La empresa minera cerró sus instalaciones luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que eliminó los permisos otorgados. (Foto: Cristina Robles, de Kioscos Ambientales UCR)
“No hay pobreza cuando se tienen tierra para trabajar y deseos de superarse”, dijo de manera tajante Felipe Ramírez -vecino de la comunidad de Moravia de Cutris-en el cantón de San Carlos-, al referirse a la situación que atraviesa la zona luego del cierre de la empresa minera Industrias Infinito.
Ramírez -con más de 28 años de vivir en la región fronteriza- desmintió así a quienes aseveran que la pobreza se ha esparcido por los poblados de Las Crucitas, Chamorro, Moravia y Tiricia, tras la histórica sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la cual se eliminaron las potestades a la transnacional Industrias Infinito para la explotación de una mina de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos.
 
“Siembro lo que me como, tengo mi leche y ganado; así que eso del hambre simplemente era un invento, un engaño para que la gente creyera que era cierto lo que se prometía”, manifestó Ramírez.
Estas comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua sobreviven de la siembra de tubérculos, raíces, granos básicos, así como de la producción ganadera.
Otro vecino de Moravia de Cutris, Danilo Solís, sostiene que el “orgullo campesino” de los pobladores de esa región fue golpeado por la empresa minera, ya que por muchos años se argumentó que las bondades económicas florecerían en la región cuando la transnacional se instalara; “son las cosas que a uno le molesta, y se dicen con un fin de desfigurar la tierra que existe ahí y la tierra es parte de nosotros”.
“En la medida que alguien diga que esa tierra no sirve para nada, quieren decir que los pobladores tampoco sirven”, reclama Solís.
Para Felipe Ramírez, las llanuras del norte de San Carlos son tierras prósperas, que abastecen lo necesario para vivir; incluso este vecino de Cutris dice que poseyó por algunos años una planta empacadora de tubérculos y raíces para la exportación a Europa.
“Eran productos de exportación; no era para hacer una olla de carne y cualquier pedazo me servía; eran productos que cumplían con estándares de calidad”, explicó Ramírez.
Agregó que “tal vez mucha plata no se tendrá, pero ahí el que aguanta hambres es porque no quiere sembrarse su comida”.
La población opuesta a la empresa minera cuestionó la duración del proyecto, al considerar que la transnacional pretendía realizar su explotación por un plazo de tan solo una década;  “no era un proyecto que me fuera a mantener toda la vida, ya que estaba programado a 10 años y por lo tanto no me hubiera mantenido a futuro; si fuera algo estable yo hubiera apoyado la iniciativa, porque ahí sí me hubiera podido mantener”, alegó Ramírez.
El proyecto minero pretendía la extracción de aproximadamente 800.000 onzas de oro, y para ello se necesitaba la contratación de personal; no obstante, los operarios contratados por Industrias Infinito por lo general provenían de otras comunidades, reprochó Solís por su lado, y asegura que durante la época en que se contrató mayor número de operarios fue para la tala del bosque dentro de la finca, realizada en el 2008.
La empresa se amparó en el decreto del Poder Ejecutivo firmado el 13 de octubre de 2008   por el exministro de Ambiente Roberto Dobles y el expresidente Óscar Arias, en el que  dieron el aval para que Industrias Infinito talara cerca de 191 hectáreas.
El decreto fue paralizado por la Sala Constitucional una semana después, ante un recurso de amparo presentado por el abogado y regidor sancarleño Edgardo Araya y la organización Unión Norte por la Vida (UNOVIDA). Pese a ello, no se pudo evitar que se talaran cerca de  60 hectáreas.
Para realizar este trabajo se contrataron al menos 63 sierristas, de los cuales apenas tres provenían de comunidades como Moravia de Cutris, tal y como lo asegura Felipe Ramírez.
“Cuando se hizo el devaste del bosque tenían apenas tres empleados de Moravia; eso quiere decir que no iba a solucionar nada para las demás familias”, cuestionó Ramírez.
Sobre el futuro de estas personas contratadas por la minera luego del cierre de esta,  Ramírez comentó que “como en Moravia nunca ha habido empleados, desconozco qué habrá pasado con ellos”.
Los representantes de Moravia de Cutris alegan que la única forma de proveer el desarrollo a las comunidades rurales es mediante la organización comunal, que permita sacar adelante los proyectos de interés de la población. Aun así reclaman el respaldo del Estado, pues  -como lo manifiesta Danilo Solís- “el sistema político nuestro no tiene voluntad para buscar mercados más justos para los productores”.
Adujo que durante muchos años los campesinos de la frontera con Nicaragua han trabajado sus propias fincas, pero con proyectos como la extracción minera se busca cambiar el modo de vida; “lo que quieren es convertir a los propietarios en proletarios; nosotros renunciamos a eso y seguimos resistiendo a cualquier propuesta que venga a desgastarnos”, externó.
Por su parte, Felipe Ramírez destacó que “al final de todo este proceso retomamos nuestras vidas”.
El testimonio de los vecinos de Moravia de Cutris de San Carlos, lo compartieron ellos en el seminario organizado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, denominado “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas”.
 

 
Detalles de cómo iniciaron la lucha
El 1 de octubre de 1993, René Castro -entonces Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), otorgó el permiso de exploración para el proyecto Crucitas, el cual pertenecía en ese momento a la compañía Placer Dome Inc., a través de su subsidiaria en Costa Rica, Placer Dome de Costa Rica.
Entre 1994 y 1996 se perforaron 341 pozos, los cuales permitieron identificar y evaluar las zonas dentro del área de exploración del proyecto Crucitas. Esta situación alertó a los pobladores de las comunidades aledañas e hizo que algunos vecinos se informaran sobre el posible impacto de la minera en la zona.
“Vimos un programa en televisión sobre un proyecto minero en Brasil, y de ahí nació la inquietud sobre los impactos que causaban los grandes movimientos de terreno, la devastación de bosque, y a partir de ahí se empezó a escudriñar lo que se veía venir”, afirmó Danilo Solís, vecino de Moravia de Cutris.
Durante estos primeros años de lucha, las comunidades recurrieron a las instancias locales en busca de información sobre los avances del proyecto minero, sin recibir respuestas a las dudas que surgían; “se nos decía que eso era intocable, que era un monstruo gigante, y que no se podía hacer nada”, expuso Solís.
Mientras tanto, Felipe Ramírez recordó que “cuando iniciamos la lucha nos decían ignorantes, porque nos negábamos -según ellos- al desarrollo de los pueblos”.
En 1999, la empresa Placer Dome traspasó el proyecto a Lyon Lake Mines, también canadiense; esta última modificó su razón social, pasándose a denominar Industrias Infinito Sociedad Anónima.
La discusión sobre las repercusiones de la actividad minera dividió a los pobladores de las comunidades cercanas a Cutris, Moravia, CoopeVega, ya que muchos habitantes de la zona creían que con la instalación de la planta de extracción minera a cargo de la empresa Industrias Infinito, llegaría desarrollo económico a la región fronteriza con Nicaragua.
Sin embargo, la división comunal provocada por la discusión de los pros y contras de la instalación de la minera no generaron enfrentamientos personales entre los vecinos, tal y como lo contó Felipe Ramírez.
“Al haber división nunca fuimos donde un compañero a decirle que ellos estaban mal o que estábamos en contra de ellos por hacerle caso a lo que decía la minera”, aseguró el vecino de Moravia de Cutris.
Los efectos más visibles de esa división entre las comunidades fue la paralización de algunos proyectos importantes para los pueblos fronterizos; durante tres años se estancó el mejoramiento del camino lastrado entre Buenos Aires de Pocosol hasta CoopeVega.
Para Solís, esto se dio porque se creía que solamente si entraba el proyecto minero podría terminarse de mejorar la ruta. “Era una forma de manipular a la población que estábamos en contra”, reprochó.
“Cuando un pueblo se divide se estanca el progreso, ya que hacemos más entre todos”, argumentó Ramírez, quien además indicó que luego de cerrada la mina la comunidad ha vuelto a retomar la unión, con el fin de realizar proyectos que beneficien a toda la población.
Ramírez –presidente desde hace dos años del comité de acueducto- aseveró que ahora trabajan en las mejoras para el sistema de abastecimiento de agua potable; “antes esto no se podía; ahora si hacemos una actividad todos participan”.
La población opuesta a la minería además considera que Industrias Infinito se valió de proyectos comunales, para tratar de convencer a la población sobre la necesidad de mantener abierta la planta de extracción de oro.
De acuerdo con Ramírez, cuando se abrió el laboratorio de cómputo en la escuela local, la minera argumentó haber donado el sistema de aire acondicionado, lo cual no fue así, ya que  la minera tan solo dio una donación  para la construcción del redondel.
“Les lavaban el coco a los pobladores; yo sé que todas las cosas que tenemos en Moravia fueron producto del trabajo de los vecinos; si dieron algo fue una limosna; por ejemplo,  cuando construyeron el redondel aportaron ¢500.000; si dieron algo más lo desconozco”, puntualizo Ramírez.
Entretanto, Solís afirmó que cursos impartidos en las comunidades por funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), eran utilizados por la empresa para promocionarse, al aducir sus representantes que se impartían gracias a la minera.
La lucha comunal con el pasar de los años se visibilizó en el ámbito nacional, por lo que recibieron el respaldo de organizaciones ambientalistas y civiles. Fue así como tras un juicio el 24 de noviembre del 2010, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo revocó los permisos de explotación a la empresa Industrias Infinito. Un año después, la Sala Primera ratificó la sentencia del Tribunal.
Ahora la empresa minera espera la resolución de una acción de inconstitucionalidad, presentada por sus abogados, aunque la planta ubicada en Cutris de San Carlos fue cerrada y parte de su maquinaria la trasladaron a Nicaragua.