CNC, longitud 72 km.
-Supervisión de la construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón-La Abundancia, ruta nacional #1, para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), longitud 29,7 km.
-Supervisión de la rehabilitación de la carretera interamericana norte, ruta nacional #1, para el CONAVI,  longitud 240 km.
-Verificación de la calidad para CONAVI y trabajos de inspección de carreteras en seis zonas del país.
Anteriormente:
-Supervisión de trabajos de bacheo, prenivelación y colocación de mezcla asfáltica de los aeropuertos de Siquirres y Sixaola.
Fuente: Web de CACISA y comparecencia en comisión legislativa