Un Estado de Derecho significa en pocas palabras, que tanto el Estado como la sociedad deben estar sometidos a la Ley. Sin embargo, el Estado es el poseedor de lo que se conoce como el Poder de Imperio, esto es que el Estado es el único titular de la violencia legítima, lo que le faculta para imponerse ante el ciudadano, incluso por la fuerza.
Por esta razón, para evitar Estados dictatoriales y opresivos, se requiere de la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y de la existencia del Estado Democrático de Derecho, que es un sistema de pesos y contrapesos que regula el poder coercitivo y punitivo del Estado, lo cual se logra gracias a los movimientos sociales (sindicatos, asociaciones sociales, ambientales, la pluralidad política, etc.), con capacidad para contener el poder de imperio abusivo del Estado.
El Estado Social de Derecho, se refiere a las garantías, derechos y servicios esenciales, que los ciudadanos reciben del Estado, con el dinero de los impuestos y el gasto público, con el fin de asegurar un nivel de vida digno. Estos servicios y derechos son salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, recreación, ambiente, etc., que de no existir, acaecería sobre un país la exclusión, la marginación, la pobreza, las desigualdades extremas y con esto, la delincuencia, la inseguridad y la ingobernabilidad.
Esta última, sobreviene cuando los magistrados y jueces son del mismo partido que está en el poder; se amordaza al ciudadano; se le restringe los derechos sociales y democráticos; y se menoscaba el poder judicial, limitando a la Sala en su labor de velar por las garantías constitucionales.