Un campesino recorre los terrenos en disputa en Medio Queso. (Foto: Miriet Abrego)
La tensa situación que se mantiene en la localidad de Medio Queso de Los Chiles -por la tenencia de la tierra-, no será de fácil y expedita solución, pues debe superar tensas situaciones de violencia, disputas judiciales y los trámites de ley que debe llevar a cabo el Instituto de Desarrollo Rural (INDER, antiguo IDA).
Es precisamente en el INDER donde la comunidad campesina que reclama posesión de los terrenos por abandono pone sus esperanzas, ya que la solución buscada es que esa institución compre los terrenos y los adjudique a esas familias, pero ello pasa por la realización de una serie de estudios socioeconómicos, además de que debe negociar la compra.
La empresa dueña registral del terreno se denomina Naranjales Holandeses S.A.; sin embargo, el conflicto que desde el 2011 se mantiene ha sido entre esas familias y un empresario de nombre Élmer Varela, quien -según explicó su abogado Ronald Córdoba- trabaja la finca desde el 2005.
 
Los constantes enfrentamientos entre los campesinos y la seguridad privada contratada por Varela, junto a los desalojos llevados a cabo por la Fuerza Pública han hecho que el conflicto cobre notoriedad, sobre todo después de que en la madrugada del pasado 23 de noviembre trascendió una grabación sonora, en la que en apariencia un funcionario local de la Fuerza Pública de Los Chiles recomendaba a los elementos de la seguridad privada disparar a la cabeza de los campesinos.
Héctor Monestel, abogado representante de las familias campesinas, indicó que lo que busca es que se haga una declaratoria de conflicto en precario, un proceso necesario para llegar a resolución de declaratoria de conflicto y que el INDER pueda hacer los estudios socioeconómicos necesarios para adjudicar la tierra.
Informó que esa institución se apersonó a los tribunales solicitando que se suspendieran los desalojos y así también lo requirió al Ministerio de Seguridad. “Todo ello es producto de movilizaciones que hicimos en San José ante las oficinas del IDA, en las que también solicitamos que se abriera una negociación de compra con los holandeses. Hasta ahora la institución ha cumplido”, indicó.
A su parecer, es “aberrantemente contradictorio” el hecho de que en ese escenario de “solución política y social” al conflicto, el Ministerio de Seguridad Pública acate llevar a cabo los desalojos administrativos requeridos por Varela. “Los últimos desalojos se dieron a contrapelo del mismo IDA”, acotó.
Por su parte, el abogado Córdoba expresó que quienes ocupan las tierras en Medio Queso “no son campesinos, son terroristas”, pues “la filosofía del terrorismo es no respetar ningún Estado de derecho ni orden social; el terrorismo se impone por la fuerza y la violencia como ellos lo han hecho”.
Agregó que “están muy lejos de ser campesinos pobrecitos costarricenses. El 8 de abril del 2011 se metieron y sacaron a los empleados de don Élmer por la fuerza; eso no lo hace ningún campesino honesto y serio del país”. Especificó además que en ese momento Varela tenía unos doce empleados en el sitio.
Sobre una posible solución definitiva al conflicto, Córdoba apuntó que “los campesinos deben cumplir con requisitos especificados en la Ley de Tierras y Colonización, que es muy exigente y busca que sean personas pacíficas, serias y responsables, con lo cual ellos no cumplen”.
Cabe recordar que fue el pasado 29 de noviembre que el IDA pasó formalmente a denominarse INDER.
Así, el abogado criticó a la institución por intervenir “de una manera tímida, poco seria y poco formal,  de la que dudó mucho”, dado que “ni siquiera se han tomado la molestia de llamarnos e informarnos”.
Mientras tanto, el presidente ejecutivo del INDER, Rolando González, destacó que para el miércoles 5 convocó a una reunión con representantes de la comunidad, estudiantes universitarios y varios diputados que han manifestado interés en el tema, en la cual se analizará “el problema social y las posibilidades de concertación para continuar el proceso para la compra de la finca”.
No obstante, el funcionario fue claro en que “no es un asunto que se pueda resolver de un día para otro”, en  vista de que se debe hacer un análisis técnico de las tierras en cuestión, lo cual requiere de la participación de diferentes instancias.
Según explicó, en un momento determinado deberán participar instituciones como la Municipalidad de Los Chiles o la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para analizar toda la parte legal y determinar las características de la tierra, la legitimidad de los dueños registrales e incluso la dimensión exacta.
González expuso que todas las partes involucradas han expresado interés en que se llegue a un arreglo, pero “lo que necesitamos en el INDER es tiempo y apoyo financiero para darle contenido a la compra, cuyo monto se establecerá hasta que se hagan los avalúos”.
“Lo que más me preocupa -enfatizó- es que se nos vaya la voluntad de resolver pacíficamente el conflicto como agua entre los dedos, pues se han dado indudables actos de violencia, que sólo pueden conducir a mayor violencia”.
Recordó que originalmente se consideró que el IDA no intervendría, pues “legalmente indicamos que no era el típico conflicto agrario, porque estaba judicializado”; sin embargo, se decidió “hacer caso omiso a esa consideración técnica porque el problema existe, los campesinos existen, hay tierra y la institución está dispuesta a ayudar; pero, ocupamos tiempo para lograr el dinero y calificar a quienes puedan beneficiarse”.
PUGNA
Los terrenos en disputa suman unas 425 hectáreas ubicadas a unos 8 kilómetros en calle de lastre de la vía que comunica Los Chiles con Ciudad Quesada.
De acuerdo con Yessenia Barraza, dirigente campesina de la comunidad de Medio Queso, allí se han ubicado unas 132 familias, todas dedicadas a la agricultura de subsistencia, en tierras que son muy fértiles.
Esas tierras las ocupan desde el 8 de abril del 2011. “Cuando llegamos estaban en abandono; nosotros por necesidad decidimos tomarlas y luchar para que el IDA compre la propiedad para que nos la dé a los campesinos”.
El abogado Córdoba detalló por su parte, que la empresa Naranjales Holandeses S.A. abandonó la finca desde el 2003 o 2004, y que fue en el 2005 cuando Varela ingresó en esos terrenos y “los limpió en su totalidad, dio mantenimiento a la finca y la puso en condiciones de producción de granos básicos”.
Añadió que Varela trabajó esa tierra hasta el 2009, cuando apareció “un abogado de San José que aparentemente era representante de los holandeses y le dijo que tenía que abandonar las fincas”.
Fue entonces cuando Varela presentó un “proceso de mejoras, un reclamo por las labores que se le habían hecho a las fincas, ya que les había dado mantenimiento y que un perito ha estimado en $1 millón”. Esa disputa legal entre Varela y Naranjales Holandeses S.A. aún está pendiente de resolución.
Indicó que cuando se dio la toma de la finca en abril del 2011, Varela la trabajaba y la tenía en su totalidad lista para ser sembrada, incluso dijo que contaba con unos doce empleados en el sitio.
Por su parte, Monestel enfatizó la versión de que cuando los campesinos ocuparon la tierra en ese momento se encontraba abandonada.
Informó que Varela logró que el Juzgado Superior Agrario en San José ordenara que se le diera la  posesión de la finca, lo cual “lo puso en posición de realizar todos estos desalojos, que se han llevado a cabo violentando los más elementales derechos constitucionales del debido proceso, la notificación o el derecho de defensa”.
Calificó además el conflicto como un “claro ejemplo de la presión sobre la tierra”, ya que además de tratarse de un terreno rico para la producción, “hay grandes intereses piñeros en la zona, la perspectiva de un desarrollo inmobiliario turístico y de complejos de vivienda, con la trocha y el canal interoceánico y el establecimiento de una represa hidroeléctrica del lado de Nicaragua. Esa finca se ubica en un sitio en donde el precio de la tierra se disparará”.
Al respecto, Yessenia Barraza puntualizó que los desalojos se dieron el 8 de abril, 19 de abril y 26 de noviembre del 2011, y el 22 de marzo, 1 de junio, 5 de noviembre y 23 de noviembre de este año. “Los más peligrosos han sido el de marzo de este año y los dos de noviembre, en que nos han destruido todo, las cosechas y quemados los ranchos”. Según dijo, “toda la comunidad” está “desesperada” por una solución al conflicto.
 

Una historia de violencia
Las situaciones de constante enfrentamiento entre la comunidad campesina, la seguridad privada contratada por Varela y la Fuerza Pública han sido notorias, sobre todo después de que trascendiera la mencionada grabación en la que un funcionario de la Fuerza Pública de Los Chiles habría recomendado a los agentes de seguridad privada que “traten de darle en la cabeza” al disparar a los campesinos.
El abogado Ronald Córdoba expresó que los alegatos sobre los desalojos y violencia “son mentira, es algo que han inventado para manipular a la opinión pública y a los medios de comunicación”.
A su parecer, cuando la Fuerza Pública se presenta en el sitio, los campesinos “se convierten en palomitas blancas pacíficas, pero cuando se retira sale su verdadera forma de ser: son personas terriblemente violentas y se vuelven a meter a la finca”. Recordó que cuando se dio la primera toma del territorio “le quebraron la cabeza a un miembro de la seguridad privada a punta de pedradas”.
Ricardo González, director de prensa del Ministerio de Seguridad, aclaró que la Fuerza Pública “no realiza desalojos sin el debido permiso” y cuestionó que si de veras la policía mostrara actitudes violentas, “¿por qué hace unos días cuando tuvieron un nuevo enfrentamiento y les quemaron un rancho pidieron la protección de la Fuerza Pública? Molesta ese doble juego”.
Tras insistir en que la policía “actúa de acuerdo a la ley y trata de evitar enfrentamientos”, reiteró que “la actitud no es de maltrato ni agresión; los policías son humildes servidores públicos”.
Asimismo, González se  refirió al escándalo de la grabación e indicó que el funcionario cuestionado por ello está separado de su cargo y que un juez de San Carlos determinó, además de esa separación, que no debe acercarse ni establecer comunicación con la delegación de la Fuerza Pública de Los Chiles, ni puede tener contacto alguno con la empresa propietaria del terreno, ni con la seguridad privada. Mientras, la investigación continúa y sigue el proceso en los tribunales.
Por otra parte, el abogado Córdoba aseveró que Varela contrató a la seguridad privada para que se mantenga “fundamentalmente” en unos galerones de la finca, “pero han sido pacíficos”, y se buscó esa seguridad “para poder ir nosotros a la finca; no podemos entrar solos; requerimos de guardaespaldas,  porque estas personas son terriblemente agresivas y violentas”.
Mientras tanto, la dirigente Yessenia Barraza relató a UNIVERSIDAD que desde el primer día que entraron en ese terreno, “fuimos atacados” por la seguridad privada de Élmer Varela; “nos echaron los chapulines encima y destruyeron las cosas que llevábamos para instalarnos allí, como los enseres de cocina”.
Puntualizó que en desalojos posteriores han participado hasta 400 policías y que la seguridad privada siempre recurre a maquinaria para destruir los ranchos.
“En marzo de este año, otra vez nos desalojaron con cualquier cantidad de policías junto a la fuerza privada de Élmer Varela, una vez más sin orden de desalojo y de manera ilegal. Nos destruyeron las cosechas y nos quemaron las casas. Ese día detuvieron a 22 personas, además de la gente golpeada”. Este mes de noviembre se han realizado dos desalojos más, los días 5 y 23, precisó.
Criticó que la Fuerza Pública “llega con prepotencia y nos trata de delincuentes; si pedimos la orden de desalojo hacen detenciones y si alguien se opone le golpean. Incluso se llevaron niños al Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.
Comentó que al escuchar la mencionada grabación, “terminamos de entender por qué nos han maltratado tanto: ¿cómo  es posible que se diga que nos maten, que nos disparen a la cabeza?”.
Reprochó que la seguridad privada mantiene un clima de intimidación “incluso haciendo disparos al aire cuando los niños van a la escuela”.
Durante una manifestación realizada frente a la Casa Presidencial el pasado 26 de noviembre, Juan Pablo Rivas, otro agricultor de Medio Queso, recordó que durante un desalojo recibió dos disparos: “Estábamos trabajando y llegó la seguridad privada, no hubo ninguna advertencia previa, simplemente llegaron a sacarnos a plomazos y ahora tengo dos balas en el cuerpo, una en la columna vertebral, que no me permite trabajar, me afecta bastante”.