Los costarricenses vivimos en estos momentos un verdadero  estado de sitio a la libertad personal y a la libertad de expresión.   A pesar del voto de la sala constitucional del año 2000 referente al Combo ICE, en donde se mencionaba que una movilización pacífica no puede dispersarse mediante “maltratos físicos y detenciones ilegítimas”, el pasado jueves 8 de noviembre presenciamos una tremenda vapuleada a una manifestación patriótica en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Representantes de zonas rurales de San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia, Zarcero, Nicoya…, se movilizaron con un pliego de peticiones a la Directora de la Caja, solicitando la mejora en la atención de salud en sus comunidades ante el desfinanciamiento de los servicios, y denunciando  el no pago de las cuantiosas deudas de la empresa privada con la Caja.  La respuesta fue el envío de un contingente de antimotines atiborrados de equipamiento militar, sin importar la presencia de niños (as), adultos (as) mayores, ciudadanía en general. Una diputada y dos  diputados (del PAC y del Frente Amplio), trataron de mediar para evitar la golpiza y el arresto de los manifestantes, ellos (a) sufrieron a su vez las consecuencias de la represión policial.  Las imágenes de la policía repartiendo garrote, no se diferenciaban de las que hemos visto recientemente en Panamá, en Honduras, en Chile…
Este movimiento –y no por casualidad- coincidía precisamente con la publicación en la Gaceta de la Ley de Delitos Informáticos, con  la cual se pretende silenciar a la prensa que investigue los casos de corrupción.  La ley mordaza (publicada irónicamente el día de la democracia), establece penas de prisión para quien divulgue, obtenga o difunda documentos o comunicaciones “dirigidos a otra persona”, conforme al artículo 196 de la reforma.
La indignación de la opinión pública no se hizo esperar; el día 15, la presencia de manifestantes se multiplicó, y miles y miles desfilaron en las calles.    Centenares de mantas exigían “la libre expresión de ideas,” “el basta ya de la criminalización de la protesta social “, la defensa incondicional de uno de los baluartes de la institucionalidad costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social, “la derogatoria de la ley mordaza”… El alto a la corrupción en las instituciones públicas, a la privatización de la salud y a la respuesta represiva del gobierno, fueron temas recurrentes a lo largo y ancho de la marcha .
Ese mismo día  y una vez más no por casualidad), la fracción oficialista  logró sumar los votos suficientes para la no reelección del Magistrado don Fernando Cruz, uno de los jueces más respetables e independientes del poder judicial, quien se manifestó en su oportunidad en contra del TLC con los Estados Unidos y contra la explotación minera en Crucitas.
Estamos frente a un severo golpe al Estado de Derecho y a la Institucionalidad del país, en donde se pone en entredicho incluso  la autonomía del Poder Judicial.
La ley mordaza es un llamado a silenciar los actos de corrupción en las esferas públicas,  la protesta social en defensa de la Caja, la trocha fronteriza, evitar publicaciones como la realizada por el Semanario UNIVERSIDAD el 13 de setiembre del 2007 con el texto completo del memorando del miedo.
Cuando hay autonomía e independencia de criterio, la factura a pagar políticamente puede ser el “ajusticiamiento”.
Hoy una mayoría legislativa espuria destituye a un  magistrado con una  excelente trayectoria  en el Poder Judicial.    En el caso de nuestra Institución universitaria no se le renueva el contrato (con argumentos débiles y ambiguos) a la Directora del Semanario UNIVERSIDAD, quien junto a su equipo de periodistas ha realizado una cuidadosa labor de investigación  contra graves hechos de corrupción en la función pública.
La pregunta obligada que nos queda: ¿La ley mordaza que se intenta imponer a la opinión de la ciudadanía costarricense, no ha alcanzado también a nuestros medios universitarios y particularmente  a nuestro muy querido Semanario UNIVERSIDAD?