En artículos recientes se ha demostrado hasta la saciedad, las arbitrariedades y ambigüedades de cómo la ley sobre los derechos de autor se yergue como un  magno obstáculo a los derechos a la libertad de expresión, puesto que:
“El reconocimiento y el ejercicio de derechos exclusivos sobre las obras impone una cortapisa a la libertad de expresión de quienes desean utilizar el material protegido por el derecho de autor para transmitir su propio mensaje y al derecho a la información de aquellos que quieren sencillamente utilizar la información y las ideas contenidas en la expresión protegida” (Guibault, UNESCO, 2003).
Ahora, cabe preguntar si, en Costa Rica, la ley vigente referente a los Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual atenta con los derechos humanos expuestos por la UNESCO.
“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza”.,  http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/.
Ante este principio, también ante el panorama de que muchos niños, por pobres, están privados de la educación, ¿es acaso descabellado pensar que la ley que prohíbe las copias no originales, se alza como un obstáculo más para los no ricos? ¿No estamos acaso ante una especie de discriminación matizada y apadrinada por la protección de la ley? Claramente se discrimina a quien no tiene dinero para comprar los originales, pasándose por el cuello el otro principio que dice:
“Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas” (Op.cit.).
Sin embargo, contrariamente a lo anterior, resulta que, si se desmenuza la ley 8039 (“De Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual”), vemos a todas luces que la legislación costarricense legisla cada vez más en contra de la “educación para todos”.
Al proteger más los intereses de los derechos de las corporaciones (más que del derecho propiamente de autor), se atenta contra los derechos humanos a la educación, a la cultura, al conocimiento y a la información, cada uno de los cuales posee características únicas frente a las otras.
La UNESCO establece que: “La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad” (Op.cit).
Lo que paradójicamente significa que, contrariamente, el limitar el acceso a la educación, es un instrumento poderoso que niega a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados, la posibilidad de salir de la pobreza…por su propio esfuerzo. Y subrayo esto último, para que nos pongamos alertas ante la promesa de salvación de las empresas privadas que, dirán que estos niños y adultos marginados, ya no tendrán que salir por su propio esfuerzo de la pobreza, ahora que ellas (las empresas privadas y las ONG) están filantrópicamente encaminadas a ayudarles.