Debido a los elevados costos del mantenimiento de las imágenes, se ha restringido su acceso solo para las personas registradas en PrensaCR.
En caso de poseer una cuenta, hacer clic en “Iniciar sesión”, de lo contrario puede crear una en “Registrarse”.
En todo “Contrato Social” el ciudadano común y corriente entrega uno o más derechos a sus representantes, a fin de obtener ciertas garantías y seguridades, o bien ampliar sus derechos, pero jamás pensando en que se le socavarán estos. Cuando lo primero no ocurre o esto último sucede, la “democracia cierta” devuelve el poder a quien elige para remover al elegido.
Sin embargo, cuando en una democracia quienes reciben poder pasan por la orilla de los problemas de los gobernados o se hacen “el gato bravo” con lo que no es de ellos, la llamada gobernabilidad hace agua, porque el ciudadano perdió credibilidad en las instituciones. Quienes en algún momento tuvieron “legitimidad” jurídica y política ya no la tienen. No es, pues, un asunto de si adoptamos un sistema presidencialista reforzado, un modelo de “primer ministro” al estilo Gran Bretaña o hacemos ejercicios eclécticos al mejor estilo de las familias patriarcas latinoamericanas. No quiere decir con lo anterior que desconozca los esfuerzos plasmados por la “Comisión de Notables” designada por la mandataria Laura Chinchilla. ¡Jamás! Para comenzar, descubrí lo del Contrato Social gracias a las brillantes lecciones de Francisco Antonio Pacheco sobre “Teoría del Estado” en la Facultad de Derecho, sin olvidar los aportes que en mi vida profesional dio Vladimir de la Cruz.
Nadie está tampoco contra la institución europea de “censurar” a un ministro (R 7 del Informe) máxime cuando hemos visto más de ¢22 mil millones sacados de los bolsillos de los costarricense para una trocha fronteriza cuyos fondos públicos no se recuperarán. Empero, no habrá tal censura si, seguidamente la presidencia de la República (R 8 del Informe) solicitará al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a elecciones legislativas anticipadas. Si aplicamos aquello que aprendí en “Historia de las Instituciones” con mi profesor De la Cruz, sobre una clase política costarricense dependiente y resultado de una cruel Conquista (yo digo que fue una invasión por una España causante de uno de los holocaustos más grande de la historia), apuesto lo que ustedes quieran que los diputados no se animarán a quedarse sin su hueso de cuatro años, diligenciando la “censura” de un ministro.
Apuesto además que pocos rechazan la idea de que los diputados diligentes se reelijan; ¿pero que mecanismos hay en el informe para cesar la representación de aquellos mediocres en sus competencias? Si la democracia funcionara como los Notables nos sugieren (democracia representativa) aquellos legisladores que se quedaron en el puesto después que trataron de linchar al magistrado Fernando Cruz se les hubiera revocado su legitimidad, pues quienes entendieron que “el soberano” se manifestó a favor del magistrado, considerándolo moralmente superior a ellos, sencillamente se van para sus casas. No hay mecanismos de participación en casos como estos para el ciudadano que no fuera la movilización y las vigilias a favor de Cruz.
Esta pérdida de legitimación –entendida como ingobernabilidad− por aquellos que en algún momento fueron legitimados por el ciudadano común y corriente y ahora carecen de ella por falta de transparencia, abuso de poder, etc., es notoria en cuanto a la existencia de la Sala Constitucional. La abundante búsqueda de amparo del ciudadano común y corriente ante esta instancia judicial refleja ni más ni menos que la crisis de “gobernabilidad” tiene otras raíces. Las democracias modernas tienen mecanismos expeditos para que el ciudadano revoque sus derechos confiados, cuando se equivocó de representantes. Un ejemplo de estos mecanismos democráticos funcionando perfectamente es Suiza. Por el contrario, al ciudadano por estos lares cada vez se le amputa su participación en asuntos de incumbencia política, jurídica y económica. Cito dos casos de muchos ocurridos a pocos días de llegar el acta de la independencia a Cartago. Son dos recientes: En la Administración de Miguel Angel Rodríguez, en ocasión del “combo del ICE”, para contener las constantes protestas se aprobó una ley que criminalizó estas; frente a los escándalos de corrupción, la presente administración donó bozales para “ Edmundo y todo el mundo” con la llamada Ley Mordaza. En cuanto a participación del ciudadano en la democracia contemporánea los Notables nos amordazaron.
Este documento no posee notas.