Treinta y ocho diputados (PLN+PUSC+ML+1 ex PASE+ 2 “cristianos”), honrosa excepción del PAC, FA y el socialcristiano Luis Fishman,  votaron  a favor de la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro. Para Fabio Molina (PLN),  la votación fue “una llamada de atención” a la Corte Suprema de Justicia (La Nación S.A. 16/11/12).
Además, agrega “la Sala constitucional se había excedido en sus competencias y había que restaurar el equilibrio entre poderes” (Ídem). De inmediato, las “razones” dadas para destituir al juez Fernando Cruz provocaron un sinnúmero de reacciones de indignación y malestar de ciudadanos de diversos sectores e instituciones, para empezar, en el Poder Judicial mismo, al punto que el Fiscal General calificó el asunto como un “golpe de Estado técnico” (La Nación S.A. 17/11/12). Pongo “razones”, así entre comillas, porque ni un solo diputado fue capaz de esgrimir un argumento en contra del desempeño en sus labores del magistrado Fernando Cruz,  fueron y siguen siendo incapaces de señalar alguna falta en su actuar que justificara sólidamente su voto. Es más, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa no encontró problema alguno y había recomendado por mayoría la reelección del magistrado. Y según la perspectiva jurídica, el magistrado estaba automáticamente reelegido desde el 14 de noviembre, exactamente un mes después de cumplirse los ocho años de elección por el Parlamento, amparado en el artículo 158 de la Constitución. Así las cosas, el actuar de los legisladores no resultaba ni legal ni legítimo. ¿Qué es lo que se le cobra a la Corte? Y más específicamente: ¿Qué es lo que se le estaría cobrando, de forma personalizada, al magistrado Cruz Castro? ¿En qué se había excedido la Sala IV y por qué sus decisiones provocan “ingobernabilidad” para un grupo de diputados? Un amplio sector de la sociedad que valora muy positivamente la labor del magistrado Cruz Castro opina que se le cobra su probidad, valentía e independencia. Veamos: en el caso del TLC con EE.UU. tuvo una posición divergente de la mayoría de los magistrados, también votó en contra de las leyes de implementación del acuerdo comercial en el 2008. En el 2010 votó a favor de un recurso que se propuso detener el proyecto minero Crucitas. Y en abril de este año fue parte del voto unánime contra la forma en que se aprobó el Plan Fiscal. Así la cosas, cabría pensar que Cruz Castro es ‘una piedra en el zapato’, un obstáculo para una agenda particular e inconfesable de intereses  político-empresariales en el país. Quizás esas sean las “fuerzas oscuras” a las que aludió en su momento el presidente de la Corte Luis Paulino Mora. Es de recordar la labor valiente del Ministerio Público que llevó a los tribunales y juzgó a dos expresidentes de la república e indagó a otro más por actos de corrupción. El Poder Judicial se muestra fuerte y con gran legitimidad; la impunidad en casos de corrupción que involucrara a políticos ya no estaba garantizada.
Ahora bien, fue en los días siguientes que una parte de las “fuerzas oscuras” empezaron a clarearse un poco. Una diputada libertaria afirmó que el ministro de la Presidencia la llamó para pedirle no votar por la reelección del magistrado Fernando Cruz (La Nación S.A. 20/11/12). Por su parte, el precandidato presidencial Rodrigo Arias felicita a los legisladores verdiblancos luego de la votación, según  diputados y un asesor legislativo.
Los últimos hechos relevantes en esta trama se desarrollan de la siguiente manera: El día sábado se le da trámite a un recurso de amparo presentado por Carmen Muñoz (PAC) y por el diputado Luis Fishman del PUSC. El recurso deja sin efecto la decisión de los legisladores y reinstala en su puesto a Fernando Cruz mientras se resuelve el amparo. Luego, el día martes en el plenario, con Víctor Granados a la cabeza, anula la votación del jueves 15. Luis Gerardo Villanueva (PLN) apela la resolución de nulidad, se procede a votar y con el resultado de 26 diputados a favor (ya no 38) y 19 en contra, se echan abajo dicha resolución. Resultado: A la Sala IV le dejan la decisión de enmendar un error que  pudo tener solución en la Asamblea Legislativa. Luego algunas mentes estrechas y cínicas se preguntan del porqué de la judicialización de la política y del creciente e incontenible descontento popular.