Los incidentes que se dieron recientemente en la localidad indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas -que dejaron tres heridos-, se suman a una ola de creciente violencia en la lucha por la propiedad de tierras cada vez más valiosas en las zonas rurales del país.
Poblaciones indígenas y comunidades de pequeños agricultores enfrentan cada vez más a los intereses de los terratenientes, en conflictos generados por incertidumbre registral sobre la propiedad de los terrenos en algunos casos, y en otros por simple usurpación e invasión de terrenos.
Incidentes de violencia como el de Salitre se han dado recientemente en comunidades como Medio Queso de Los Chiles o Keköldi en Talamanca (ver UNIVERSIDAD del 5 de diciembre 2012 y del 11 de agosto del 2011).
 
Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre y coordinador nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), declaró que los conflictos en territorios indígenas se deben “a gente no indígena que son invasores ilegales de territorios nuestros y reaccionan con violencia”.
“Ahora nos quieren sacar de nuestra casa, pero ejerceremos nuestra autonomía y no permitiremos que nuestra tierra sea usurpada por gente que no tiene derecho a ella. Las poblaciones indígenas han tomado conciencia de ello y el pueblo de Salitre ha decidido seguir esa dirección”, añadió Rojas, quien en setiembre del año pasado sobrevivió a un atentado contra su vida.
Este mes de enero también ha visto tensas situaciones en Milano de Siquirres, concretamente en terrenos de la empresa agrícola Matas de Costa Rica S.A. En los enfrentamientos más recientes, los precaristas que reclaman pagos adeudados por la empresa recibieron disparos de parte de agentes de la empresa de seguridad privada Cisco, según reportó el Diario Extra el pasado 10 de enero. Ese incidente dejó varios heridos, incluso una mujer herida de bala en la cabeza.
UNIVERSIDAD buscó datos oficiales sobre la cantidad de conflictos generados por precarismo o intentos de usurpación de tierras. En el Instituto de Desarrollo Rural (INDER, antiguo IDA) se ofreció el dato de que el año pasado se aprobaron 64 desalojos de predios, pero no todos se hicieron efectivos.
A través de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan -jefe del Departamento de Desalojos- indicó que no se llevan estadísticas al respecto por falta de recursos, y que “tampoco son muy sencillas de realizar, porque en muchas ocasiones se envía la orden de ejecución a la policía y nunca recibimos respuesta de lo que ocurrió”.
Además hizo ver que “tampoco podemos saber cuántos desalojos ejecutó la Fuerza Pública, que fueron ordenados por oficinas públicas de todo el país y mucho menos por todos los jueces”.
CONFLICTOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS
Rojas detalló que el territorio de Salitre consta de 3.500 hectáreas, que aún están en proceso de recuperación en su totalidad. Se trata de una población de unos 2.000 habitantes, quienes se dedican principalmente a actividades agrícolas, como la siembra de frijoles, maíz, café, cacao, banano, plátano, tubérculos y algunas frutas. También se da alguna actividad ganadera, pero las mayores fincas dedicadas a ello están en manos de personas no indígenas.
Además se mantiene un área importante de bosque primario y secundario. Añadió que el pueblo bribrí  de Salitre lo integran 17 comunidades, las cuales cuentan con tres colegios (dos son telesecundarias).
Al referirse al incidente del pasado 6 de enero, destacó la manera “violenta y cobarde” en la que el ataque se dio cerca de la medianoche, cuando un grupo de personas no indígenas “llegaron con armas de fuego y machetes y sólo había dos hombres, dos mujeres y dos niñas”.
“Quieren arrebatar la tierra a los indígenas, pero ya la comunidad está prevenida si hubiera otro atentado”, insistió al enfatizar que los indígenas poseen el título de propiedad de los terrenos. El dirigente coincidió en que situaciones como el avance de monocultivos como la piña o la intensa inversión inmobiliaria, han aumentado la presión sobre la tenencia de la tierra en el territorio nacional.
Asimismo, manifestó que el FRENAPI inició un proceso en Salitre y en los demás territorios indígenas del país, por la recuperación de los terrenos que están en manos de personas no indígenas.
Desde octubre del año pasado la Defensoría de los Habitantes medió en una tensa situación en Salitre y el jueves 10 de enero el defensor adjunto Luis Fallas visitó de nuevo la zona. El funcionario expresó que el último suceso se dio en un terreno que los indígenas habían recuperado el 2 de enero.
Fallas calificó los hechos de violencia que se dieron días después como “de gravedad inaudita”. Detalló que uno de los tres hombres indígenas que fueron heridos, fue marcado con un fierro candente para ganado. “Es un castigo de una simbología y un mensaje con el que nadie puede estar de acuerdo”, reprochó.
Según supo UNIVERSIDAD, tras esos incidentes varios sujetos han sido acusados penalmente, por intento de homicidio y lesiones culposas.
CAPITALES TRANSNACIONALES
Jeffrey López, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, indicó que el problema de la tenencia de la tierra es “central” en términos de la  reivindicación de los derechos indígenas y de los pequeños campesinos.
Esa Asociación trabaja en diferentes comunidades temas relacionados con la expansión piñera, la instalación de proyectos hidroeléctricos o el medio ambiente. Tras recordar que en la zona sur el porcentaje de tierras dentro de territorios indígenas en manos de personas ajenas a esas comunidades es muy alto, López aseveró que “un indígena sin tierra pierde su cultura”.
Al referirse al problema de la tenencia de la tierra en la zona norte, coincidió en que ante la crisis económica y los procesos de transnacionalización de la agricultura, hay “mucha presión” para que los pequeños agricultores vendan sus tierras a piñeras y demás empresas de monocultivos.
Héctor Monestel, abogado de la comunidad campesina de Medio Queso, informó que no se han dado nuevas eventualidades en ese caso y que el problema de la tenencia de la tierra es “generalizado”.
A su parecer, hay “grandes capitales” que ejercen presión sobre la tierra y no sólo por el tema de la producción. “Existe un gran sector transnacional vinculado a la biotecnología y no es un secreto que en la zona norte hay intereses de ese tipo, que se suman a los desarrolladores inmobiliarios y turísticos, así como a empresas de producción extensiva de piña, naranja o melón”.
Sostiene que la  concentración de la propiedad de terrenos en manos de estas “nuevas versiones de terratenientes” es directamente proporcional a la “exclusión y destrucción de la pequeña y mediana actividad agrícola del país, es la pauperización del campesinado costarricense”, pues este sector “tiene cada vez menos opciones de acceso a la tierra y las políticas estatales de los últimos tiempos al servicio del capitalismo y de grandes transnacionales, ha afectado sus derechos hasta en el plano jurídico”.
MAYOR VIOLENCIA
Por su parte, el Defensor Adjunto destacó que situaciones como la que se presentó en Salitre se dan porque durante más de 30 años las comunidades indígenas no han encontrado respuesta de los gobiernos a los problemas de la tenencia de la tierra dentro de sus territorios y puntualizó que reivindicaciones similares  se están dando en Guatuso y Cabagra.
“Si no cambia la situación y la actitud del Gobierno, va a correr la sangre. Se puede desatar una reacción en cadena en los demás territorios indígenas”, advirtió con preocupación.
Mientras tanto, Jeffrey López subrayó que el país está ante un nuevo ciclo de lucha por la tierra, en el que destacó un “cambio institucional que desprotege aún más a los campesinos”, ya que con la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el INDER “el Estado pierde protagonismo en la resolución de conflictos”.
Respecto a los grupos de seguridad privada, le llama la atención a que tanto en Salitre de Buenos Aires como en Medio Queso, “aparecen grupos irregulares armados que defienden los intereses de empresarios y terratenientes”.
“Estamos ante una nueva fase de lucha por la tierra, más conflictiva y marcada por la violencia de los usurpadores y los grupos irregulares que contratan”. Al mismo tiempo, aseveró que esa nueva fase más violenta forma parte de un problema estructural del sistema, el cual “no es coyuntural sino histórico”.
 

 
Enfrentamientos en Medio Queso

El caso se caracterizó por los desalojos y constantes enfrentamientos entre la comunidad de 132 familias y los agentes de seguridad privada contratados por un empresario llamado Élmer Varela, cuyo abogado manifestó a UNIVERSIDAD que Varela nunca dejó de trabajar el terreno en disputa desde el 2005 (ver edición del pasado 5 de diciembre).
En noviembre trascendió una grabación en la cual se escucha a quien aparentemente es un funcionario de la Fuerza Pública de Los Chiles, recomendar a los agentes de seguridad privada disparar a la cabeza de los campesinos.

En declaraciones a este Semanario, el abogado Héctor Monestel calificó el conflicto como un “claro ejemplo de la presión sobre la tierra”, ya que “esa finca se ubica en un sitio en donde el precio de la tierra se disparará”.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia en Talamanca
En abril y julio del 2011 se dieron tensas situaciones en el territorio indígena de Keköldi, en Talamanca, a raíz de que un ciudadano italiano se adjudicó en un remate una finca que es abarcada por una ampliación de ese territorio indígena decretada en marzo del 2001.
En esa oportunidad el diputado José María Villalta declaró a UNIVERSIDAD que “es un ejemplo más de cómo en Costa Rica continúa el despojo de la tierra y los derechos humanos de los indígenas”.

Poco después, la comunidad ganó un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la reivindicación de las 6.000 hectáreas  que conforman su territorio.
 

 

 
La policía en Pococí

En enero del 2011 la Fuerza Pública desalojó violentamente a 33 familias de un terreno de 46 hectáreas en la Rita de Pococí. UNIVERSIDAD reportó el hecho en la edición del 8 de febrero de ese año y documentó que cuando el desalojo aún no había terminado, se realizó la donación de 32 hectáreas al mismo Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de instalar en el sitio la Academia Nacional de Policía.
Esas familias habían ocupado la tierra durante 10 años, cultivaban la tierra,  incluso habían construido casas y se agruparon en la Asociación de Productores Caribeños.
 

 
Tensión en las zonas costeras
Comunidades costeras como Sardinal de Carrillo –en Guanacaste-, o Puerto Jiménez y Dominicalito -en la zona sur-, desde hace años chocan de frente con la gran expansión turística que no sólo puja por esos espacios, sino por recursos esenciales como el agua.
En algunos casos, como el de Dominicalito, incluso se ejecutaron desalojos y se destruyeron algunas casas. La presión popular logró impulsar un proyecto de ley denominado Territorios Costeros Comunitarios, pero su aprobación no ha sido posible, y en su lugar se aprobó un proyecto de moratoria a la ejecución de desalojos, el cual fue cuestionado por la Contraloría General de la República.

En octubre pasado el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, declaró que esa medida  “establece el beneficio para hoteleros y concesionarios que se metieron en la zona pública. Incluso está beneficiando a sociedades anónimas que han sido cuestionadas por narcotráfico”.