La pareja conformada por Maureen Chacón y Alberto Alpízar esperan la implementación del método de FIV en hospitales públicos de la CCSS. (Foto: Katya Araya)
El expediente médico de Maureen Chacón es muy claro: dos años es el tiempo que le resta para poder procrear de manera natural un hijo. Su reloj biológico no se detiene y corre a una velocidad mucho mayor de la que avanzan los trámites que el Estado costarricense debe realizar para reactivar el tratamiento de fertilización in vitro en nuestro país, luego del fallo emitido el pasado 20 de diciembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige brindar esta técnica de reproducción asistida en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social  (CCSS).
Maureen Chacón se sometió al examen de la “hormona antimülleriana” con el fin de conocer cuántos óvulos dispone y cuántos de estos podrían ser fértiles. Según lo determinado por el estudio, su vida reproductiva podría extenderse  dos años más; de cumplirse el plazo dictado por el médico, Chacón tendría 37 años y su esposo 48 años.
A Maureen  le detectaron hace ochos años endometriosis severa grado tres, enfermedad que produce el sistema inmunológico y que afecta el útero de las mujeres. Para esta pareja, la fertilización in vitro es la última opción a la cual puede recurrir para poder concebir, luego de haberse sometido a diferentes exámenes, entre estos al método de inseminación artificial.
Acudir a la CCSS es además  su única posibilidad, al no contar con los recursos económicos suficientes para pagar la atención en la medicina privada. Al haberse prohibido en nuestro país, muchas parejas viajaban al exterior a someterse al tratamiento. “Cuando iban a Panamá tengo entendido que había que pagar hasta 16 mil dólares”, apuntó Maureen.
Pero esta opción no es viable para Maureen, que tiene a su cargo una tienda en Tarbaca de Aserrí, ni para su esposo, Alberto Alpízar, quien trabaja la tierra en esa comunidad donde ambos han vivido siempre.
Alpízar celebró la sentencia de la Corte Interamericana, porque ya se había resignado a no acceder al tratamiento. “Este fallo es como cuando se tiene algo perdido pero luego regresan las esperanzas”, declaró.
Así como esta pareja, algunas otras esperan que el Estado asuma la aplicación de este procedimiento médico; sin embargo, para que los hospitales públicos puedan iniciar la atención de las parejas infértiles, y así determinar si el método in vitro es la opción más viable, podrían transcurrir algunos años, según lo confirmó la gerente médica de la Caja, María Eugenia Villalta. (Véase: “Sentencia toma por sorpresa a la CCSS”)
La institución de salud pública solicita tiempo para analizar el fallo de la Corte -ya que este  se conoció al finalizar el año, momento en el cual los jerarcas de la institución se iban de vacaciones-,  y así poder determinar cuál será el mejor procedimiento para implementar el tratamiento exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la Caja le corresponde asumir ahora la aplicación del tratamiento en momentos en que las finanzas de la institución se encuentran descuidadas, se requiere capacitar personal hospitalario e invertir en la compra de equipo, tal como lo reconoció  Villalta.
Aunque los datos sobre la posible inversión que deba hacer la institución de salud pública para reactivar el método no están claros, Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, adelantó semanas atrás que el golpe financiero para la institución podría ascender hasta $90.000.000 en la compra de tan solo algunos equipos. Al tiempo que habría que esperar que se cumplan los requisitos establecidos para la adquisición de bienes, situación que podría demorar aún más la aplicación de la FIV en el país.
Pese a esto, el abogado que representó a parte de las familias demandantes, Huberth May,  considera que al ser un tema de salud pública el Estado debe hacer todo lo necesario para subsanar el derecho de las parejas a aplicarse el tratamiento.
“Entiendo que la Caja tiene su problemática, pero creo que la inversión para comprar equipos necesarios no sería muy grande y sería manejable. Esto no va a quebrar a la institución, con algunos ajustes se podrá hacer fácilmente y de manera razonable”, aseveró May.
FRUSTACIÓN
Los últimos ocho años han sido difíciles para la pareja Alpízar Chacón, pues han transcurrido entremezclados entre el deseo de tener un hijo y los resultados negativos de las pruebas médicas. “El tiempo pasa y se agota”, aseguró Maureen Chacón.
Y es que esta pareja no imaginó que una sentencia de la Sala Constitucional tendría tanto impacto en sus vidas. “Nunca nos pasaba por la mente que íbamos a ser uno de estos casos que se verían afectados por la declaración de la Sala”, sostuvo Maureen.
El 15 de marzo del año 2000 –cuando Maureen y Alberto se conocían– la Sala Cuarta resolvió una acción de inconstitucionalidad a favor del abogado de la comisión que asesoraba a la Conferencia Episcopal, Hermes Navarro del Valle, quien  impugnó un decreto ejecutivo firmado en mayo de 1995, en el cual se autorizaba esta técnica de reproducción asistida entre cónyuges con problemas para concebir.
En respuesta a esta sentencia de la Sala Constitucional, en el 2001 las parejas afectadas y sus abogados presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 29 de julio del 2011 la demanda fue sometida a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dio como resultado el fallo que exige al país la reactivación del tratamiento en los centros públicos de atención médica. (Véase: ¿Qué falló la Corte?)
REACCIONES
Una vez conocido el fallo de la CIDH, se inicia el debate sobre la manera de regular el tratamiento y se discute así la posibilidad de reglamentar la FIV en un plazo breve, para luego recurrir a la creación de una legislación que dé un mayor cuerpo a la aplicación del método de reproducción asistida.
El presidente del Colegio de Médicos, Alexis Castillo, señaló que lo mejor que podría hacerse es crear un marco legal para reglamentar el método; no obstante apunta: “nos inclinaríamos para que se iniciara con un decreto ejecutivo a través del Ministerio de Salud, ya que vía ley sería muy dilatado”.
Mientras que Huberth May, abogado representante de las parejas demandantes, afirma que se mantiene en contacto con el Poder Ejecutivo con el fin de guiar el procedimiento por  seguir. May coincide con la posición del Colegio de Médicos al asegurar que mediante un decreto ejecutivo se podría tener más claridad sobre las pautas generales para esclarecer la toma de decisiones por parte de la CCSS.
“Se puede tomar como base el reglamento anterior y ajustarlo a los nuevos tiempos”, señaló May, quien consideró que ese decreto mantiene un perfil general que permitiría la reactivación de la técnica in vitro nuevamente. Agregó que temas más conflictivos podrían discutirse en la Asamblea Legislativa posteriormente.
Por su lado, la gerente médica de la CCSS, María Eugenia Villalta, señaló que no es decisión de la Caja la forma en que se regule la aplicación de la técnica. “La regularización es del Ministerio de Salud, nosotros nada más la cumplimos”, consideró Villalta.
Sobre el costo del tratamiento en el sector privado, el presidente del Colegio de Médicos aseguro que esa entidad será la responsable de fijar las tarifas. “En estos momentos no se tiene el costo del procedimiento al público, pero sí al Colegio de Médicos le correspondería, luego de un estudio de mercado, fijar las tarifas mínimas del procedimiento”,  detalló Castillo.
El entrabamiento de la discusión acerca de la viabilidad de la regulación del método y la carencia de fondos para la compra de equipos necesarios son parte del panorama al cual se enfrentan parejas que requieren someterse al tratamiento de FIV en los centros médicos públicos del país. No obstante, en seis meses el Estado deberá dar cuentas a la CIDH sobre cuánto ha avanzado en el tema. Ese primer avance es esperado además por las familias necesitadas del procedimiento, ya que conocerán qué tan cerca están de someterse a la técnica de fertilización in vitro.
 

 
¿Qué falló la Corte?
1. Las autoridades pertinentes del Estado deberán adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto con la mayor celeridad posible la prohibición de practicar la FIV, y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la sentencia. El Estado deberá informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto.
2. El Estado deberá regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la Sentencia. Además, el Estado debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida. El Estado deberá informar anualmente sobre la puesta en vigencia gradual de estos sistemas.

3. La Caja Costarricense de Seguro Social deberá incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a disposición de quienes los requieran y de los planes diseñados para este efecto.

(Fuente: Sentencia CIDH, emitida el 20 de diciembre de 2012. Pág. 104)

Gerenta médica de la CCSS:

No podemos empezar sin recursos



La gerente médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María Eugenia Villalta, advierte que sin recursos es difícil iniciar la fertilización in vitro, según lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



El reloj biológico es el principal enemigo de algunas de las familias que requieren aplicarse el tratamiento de fertilización in vitro.

-Nosotros no podemos empezar si no contamos con recursos, no podemos asegurar nada. Si en estos momentos a alguna familia se le acaba el reloj biológico durante este año, no podemos, ya que el país está apenas regularizando. Estamos juntos haciendo lo mismo, el país y la institución están trabajando.



Se habla del presupuesto que debería destinar la institución con el fin de asumir la aplicación del tratamiento. ¿Hay fondos para asumir el gasto que implica lo ordenado por la Corte?

– El presupuesto de la institución para el presente año ya se aprobó en la Asamblea Legislativa, nunca se pensó que se autorizaba al país y menos que se le diera a la institución, por lo que no se incluyó una partida para este tema específico; entonces tendría que resolverse por otros medios por las autoridades superiores, o por lo menos analizar qué  se va a hacer. Estamos tratando de rehacer todos los análisis para saber cuánto es el monto que hace falta, suponemos que es muy grande pero no podría decirle hoy cuánto es, pero esta es una técnica muy compleja y costosa.



¿Ante la situación actual de las finanzas de la institución, podría generar  esta inversión un desajuste en la situación económica de la Caja?

-No sabría decirle, pero creo que sí será necesario buscar presupuestos extras, ya que dentro del presupuesto nuestro  no se ha programado.



El fallo de la Corte no habla de plazos fijos para el inicio de la aplicación del tratamiento en los centros públicos del país. Se indica que a mayor celeridad se implemente, pero esto podría tomarse…

-Años, yo digo que años, no sé cuántos, pero sí hay un personal que necesita capacitarse y duran dos años en capacitación, eso es lo que medimos; nosotros ahora en seis meses podríamos ir definiendo plazos, ahora estamos en una etapa diagnóstica. Es un procedimiento que se dejó de hacer en el país, por lo tanto la institución no ha capacitado funcionarios, no ha dado becas. Hay médicos que han hecho la especialidad pero no la ejercían porque acá estaba prohibido, estamos diciendo que tal vez en uno, dos o tres meses estaríamos definiendo el tiempo que nos demore.



¿Si en su momento la Caja aplicaba el tratamiento, por qué ahora se genera tanta incertidumbre sobre el procedimiento que se debe seguir para reactivarlo? ¿Se perdió la infraestructura generada en ese momento?

-Supongo que ya no se cuenta con el equipo, porque eso fue hace muchos años. La infraestructura ya no existe, los equipos deben estar obsoletos, los especialistas se han ido pensionando.



El Colegio de Médicos asegura que existen 14 especialistas que podrían brindar el tratamiento. ¿De estos cuántos trabajan para la Caja?

-Estamos haciendo el análisis, sabemos que en los hospitales nacionales tenemos capacitados médicos, nos falta el resto del equipo. Lo que sé es que hay dos médicas en el Hospital Carit, uno en el Calderón y en el San Juan, no sé si en el México hay. A nivel privado hay como cuatro o cinco, pero este procedimiento no es solo de médicos y requiere la especialización de más personas.



¿Cómo asume la CCSS las expectativas que genera este fallo?

-Es un fallo que genera expectativas en la población, porque las parejas ven cerca la culminación y ese es un proceso muy complejo que no es de un día para otro.