Cuando el viernes 21 de diciembre de 2012 se supo de la absolutoria de los imputados en el caso ICE-ALCATEL, en Guatemala se encontraba la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, festejando el fin y el inicio de una nueva era de la humanidad, según la cultura maya. Dos hechos contrapuestos, en apariencia sin ningún vínculo, se asociaron para que en una misma fecha, la ciudadanía costarricense haya asistido a uno de los indultos más vergonzosos de la historia patria, que guardando la proporción de lo acontecido en el Petén,  nos marca igualmente el inicio de una nueva era: la impunidad de cuello blanco y más en el país.
Todo el andamiaje judicial que llevó ante los estrados a un expresidente de la República y al grupo de funcionarios públicos y privados relacionados con el recibo de dádivas por parte de la firma telefónica, estaba cayendo irremediablemente al precipicio con la fuerza demoledora de los argumentos del Tribunal de Apelaciones. El juicio que dignificó al sistema judicial costarricense, para probar los hechos que involucraban a personajes de alto linaje político, se desmoronaba ante la impavidez de los ciudadanos y el implacable vencimiento  de la acusación.
Mientras tanto, el pueblo ya había efectuado su propio juzgamiento. Celebrar, como lo hizo uno de los encartados al abandonar la prisión, desbarrando contra el sistema judicial y el engranaje periodístico que lo llevó a perder la libertad y su honor, no tenía otra razón de ser que la euforia momentánea que experimenta una persona cuando abandona intempestivamente un reclusorio. Más allá de esa desorbitada reflexión, surge el verdadero nudo gordiano que llevó a los jueces del Tribunal a conceder la libertad a los imputados: una prescripción de la acusación y una prueba bancaria obtenida de forma ilegal. Dos errores de extrema magnitud para llevar a prisión a quienes actuaron de forma dolosa.
Pero al hacer un balance de los hechos, el peso de la conciencia de quienes fraguaron el ilícito, es mucho mayor que las limitantes legales que impidieron llevar al grupo a la condenatoria. Haber salido a la libertad tras la puerta de la prescripción, deja a los imputados con una huella indeleble de su dudoso actuar que acarrearán por el resto de sus días, incluida la estrategia montada por el  testigo de la corona.
Mientras tanto, la ciudadanía impávida ante el resultado judicial, sabe que la justicia tiene una frontera infranqueable, ante la cual sus argumentos se diluyen y dan paso a la sonrisa burlona de quienes fueron sus víctimas. Esa sutil barrera legal hoy tiene a los encartados en sus hogares disfrutando de su imprevista liberación, sin reparar en el hecho de que el pueblo emitió su condena de total repudio a la asociación y enriquecimiento ilícito con que salieron favorecidos.
Es claro que ante lo emitido por el Tribunal de Apelaciones, es poco lo que puede hacer la Fiscalía, pero es un hecho palpable que el grupo gestó el recibo de las millonarias dádivas a la luz de su poder político,  aunque –al final− aspectos de forma de la acusación impidieron ejecutar las sentencias condenatorias.
La resolución final, lejos de ser una lápida al sistema judicial, más bien alerta a los ciudadanos acerca del entramado político que juega en este tipo de delitos y advierte sobre la dificultad que enfrentan los órganos acusadores para reunir las pruebas que los incriminen.  El resultado de toda esta trama es que  Costa Rica tiene entre sus ciudadanos libres, a una gavilla de pillos que se pasean impunes en el territorio nacional, producto de los orificios judiciales que salvaron su pellejo, pero sobre  los cuales el pueblo ya emitió su veredicto final.