Los sucesos que iniciaron su desencadenamiento el día 8 de noviembre pasado se describen mejor en las palabras del abogado Juan Diego Castro al calificar como “el envío al despeñadero de la democracia costarricense”, por parte de un gobierno que cada vez se asemeja más a un régimen despótico de la peor calaña, pero con rostro de mujer.
Como Asesor Regional de Estudios Sociales y Cívica, la fecha señalada resulta más dolorosa, ya que ese día se conmemoraba un aniversario más de la vuelta al orden constitucional, mismo que se había roto con la guerra civil de 1948 y el gobierno de facto de la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer, que en esa misma fecha pero de 1949, le entregaba el poder a Otilio Ulate Blanco, con lo que se iniciaba el mayor período de estabilidad y alternabilidad en nuestro sistema político.
Sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de horas cuando se publica, con el ejecútese presidencial la llamada Ley Mordaza, que rebaja a delincuentes comunes a periodistas, blogueros o comentaristas que se refieran a hechos de corrupción, como tantos que han ocurridos en días recientes, que provengan de la obtención de documentos que no sean fuentes oficiales. La pena mínima de 4 años hace que cualquiera que resulte condenado por alguno de estos “delitos”, iría inevitablemente a prisión como si se tratara de un delincuente común o asesino. ¿Por qué la Presidenta que llegó con el lema de Firme y Honesta, no procedió a vetar semejante bodrio como lo hizo con la ley del fotocopiado?
Por el contrario, ese mismo día y como para querer hacer alarde del nuevo poder que la Ley Mordaza le daba, los antimotines en cumplimiento de una expresa orden emanada de la Presidencia reprimían con una fuerza inusitada, no vista en décadas, una manifestación pacífica que tenía lugar frente al edificio de la ruinosa CCSS, que arrojó un cifra asombrosa de mujeres y hombres garroteados y contusos.
En cuestión de horas se dio a conocer los resultados de la investigación de la parte administrativa de la Corte que emitió un fallo en que afirmaba, sin lugar a dudas, que el magistrado suplente Moisés Fachler era quien había tomado el borrador del fallo del Caso Crucitas y se la había entregado por adelantado a la Minera Infinito Gold. No obstante, para el Fiscal General Jorge Chavarría y ex viceministro de Seguridad del actual régimen, tal resolución le resultó insuficiente y afirmó que solo reabriría el caso contra Fachler (extesorero del PLN)  si encontraba “nuevas pruebas”. ¿Acaso no le resultaban suficientes las pruebas vistas en el proceso administrativo interno? Cualquier similitud con el archivo del caso de Rodrigo Arias-BCIE es mera coincidencia.
Para echar el último palazo de tierra a una democracia de antología, el jueves 15, exactamente una semana después de que se acelerara este sepelio y por primera vez en la historia desde 1949, todos los diputados del partido gobernante, en complicidad con algunos de “oposición” y los tradicionales turecas que dicen llamarse “cristianos”, no prorrogaron el nombramiento del magistrado de la Sala Constitucional Dr. Fernando Cruz. Funcionario intachable cuyos fallos de reconocida independencia en temas controversiales como el TLC, Crucitas, Plan Fiscal y muchos otros, resultaban una piedra en el zapato a un régimen que solo busca el servicio de incondicionales lacayos que le digan Sí a todo, sin ningún cuestionamiento e independencia de criterio.
El mensaje es claro y simple: a partir de ahora la independencia de criterio en la Sala IV, la única y última “salvatandas” que le quedaba al pueblo, está completamente amenazada, ya que ningún magistrado tendrá su puesto seguro y su continuidad dependerá solamente de la forma en que falle en temas polémicos, de lo cual los diputados tomarán nota a la hora de prorrogarle el nombramiento. Mientras tanto, no queda más que conformarse con la multimillonaria propaganda oficial cargada de mentiras y falacias pagada con la plata del pueblo, que pintan una realidad muy distinta a la verdad que se vive día a día en la difunta democracia ejemplar costarricense.