La Asamblea Legislativa ha tomado una decisión lamentable. Por primera vez en la historia un magistrado no ha sido reelecto. Lo anterior no significa que se pretenda un puesto vitalicio sino que, si hay remoción se dé por motivos debidamente constatados, de que ha faltado a los deberes de su función.
La no reelección resulta más preocupante cuando se trata de un magistrado de la Sala Constitucional, en el tanto existe un vínculo directo e inmediato de la función contralora de dicho magistrado con la función legislativa, que es una permanente tensión entre la legislación y el control constitucional o defensa de la Democracia, a través de la protección de Derechos Fundamentales, que compete a dicho órgano. A su vez, la tensión no sólo se manifiesta en ese control, sino también en el control de los actos abusivos o contrarios al espíritu de la Constitución.
Evidentemente, cuando se ejerce el control constitucional de forma independiente, con  convicción y sólidos argumentos doctrinarios, el poder controlado se disgusta. El mensaje evidente generado por esta decisión es la necesidad del político de contar con jueces –a todo nivel- con comportamientos que no atenten contra sus intereses. El mensaje no implícito, sino expreso, de esta decisión es: no queremos magistrados disidentes de los intereses políticos. El fin de esta decisión es que no se olvide que el nombramiento y la remoción de este cargo es una decisión político-partidista, sin que interese la idoneidad para el puesto ni la demostrada en el ejercicio de este.
Partiendo de lo anterior: ¿Cuál será el condicionamiento político y psicológico, en el ejercicio del puesto, que debe ofrecer el próximo magistrado de la Sala Constitucional?
Con el antecedente que acabamos de ver, es obvio que llegará comprometido o, al menos intimidado, ya que, de asumir su función en las condiciones en que lo hizo don Fernando, puede correr su misma suerte. Los abogados –en la pretenciosa denominación de Ossorio- de este país y, en general, toda la población, no podemos dejar pasar desapercibido este hecho, sino que debemos exigir a los legisladores –por obvias que sean las razones en este caso- explicaciones de los motivos por los cuales un magistrado estudioso, crítico e independiente, carente de cuestionamiento ético en el ejercicio de su puesto,  no es reelecto y, en defecto de explicaciones razonables, la reversión de dicho acto.
Este tipo de decisiones deja, nuevamente, en entredicho la independencia judicial, evidenciando de la forma más clara que hay intereses político-partidarios y que el control político, en este caso, se ejerció de forma indebida.
No es que se trate de Fernando Cruz, puede ser cualquier otro magistrado o juez. No se cuestiona la legitimación de los diputados para este tipo de decisiones, sino la ausencia de razones válidas, cuando el ejercicio del cargo por el funcionario removido evidencia un cumplimiento no cuestionable de las competencias constitucionales que le fueron encomendadas. Lo que se pide es que se expongan y discutan los motivos por los cuales se tomó tal decisión… si los hubiere… que democracia es transparencia.