La no reelección del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, por parte de la Asamblea Legislativa, sería un intento de inclinar la balanza para que se acepte la acción de inconstitucionalidad presentada en el caso del proyecto minero Las Crucitas, que pretende anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
Ese es el criterio de los abogados ambientalistas Edgardo Araya y Álvaro Sagot, quienes se unieron a las voces de repudio tras la votación de 38 diputados que se manifestaron en contra de la continuidad del magistrado Cruz.
Para los ambientalistas, es claro que el voto contra Cruz es una forma de “pasarle la factura” por haber votado en contra del proyecto minero en los recursos anteriores, pero también un intento allanar el camino para la acción de inconstitucionalidad que aún está pendiente.
Cabe aclarar que esta información se redactó el día 19 de noviembre, antes de que el martes 20 se conociera que la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo contra la votación del 15 de noviembre de la Asamblea Legislativa que cortó el nombramiento de Cruz, y, por lo tanto, suspendió dicho acto y el magistrado deberá continuar en el cargo mientras el órgano constitucional resuelve por el fondo.
“SACADA DE CLAVO”
Edgardo Araya, quien representó a la organización Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) en el caso Crucitas, consideró “un atentando a la democracia y a la división de poderes” la votación en contra del magistrado Cruz.
“Lo que se quiere es una Corte absolutamente servil y obediente a los intereses del poder económico y político, y en el caso Crucitas eso se dio. Don Fernando Cruz votó en contra del TLC y Crucitas, dándole énfasis al tema ambiental y de derechos humanos. Esto es una sacada de clavo”, comentó Araya.
El abogado recordó que hace pocos días la empresa Industrias Infinito recusó al magistrado Cruz para dejarlo fuera del análisis de la acción relacionada con el caso Crucitas, y “curiosamente” ahora lo dejan fuera en el proceso de reelección, siendo el primero en la historia del país que no se le  prorroga el nombramiento.
“Hay una acción de inconstitucionalidad que está pendiente, de la cual don Fernando también tenía que votar y están tratado de que no lo haga. No sé cuánto estará el magistrado en el limbo, ni sé si en ese ínterin intentará la Sala IV resolver este tema”, indicó Araya.
Para Álvaro Sagot, la Asamblea Legislativa solo ha logrado aumentar su descrédito a nivel nacional e internacional, con un voto de no reelección que a su criterio refleja cómo a los grupos de poder les estorban los votos disidentes y criterios distintos como los del magistrado Cruz.
“No sé cómo va a votar el magistrado Cruz en el caso Crucitas, eso lo sabrá él; pero, sí creo, partiendo del hecho que es uno de los magistrados que declaró con lugar los recursos presentados ante la Sala Constitucional, que podría ser que sí le esté estorbando a un círculo en la Sala a la hora de admitir esa acción de inconstitucionalidad”, consideró.
NO AFECTARÍA
En criterio de Sagot, si en el peor de los escenarios la Sala Constitucional acoge el recurso de Industrias Infinito para tratar de anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, esta no tendría mayor impacto sobre ella.
“No tendría mayor efecto, porque existe cosa juzgada que ya fue resuelta y ejecutada. La acción de inconstitucionalidad busca suspender el dictado de la sentencia, que ya se dictó. El Tribunal Contencioso Administrativo trató temas distintos a los que la Sala IV ya había analizado”, aclaró Sagot.
Tampoco considera que pueda afectar los procesos de acusación en contra del exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y los otros funcionarios que ya han sido señalados por el Ministerio Público por su actuación en el tema del decreto que declaró de “conveniencia nacional” el proyecto minero.
Sobre este punto, Araya se manifestó “satisfecho” por las acusaciones que ya remitió el Ministerio Público contra el exministro Dobles, pero expresó que no se puede estar tranquilo hasta tanto no haya también una acusación contra el expresidente Óscar Arias, quien era el jefe de Dobles y que también firmó el cuestionado decreto.
Respecto al señalamiento que hizo la Corte Plena sobre la responsabilidad del exmagistrado Moisés Fachler en la filtración del borrador de sentencia de la Sala I, Araya y Sagot coincidieron en que puede caber la responsabilidad administrativa, aun cuando se haya descartado la causa penal.
Sin embargo, ambos reprocharon el accionar del Ministerio Público, pues consideran que se debió esperar que se completara la investigación administrativa contra el exmagistrado, antes de simplemente descartar su responsabilidad en el caso.
 

 
Salida de magistrado Cruz enciende rechazo contra la Asamblea Legislativa
Tras la votación de 38 diputados en contra de la continuidad del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional el pasado 15 de noviembre, empezaron a “llover” las muestras de apoyo al funcionario judicial, así como las manifestaciones de rechazo hacia los diputados oficialistas y sus aliados.
La reacción más fuerte provino del propio Poder Judicial, donde jueces, defensores públicos y fiscales expresaron su indignación y pidieron a los legisladores respeto por la independencia en este poder de la República.
El tema llegó hasta oídos de la Unión Internacional de Magistrados, entidad que emitió un pronunciamiento de repudio a la decisión legislativa y recordó la importancia de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
“Los jueces y juezas no pueden ser perseguidos en razón de sus decisiones. A la justicia por un lado le ha sido confiada la resolución de conflictos y el control de la regularidad y constitucionalidad de los actos de gobierno; es el Judicial, el poder llamado a garantizar la paz social y el que recuerda a los gobernantes, el límite de sus actuaciones y la fuente de sus poderes”, señala la declaración.
De igual forma, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso y solicitó a la Asamblea Legislativa revertir su decisión sobre la continuidad del magistrado Cruz, al considerarla como una violación a la independencia judicial.
“…No aceptamos que se pretenda la existencia de una magistratura “alineada” a ningún partido político y rechazamos categóricamente las claras amenazas de la Jefatura del Partido de Gobierno para amedrentar a las magistradas y magistrados de esta Corte”, señala el comunicado de la Corte.
 

 
¿Reelegido  o no?
Sobre la votación de 38 diputados contra la reelección del magistrado Fernando Cruz,  inmediatamente surgieron cuestionamientos y duras acusaciones que impiden pensar que se ha dicho la última palabra en el asunto.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana Luis Fishman fue de los primeros en señalar que el plazo para la votación sobre la continuidad del magistrado había vencido el día anterior a la votación, el 14 de noviembre, por lo que de inmediato anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la votación.
También el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un recurso ante la Sala Constitucional contra la votación; mientras que la directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Gloria Valerín, advirtió que el plazo se había vencido y que el magistrado Cruz debía quedar reelegido.
Para el 22 de noviembre los funcionarios judiciales y otros sectores convocaron a una manifestación, para reiterar su repudio a la decisión legislativa.