La tesis de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) se extralimitó en sus funciones legales al exigir al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la devolución de una valiosa porción del espectro radioeléctrico para comprar una empresa de televisión por cable, es lo que llevó al diputado José María Villalta- junto a representantes de organizaciones gremiales- a solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la destitución de todas las personas que integran el Consejo de esa Superintendencia.
Junto a Villalta firmaron la denuncia Jorge Arguedas, de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC); Mayid Halabí, del Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE), Olga Serrano, de la Asociación Sindical Costarricense de Trabajadores de las Telecomunicaciones, Electricidad y Afines (ACOTEL); Fabio Chaves, Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE); Sergio Saborío, del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (SITET) y Ronald Corrales, de la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones, Energía y Afines (ANTTEA).
La denuncia que el pasado 27 de noviembre se presentó ante la ARESEP, solicitó que “de manera inmediata” se abra un procedimiento administrativo, con el fin de investigar la actuación de los miembros del Consejo de la SUTEL, Carlos Raúl Gutiérrez, Mary Illeana Méndez (cc. Maryleana) y George Miley. Se pide además que se determine su responsabilidad y “se proceda a su destitución inmediata, por violación de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, al emitir la Resolución RCS-191-2012”.
Cabe destacar que en una resolución posterior, la SUTEL echó marcha atrás, pues el pasado 5 de noviembre -al resolver un recurso planteado por el ICE- decidió eliminar esta condición, aunque reiteró “su facultad de imponer devoluciones de espectro en casos de concentración sometidos a su aprobación”.
Otro hecho notable es que el pasado 4 de octubre -un día después de que se emitiera la resolución cuestionada- George Miley presentó su renuncia como miembro del Consejo de la SUTEL, la cual se hizo efectiva un mes después.
Villalta explicó que el malestar se debe a que la compra de Cable Visión se relaciona con la competencia en el ámbito de la televisión por cable y “podría incidir en el mercado de Internet”, pero “no tiene relación con el mercado de telefonía celular, de manera que no había fundamento alguno para emitir esa resolución en esos términos”.
El diputado añadió además que la resolución de la SUTEL fue “totalmente desproporcionada”, dado que pretendió despojar al ICE de frecuencias con un valor de más de $350 millones, suma muy superior al costo de la empresa de cable.
“Ninguna norma –alegó- los ampara para hacer eso, tanto así que ya revocaron esa ilegal resolución, pero ya perdieron toda credibilidad y confianza en su supuesta imparcialidad, se quitaron la careta y mostraron su verdadera imparcialidad; en mi opinión cometieron desviación de poder, abuso de autoridad y prevaricato”.
Informó que junto a la ANTTEC y el SIICE valoran la posibilidad de presentar una denuncia penal, pero ello aún no lo han decidido.
Al ser consultada la SUTEL, a través de la oficina de prensa respondieron: “el Consejo de SUTEL, es respetuoso de las opiniones de los sindicatos y otras agrupaciones políticas, pero aún no hemos sido notificados de alguna acción legal por parte de ellos y por lo tanto no podremos referirnos al tema”.
Tras recordar que ya se emitió una resolución que eliminó la condición previa de entregar espectro al Estado para poder realizar la transacción, apunta que ello “fue producto del análisis técnico jurídico de  una apelación presentada ante SUTEL por el ICE” y añade que “al día de hoy este caso aún podría ser recurrido, por lo que preferimos no referirnos al tema para evitar adelantamiento de criterio”.
“GOTA QUE DERRAMA EL VASO”
La resolución RCS-191-2012 fue emitida por la SUTEL el pasado 3 de octubre y se refirió a la iniciativa del ICE por adquirir la empresa Cable Visión de televisión por cable. La Superintendencia en ese momento condicionó esa compra a que el ICE devolviera al Estado los segmentos del espectro radioeléctrico de 1880 megaherz (MHz) a 1920 MHz, de 2520 MHz a 2620 MHz y 2640 MHz a 2690 MHz y del segmento de 3440 MHz a 3600 MHz.
Se trata de unos 350 MHz que constituyen la porción del espectro que se utilizará para ofrecer los servicios de telefonía celular denominada a “Long Term Evolution” (LTE), que vendrá posteriormente a la de cuarta generación (4G), según explicó en su momento el ingeniero Gerardo Fumero (ver UNIVERSIDAD del 17 de octubre).
La denuncia presentada entre otras cosas apunta que “de manera arbitraria y sin sustento legal” en esa resolución la SUTEL entró a valorar el tema de esas frecuencias del espectro radioeléctrico, un tema que “no tiene relación alguna” con la solicitud del ICE por adquirir Cable Visión.
El documento también cita que la medida dispuesta en ese momento por la SUTEL es “desproporcionada” y que por todas esas razones podría tratarse de una violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, el cual establece que los funcionarios públicos deben cumplir los deberes que la ley les imponga y “no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”.
La denuncia enfatiza que de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, sólo el Poder Ejecutivo puede determinar la extinción, caducidad y revocación del contrato de concesión respectivo del espectro radioeléctrico.
Por ello, al referirse al tema Villalta aseveró que en el caso de Cable Visión, la SUTEL pudo haber incurrido en prevaricato “al dictar una resolución contraria a la ley, ya que pretendió despojar al ICE de sus mejores frecuencias de telefonía celular, por comprar una empresa de televisión por cable que nada tiene que ver con el servicio celular”.
El Código Penal define el prevaricato como el acto de cualquier funcionario judicial o administrativo que dicte “resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos” e impone sanción de dos a seis años de prisión.
Villalta sostiene que la SUTEL debería llamarse “Superintendencia para terminar con el ICE”, puesto que “esa ha sido su función, se dedica a debilitar a la institución pública para favorecer a las empresas privadas transnacionales”.
Para el legislador, este se trata de un órgano “parcializado” y “penetrado por una ideología contraria a la institucionalidad pública” y reprochó el hecho de que “no ha mostrado independencia ni objetividad y viola la misma ley que aprobaron para concretar la apertura del mercado, cuando es necesario para perjudicar al ICE”.
“Se deben ir todos los miembros de la comisión, pues no han dado la talla y quienes quieren destruir al ICE estarán muy contentos con su desempeño”, añadió.
Por otra parte, Jorge Arguedas, presidente de ANTTEC enumeró las acciones de la SUTEL que se considera han perjudicado al ICE. La primera fue la fijación de los tiempos de atención de averías en el sector de telecomunicaciones -que incluyó las averías en los sistemas de microondas-. “Los establecieron desde un escritorio perjudicando al ICE, porque debe pagar multas si no las atiende dentro de los plazos establecidos”.
Luego citó las tarifas de interconexión, que “implican para el ICE una pérdida de ¢30.000 millones anuales, pues el precio fijado es ruinoso”. Se trata de un canon que se cobra por cada llamada que se hace entre líneas de las diferente empresas, que se tramita a través de la red del operador dominante que es el ICE.
De acuerdo con Arguedas, en todos los países donde ha habido apertura esa tarifa tiende a subir y normalmente queda en 60 centavos de dólar, pero en el caso del ICE no superó los 20 centavos de dólar.
Cabe recordar que el pasado 18 de julio UNIVERSIDAD detalló al respecto, que por completar una llamada desde otras redes a la red del ICE la SUTEL fijó una tarifa de ¢3,63 colones por minuto, una suma sustancialmente inferior al costo real del proceso para el ICE, que ronda los ¢8,5 colones por minuto, lo cual genera la mencionada cifra en pérdidas de ¢30.000 millones.
Para el líder gremial, la disposición de devolver las frecuencias para comprar Cable Visión fue “la gota que derrama el vaso”.
“La SUTEL no era para esto, sino supuestamente para mantener el equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones como un ente apolítico y neutral, en vez de defender a las multinacionales como lo ha hecho”, añadió Arguedas.