Diputados de oposición denuncian que el presupuesto nacional para el próximo año —dictaminado positivamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa— representa un cheque en blanco para los intereses del partido oficialista, Liberación Nacional (PLN).
Lo anterior ocurre en momentos en que el país se encamina a iniciar el proceso electoral del 2014, en el cual el PLN podría asumir un tercer mandato de manera consecutiva, situación que ningún otro partido ha logrado registrar en la historia de la política nacional.
El presupuesto, que asciende a ¢6.4 billones, incluye un aumento en partidas específicas como publicidad, información, consultorías, actividades protocolarias y sociales, además de transporte y viáticos al exterior. En relación con el año 2011, el Poder Ejecutivo contaría con ¢19 325 millones más para hacerle frente a estas áreas.
Al comparar las cifras entre lo gastado en el 2011 y el presupuesto para el 2013, hay aumentos significativos, ya que en materia de actividades protocolarias y sociales en el  2011 se gastó ¢327.5 millones, y para el 2012 se presupuestaron ¢498.9 millones, mientras que para el 2013 llegará a ¢770.8 millones, lo cual representa un aumento significativo cercano a un 135 % en dos años.
Por otro lado, para cubrir el gasto del Ejecutivo en el área de consultorías, el monto del  2011 (¢15 000 millones) prácticamente se duplicó para el 2013.
Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), resaltó que si bien la administración de Laura Chinchilla en el 2013 enfrenta su último año, no tiene necesidad de convencer mediante gastos superfluos —en áreas como publicidad— de su labor realizada, “ya que para eso le preceden tres años de trabajo”.
Además, considera que el destino de estas partidas podría verse como una “interferencia” en  la voluntad de los votantes en un año electoral. “Deberían tener un mayor respeto por la democracia costarricense y no interferir con publicidad del Gobierno, pagada con plata de nuestros bolsillos”, criticó Fishman.
Por su parte, la diputada Yolanda Acuña —del Partido Acción Ciudadana (PAC)— dijo, en torno a estos incrementos, que “el fin específico es empezar a hacer campañas a lo largo del 2013, para promocionar lo que se ha hecho en el Gobierno”.
José Joaquín Porras, exintegrante de la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) —ahora declarado diputado independiente—, votó a favor del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Hacendarios, al asegurar que con el dinero que fue presupuestado, el país apenas logra abarcar los principales retos a los que se enfrenta. “El presupuesto que se dictaminó creo que es austero”, afirmó.
Sobre el aumento en rubros que serían destinados a publicidad e información, Porras indicó que los medios de comunicación deberían darle la cobertura a los logros del Gobierno; pero, al no realizar esta labor, la Administración debe buscar la manera de publicitar su trabajo, con el fin de la ciudadanía conozca sobre el avance del país.
No obstante, añadió que “ahora nadie come cuento; lo que se hace bien se hace bien y lo que no, no, y para nadie es un secreto que este Gobierno le está debiendo a Costa Rica”.
Porras sí mostró sus dudas a destinar fondos del presupuesto nacional para cubrir los viajes y viáticos al exterior, dado que “hay muchos diputados que se la pasan viajando sin rendir cuentas”.
UNIVERSIDAD intentó recoger el criterio de diputados del PLN que conforman la comisión que dictaminó el presupuesto, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener respuesta.
FALTA DE CONTROL
Durante la discusión que se generó en la comisión legislativa, la oposición resaltó los intentos por aumentar los mecanismos de control a las partidas presupuestarias destinadas a programas sociales, con el propósito de que estas no sean aprovechadas con fines electoreros, dada la cercanía de las elecciones presidenciales del 2014.
Cabe mencionar que las mociones presentadas por legisladores, tendientes a buscar mecanismos de control para la distribución de partidas, fueron rechazadas. “Preocupa que simplemente porque tienen mayoría, hagan de los recursos públicos —que son sagrados— lo que les plazca, en aras de obtener un triunfo electoral en el 2014”, reprochó Fishman.
En su criterio, “tendrían más cuidado de que no fueran cheques tan en blanco, si tuvieran que rendir cuentas sobre la efectividad y necesidad del gasto”, aseveró Fishman.
En su opinión, programas como el Fondo Nacional de Becas (FONABE) o los dineros destinados para la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) carecen de transparencia en su manejo.
“Incluso la Contraloría General de la República manifestó que las ayudas no están llegando en un alto porcentaje a los que más lo necesitan, y ha dicho que es una barbaridad que se destinen fondos a DINADECO sin una política o controles del Estado”, agregó.
Para Fishman, pese a la difícil situación económica que enfrenta el país, la Administración envía una mala señal al aumentar los gastos, en temas que a su criterio no deberían ser prioritarios.
Dichos aumentos mantienen preocupados a los diputados, ya que el 43 % de este presupuesto será financiado con endeudamiento del Estado. Por eso la diputada Acuña reclamó que “al final será deuda que vamos a pagar todos, y quedará reflejado en las tasas de interés que pagamos cada día en los bancos, para nuestros préstamos de casas o carros”. Acuña estima que se está “hipotecando el futuro del país”, al recurrir a deuda para sufragar casi la mitad de los gastos del próximo año.
Los legisladores recordaron que durante este año el Gobierno trabajó con el presupuesto aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios encabezada en el 2011 por los cinco partidos de oposición en la denominada Alianza Por Costa Rica. Cuando esta comisión fue controlada por la oposición, se recortaron más de ¢25 000 millones, lo cual generó molestia en el Ejecutivo.
De acuerdo con la diputada Yolanda Acuña, los diputados oficialistas tenían urgencia por recuperar este año el control de las comisiones (principalmente la de Hacendarios), para incluir en el presupuesto del 2013 las partidas que les permitirá cumplir con los ofrecimientos, “porque acá las campañas son clientelares”.
Desde el 1 de noviembre la discusión del presupuesto para el año 2013 ocupa el primer lugar de la agenda legislativa, ya que deberá ser aprobado antes de finalizar noviembre.
 

 
Diputada denuncia ilegalidad de partida
Yolanda Acuña, junto a otros diputados de oposición, presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, sobre una partida denominada “Transferencias a las Municipalidades”, incluida en el presupuesto del próximo año y que a criterio de la legisladora reúne elementos para ser declarada inconstitucional.
Según la diputada, esta partida —señalada por vicios constitucionales por parte de la Contraloría General de la República y que para este año asciende a más de ¢3000 millones— se reparte sin criterios técnicos, a partir de un decreto firmado en la pasada administración Arias Sánchez.
Acuña, por medio de una investigación elaborada en su despacho, determinó que los diputados entregan el dinero a comunidades, después de que el presupuesto es aprobado en el Congreso. Esto viola el derecho al “detalle de especificidad”, el cual les garantiza a los legisladores conocer con detalle a dónde se van a destinar los recursos que aprueban.
“Yo tengo derecho a saber cómo se van a gastar esos más de ¢3000 millones, a qué municipalidad o proyecto se les destinará”, alegó la diputada.
Acuña denunció que al retornar el control de la comisión de Asuntos Hacendarios el oficialismo, se incluyó este rubro para transferir a las municipalidades, ya que en el año anterior la oposición eliminó este dinero, al considerar que favorecía al “sistema clientelar”.
La legisladora sostiene que la única ley que permite este tipo de transferencia a municipalidades es la “Ley 7755”, pero ahí no está incluido este dinero, ya que no cuenta con ese nivel de discreción que buscan, afirmó.
En el 2009 y 2010, en plena campaña electoral se destinaron más de ¢10 000 millones de esta partida, tal como logró determinar la legisladora del PAC.