El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer, de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.
En dicho instrumento del derecho internacional, se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, lo que evidencia un descuido de larga data en la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer.
Se señala también, que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, impidiendo el adelanto pleno de la mujer, siendo la violencia uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se les fuerza  a una situación de subordinación respecto del hombre.
En la Declaración se evidencia la preocupación por el hecho de que algunos grupos de mujeres, por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia.
Para los efectos de la Declaración, se entiende por «violencia contra la mujer» todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Según el artículo 2 la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.  
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
Como corolario de estas disposiciones, el 17 de diciembre de 1999, las Naciones Unidas establecieron  el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre de cada año, en honor a las hermanas Mirabal (mujeres activistas dominicanas, secuestradas, violadas y brutalmente asesinadas por la dictadura de Trujillo, precisamente el 25 de noviembre de 1960).
Si bien es cierto el mundo y nuestro país en particular han ido avanzando en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la búsqueda y promoción de mecanismos de protección frente a la violencia a la que se han visto sometidas desde tiempos inmemoriales, debemos ser vigilantes de que esos derechos y esas garantías se reafirmen todos a cada momento.
En este sentido, la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debe ser un recordatorio para todas y para todos, de que el flagelo de la violencia es un mal difícil de erradicar, en razón de lo cual, la lucha por la dignidad de la mujer es de todos los días e involucra a todas y  todos los ciudadanos de bien en nuestro país.