Palmares es uno más de los cantones que se niegan a la producción transgénica. (Foto: archivo)
Luego de un análisis por parte del Concejo Municipal, el gobierno local de Palmares tomó la decisión de sumarse a los cantones que se han declarado libres de cultivos transgénicos, todo con el objetivo de proteger la salud ambiental y de los habitantes de la comunidad, así como salvaguardar al agricultor nacional.
Palmares se unió a cantones como Grecia, Barva, Oreamuno, Paraíso, Talamanca, Cañas, Abangares, Santa Cruz, Moravia, Nicoya y Aguirre, que han tomado la iniciativa para establecer lineamientos a las empresas y productores de diversos alimentos, entre ellos el maíz.
Adicionalmente, el pasado lunes 21 de enero los cantones de San Rafael de Heredia y Aserrí también se declararon cantones libres de transgénicos, aumentando la cifra de comunidades en contra de este tipo de producción.
El acuerdo del Concejo de Palmares está vinculado a una serie de cuestionamientos y razones que presentaron distintas organizaciones y ambientalistas, en contra de la producción agrícola con transgénicos.
De acuerdo con Filadelfo Sancho, presidente del ayuntamiento, recalcó que los palmareños, al igual que muchos otros cantones del país, cuentan con raíces campesinas y una milenaria tradición agrícola.
“Ahora nos quieren envenenar el maíz y mañana podría ser el café, los frijoles o el arroz;  por eso nos unimos a esta campaña. Además, como buenos costarricenses, amantes de la ecología y la solidaridad con los pueblos del mundo que ya están sufriendo las consecuencias de esta nefasta práctica, no nos podíamos quedar atrás”, argumentó Sancho.
Adicionalmente a las preocupaciones y dudas que genera el tema de la producción transgénica en el ámbito mundial, entre las razones que motivaron la decisión, se encuentra una presentada por Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la cual cuestionó la solicitud por parte de dos empresas para sembrar maíz transgénico.
RAZONES DE PESO

En su presentación, Arauz planteó su preocupación de que el maíz es un cultivo de polinización abierta, por lo que no existe restricción biológica para que los genes foráneos de estas plantas se pasen al maíz criollo o a las variedades no transgénicas.
Además, argumentó que el cultivo de maíz indígena podría verse alterado con contaminación de genes patentados y es conocida la forma en que las empresas de biotecnología actúan cuando encuentran genes de sus patentados en otras plantas, lo cual podría acarrear problemas legales a pequeños productores nacionales.
Por otra parte, el experto expuso el interés de los agricultores de rescatar el maíz criollo y darle un valor agregado cultural, ya que esta ha sido una lucha por parte de las organizaciones indígenas y ambientalistas en todo el mundo, y que podría encontrarse amenazada por la contaminación transgénica.
“En Costa Rica hay oportunidades muy interesantes para valorizar lo criollo en cultivos originarios de América, como el tomate, el chile, el ayote, el aguacate, el frijol y en especial  el maíz, que están ligados a una cultura autóctona y a la alimentación saludable”, señaló Arauz en el oficio presentado al Concejo.
Otra razón es que a lo largo de los años se ha desarrollado un interés por el cultivo de maíz orgánico, iniciativa que se vería afectada en caso de una posible contaminación transgénica, tanto por la modificación como por el uso de insecticidas en las plagas.
De igual manera, pesó en el acuerdo municipal −indicó Filadelfo Sancho− que todavía hay una discusión sobre cómo puede afectar la inocuidad de los productos y la salud de las poblaciones expuestas a productos transgénicos, y en estos casos la prudencia es la mejor consejera.
“Ante estas razones de peso instamos a las demás municipalidades del país para que se unan en esta lucha por la vida”, dijo el presidente municipal.
GARANTÍA DE LUCHA

Otra persona que emitió criterios ante el Concejo de Palmares fue el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien presentó un escrito con el objetivo de lograr que el cantón se uniera a los otros que ya se habían declarado libres de transgénicos.
El especialista cuestionó la forma en que se establecieron los procedimientos para sembrar productos transgénicos, pues en el pasado se exigían estudios técnicos, sobre todo en el caso del maíz, apoyados en la legislación nacional e internacional, como el Protocolo de Cartagena y la Convención de la Diversidad Biológica.
Dichas instancias establecían que ante la duda de los efectos que podrían generar dichas plantaciones, lo recomendable es que las autoridades debían inclinarse por no otorgar los permisos.
El problema es que con el establecimiento de las normativas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), la situación cambió.
Es probable que se produzcan una serie de mecanismos de persecución y cuestionamientos a las decisiones tomadas por las municipalidades que se han declarado libres de transgénicos, sobre todo por parte de las grandes transnacionales y empresas que desarrollan estos cultivos.
Sin embargo, explicó Sagot, de acuerdo con la legislación constitucional las municipalidades tienen las herramientas para defenderse, dado que son entidades autónomas, que tienen en sus manos temas tan importantes como el cobro de patentes, organización interna del cantón, entre muchas otras.
Esto implica que la ley los faculta a decidir si se puede o no sembrar transgénicos en sus territorios, pensando en la seguridad alimentaria, así como en la protección de los granos criollos, de manera que se evite la contaminación de sus productos.
“La moción garantiza que cualquier empresa que quiera sembrar en la zona, estará limitada a sembrar productos o granos que no sean transgénicos y si aún así lo hicieran, la oficina de gestión ambiental de la municipalidad y los inspectores a cargo tendrán la potestad de establecer los procesos judiciales para prohibir los cultivos y decomisar los productos de ser necesario. Ahí veremos actuar la creatividad de los municipios, pues estamos hablando de un tema muy nuevo”, detalló el especialista.
Según Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista, esto es un verdadero reto, para echar a andar el trabajo de abogados y municipalidades, que permitirá un mayor involucramiento de la opinión pública y la movilización social.
El experto hizo énfasis en que aún está pendiente de resolver el tema de la autonomía y la soberanía municipal en el cantón de Abangares, donde se sostiene una moratoria que prohíbe la siembra de transgénicos y la solicitud de un decreto ejecutivo que declare el maíz patrimonio cultural de Costa Rica.
“Al mismo tiempo, el bloque de organizaciones en defensa del maíz, hemos apostado por defender el patrimonio agrícola de la contaminación transgénica, declarando a distintas zonas libres de transgénicos; de hecho esto ya representa el 20 % del total del territorio nacional”, puntualizó Álvarez.
En el caso de Palmares, a diferencia de otros cantones, la disposición de prohibir la producción transgénica es genérica; es decir, cubre todos los productos, entre ellos −desde luego− el maíz.
 

País aprueba siembra de maíz transgénico



Una información emitida a última hora, al cierre de esta edición (lunes 21), dio a conocer la decisión por parte de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado (CTNBio), de votar a favor la solicitud de la siembra de tres variedades de maíz genéticamente alterado, de la empresa D&PL Semillas LTDA, propiedad de la transnacional Monsanto.

Los tipos de maíz que fueron autorizados son el amarillo Yieldgard II, resistente a los lepidópteros; el amarillo Roundup Ready, tolerante al glifosato; y el amarillo CCR, que es tolerante al glifosato y resistente al gusano de la raíz Diabrotica.

Para los movimientos y organizaciones ambientalistas, esta es una violación a las voces del pueblo costarricense, así como a diferentes grupos campesinos, universitarios, de expertos y ciudadanos que han mostrado su oposición a la siembra del maíz transgénico en el país.

Para Fabián Pacheco, representante de la Federación Ecologista, en la CTNBio, ante la dinámica y actitud de la mayoría de integrantes de la Comisión ya tenían claro dónde estaba su lealtad.

“La Comisión no tiene ninguna intención de variar la práctica permisiva a la introducción de transgénicos y por lo tanto seguirá siendo un departamento de tramitología al servicio de las empresas”, censuró Pacheco.