Las penas de cárcel por la difusión de “informaciones políticas secretas” serían historia si la Asamblea Legislativa aprueba un texto dictaminado positivamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el cual tiene la promesa de ser convocado en las sesiones extraordinarias que inician este diciembre. Estas penas se establecieron en las reformas cuestionadas a los artículos 196 y 288 del Código Penal incluidas en la “ley mordaza”.
El pasado 6 de noviembre se publicó en el diario oficial La Gaceta, la Ley de Delitos Informáticos, la cual generó una ola de críticas entre el gremio periodístico y la ciudadanía, por los alcances de la nueva legislación, que penaliza la obtención y difusión de informaciones secretas políticas o de seguridad.
Ante esto, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (COLPER), así como el Sindicato de Periodistas y diputados de diferentes bancadas legislativas trabajaron en la redacción de un texto que reforme los artículos. El documento presentado por el COLPER a estudio en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa fue dictaminado positivamente por cinco de seis diputados; por lo que ahora se espera que sea convocado a debate en el plenario.
La principal reforma que se establece en el texto presentado ante la Comisión es que no será delito “la búsqueda, acceso, copia, recopilación, difusión, transmisión o publicación de datos, documentos, informaciones, noticias, reportajes, imágenes o ideas que sean de interés público o que guarden relación con asuntos de esa naturaleza”.
El dictamen positivo fue celebrado por el presidente del Colegio de Periodistas, José Rodolfo Ibarra, quien manifestó estar satisfecho de los cambios propuestos, tales como las reformas a la penas de cárcel.
“Se elimina la odiada frase de informaciones políticas secretas, y no se tipifica como delito el difundir información”, comentó Ibarra.
Mientras que para el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Juan Carlos Mendoza desaparece la ambigüedad establecida en los denominados “secretos políticos”, al restringirse solamente lo referido a “secretos de Estado”, que para su efecto deberán ser declarados formalmente por el Poder Ejecutivo.
APATÍA DE CASA PRESIDENCIAL
El Gobierno anunció que presentaría un texto para reformar los puntos polémicos de la Ley de Delitos Informáticos, pero pese a que la ley entró en vigencia luego de su publicación en La Gaceta aún no se ha dado a conocer el texto planteado desde el Poder Ejecutivo. Esto ha generado que legisladores de los partidos opositores acusen a la Presidencia de la República de actuar de manera apática en esta discusión.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman consideró que la presidenta propone pero no da seguimiento a los temas.
Por su parte, el legislador del PAC Juan Carlos Mendoza aseveró que  durante la discusión de los cambios necesarios a la ley, el Poder Ejecutivo “ha estado ausente”.
“La única intervención que tuvo fue el día del dictamen presionando a los diputados para que no se aprobara”, manifestó Mendoza.
La Presidencia a través de sus ministros de Comunicación y Presidencia anunciaron que el texto que fuera dictaminado por la comisión de Derechos Humanos sería convocado para las sesiones extraordinarias –por iniciar en diciembre-.
“Respeto y espero que se cumplan las declaraciones dadas por representantes de Casa Presidencial, pero igual seguiremos fiscalizando el cumplimiento en hechos concretos”, consideró Juan José Arce, secretario General del Sindicato de Periodistas.
Al consultársele al diputado oficialista Óscar Alfaro sobre la promesa del Ejecutivo de convocar en próximas semanas el proyecto de reforma a la Ley Mordaza contestó: “Mire,  yo no soy del Ejecutivo y ellos en las sesiones extraordinarias son los que tienen la iniciativa de ley, entonces les tocará a ellos valorarlo, y tomar una decisión”.
UNIVERSIDAD intentó obtener el criterio de los voceros designados por Casa Presidencial para este tema – Carlos Ricardo Benavides, ministro de Presidencia, y Francisco Chacón, ministro de Comunicación- pero al cierre de edición no fue posible localizarlos a través de sus teléfonos celulares, o mediante sus asistentes.
SALA CUARTA ACOGE ACCIÓN
A pesar de que la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por el periodista de Radio Reloj, Randall Rivera, -suspendiendo solamente el efecto de la aplicación del artículo 288 de la Ley de Delitos Informáticos- el presidente del Colegio de Periodistas mantiene su preocupación por la denominada Ley Mordaza, al asegurar que todavía se encuentra sobre “nuestras cabezas” una amenaza.
“No se paraliza la aplicación de la ley en su totalidad, lo que hace es que deja sin efecto cualquier sentencia que se dicte sobre la violación del articulo 288, hoy conocido como 295 que habla de informaciones secretas políticas”, aseguró el presidente del COLPER.
Quien además agregó: “En todo lo demás como conseguir la información, trasmitirla, si la consiguió de un tercero y si no le pidió permiso a un corrupto para publicarlo, todo eso sigue vigente al día de hoy”.
El pasado 22 de noviembre la presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada,  dio curso a la acción interpuesta por el periodista de Radio Reloj, por lo que ahora falta que los magistrados resuelvan por el fondo lo planteado por el periodista.
Mientras tanto, el COLPER anuncia que se presentará como coadyuvante de este procedimiento, además que se espera la admisibilidad de la acción presentada por la Defensoría de los Habitantes, en la cual se solicitan medidas cautelares a lo establecido en el resto de la ley.
 

 
José Rodolfo Ibarra, presidente del COLPER
“Preocupa que no se le dé una vía más rápida a un tema tan delicado”
¿Ha retrasado el poder Ejecutivo la formulación de reformas para la ley aprobada?
-Yo esperaba que la Presidenta pudiera ejercer algún tipo de influencia sobre sus amigos, los diputados oficialistas, para que ellos den el respaldo a las reformas planteadas, espero que en lugar de enviar proyectos sustitutivos desde la Presidencia de la República, que más bien vienen a enturbiar las aguas de la corriente legislativa, contrario a eso gestione ante los diputados el apoyo al texto dictaminado y formulen cualquier reforma que sea positiva.
La Presidenta en ocasiones anteriores vetó leyes, ya sea totalmente o parcialmente. ¿En este caso, por qué no se procedió a esto?
-Esto tenía que haberse dado antes de la firma, se dieron las alertas, pero a pesar de esto la Presidencia lo firmó, por lo cual la posibilidad de veto se perdió. Preocupa que no se le dé una vía más rápida a un tema tan delicado y de agenda nacional como lo es la libertad de expresión, que es un asunto no solo de los periodistas sino de toda la ciudadanía; entonces sí hay preocupación sobre cuál será el sentido detrás de todo esto, cuál es la intencionalidad, prefiero pensar que no existe una mano peluda, sino prefiero pensar que el Poder Ejecutivo actúa de buena fe, en ese sentido que reconozcan que han cometido un error al firmarlo.
Cada día crece el descontento de la ciudadanía por la promulgación de esta ley. ¿Qué tan importante es este apoyo?
-El apoyo popular de las diferentes organizaciones, manifestado en presión y preocupación es muy importante; el Gobierno y los diputados se han dado cuenta de que esta sociedad no está dormida, se han dado cuenta de que hay temas en los que no se deben meter como lo son el regular la libertad de expresión y prensa. Estamos complacidos de que el tema haya calado en la ciudadanía costarricense, alertamos sobre que esto no ha terminado. No esperar la otra parte del camino y en la que hay que hacer presión a la bancada oficialista que tendrá un gran peso.