Las propuestas de los notables para reformar la Asamblea Legislativa están pensadas para mejorar la representación de las minorías, no para perjudicarlas, respondió a las críticas el historiador Vladimir de la Cruz, miembro de la comisión de expertos llamados por la presidenta Laura Chinchilla para proponer soluciones a la “ingobernabilidad” del país.
Exdirigente de izquierda, tres veces candidato presidencial y embajador en Venezuela durante el  último  gobierno de Óscar Arias, de la Cruz en entrevista para UNIVERSIDAD refutó críticas que se han hecho al informe de los notables desde algunos sectores sociales.
Se refirió en particular, a aquellas que le señalan al informe la tendencia de culpar a la Asamblea Legislativa por los problemas del país, cuyo origen no está  ahí, así como la pretensión de reducir al extremo los tiempos de discusión de los proyectos en nombre de una mayor eficiencia, como si la Asamblea fuera una fábrica de leyes y no una institución de debate democrático y de control político.
Don Vladimir, el diputado José María Villalta (Frente Amplio) dice que los sectores sociales cometerían un grave error si ignoran las amenazas que están detrás de este documento… ¿Cómo  ve estas críticas?
-El documento está pensado en términos generales para no afectar intereses de minorías y para  asegurar también la representación de esas minorías. Es la realidad la que cambia las cosas, no somos nosotros. La realidad política del 2014 significa que San José pierde un diputado, y al perder un diputado −si se mantuvieran los índices electorales del 2010 con respecto a la votación del 2014− el Frente Amplio, los cristianos y algunos diputados del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) probablemente no hubieran salido electos, porque al perder un diputado San José  aumenta cerca de un 3 % el cociente electoral, y esto hace que esa gente no hubiera quedado electa.
Cuando nosotros estamos proponiendo una lista adicional de 30 diputados (pasar de los 57 actuales a 87),  estamos asegurando que con un 3 % estos puedan elegirse. De manera que con los votos que sacó el Frente Amplio, ese partido habría sacado dos o tres diputados más. Entonces aquí estamos favoreciendo la  representación, que es lo que al final de cuentas la gente quiere.
Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que si se hacen todas, entonces vale la pena hacer el aumento del número de diputados, por ejemplo. Si no se hacen las reformas del trabajo legislativo para hacer eficiente  la Asamblea,  no vale aumentar los diputados, porque quedaría peor.
 
Uno de los puntos que llaman la atención en la propuesta es la restricción de tiempos para defender mociones y los proyectos en el plenario: 20 minutos por fracción en total, 5 minutos por diputado. Se cuestiona que esto negaría en mucho la posibilidad que tienen los opositores para argumentar sobre los proyectos en la Asamblea, adonde se va a parlamentar, pero ustedes quieren restringir esa característica fundamental de la institución.
-El derecho de los diputados de tener su espacio para expresar sus puntos de vista no lo eliminamos. Hemos puesto ciertamente un límite de tiempo, porque es irracional que si un diputado presenta mil mociones de forma cambiando una coma o un punto -porque así lo hacen-, entonces tenga mil horas para defender eso. Un diputado paraliza toda la Asamblea impidiendo la realización del derecho de las mayorías que se expresaron para el parlamento y eso no debe ser.
 
¿No es una contradicción que si usted en el pasado ha defendido −mediante sus partidos donde militó− estos mecanismos con los cuales los pequeños se pueden oponer, ahora esté impulsando unas medidas que podrían recortar esa posibilidad?
-En mi caso hay consecuencia; yo señalé en el pasado que en mi opinión los diputados lo que debían hacer es expresar sus puntos de vista, fijar posiciones, y dejar votar. Uno fija posiciones y deja votar. Sí habrá cosas que por su naturaleza requieran un debate más profundo, (pero) entonces se puede acudir a la movilización popular para tratar de frenar esas cosas, como se pudo frenar el Combo (del ICE).
 
Otra de las propuestas que ha causado discusión es la bajar el número de diputados necesario para el inicio de la sesión legislativa, y que cuando haya debate que no sea necesario que exista un quórum. Esto podría provocar que en algún momento un diputado esté tratando de argumentar sobre un proyecto y esté hablando solo. ¿No atenta esto contra la esencia del parlamento que es la discusión y el intercambio de puntos de vista?
-En Estados Unidos me ha tocado ver a un parlamento funcionando con (solo) un diputado y no pasa nada. El diputado expone sus puntos de vista, están las actas, la televisión y la radio que trasmite el discurso, y al final es lo que vale. Aun así, los diputados tienen el derecho de agregar al acta todo aquello que no han dicho en el discurso.
Eso no se elimina (en la propuesta) y se le da funcionalidad al parlamento, en el sentido de que el quorum no se puede romper arbitrariamente para sabotear el proceso parlamentario. Por abierta la sesión, con que haya un diputado en el uso de la palabra la sesión está funcionando. Solo se va a requerir el quórum para votar. Eso va a hacer más responsables a los diputados, y los va obligar, ya no a parlamentar como sinónimo de “chachalaquear”, para decirlo gráficamente. El Congreso va a tener una dinámica de discusión cualitativa y no una dinámica como la que tiene hoy, donde se pasan la palabra de una curul a otra para hablar paja literalmente…; al fin van a estar obligados a decir lo que tienen que decir realmente.
 
Otra de las reformas que llama la atención es la limitación de que a las investigaciones legislativas solo se llame a los funcionarios públicos, cuando en la práctica se ha visto que la convocatoria de personas privadas −sobre todo en casos de corrupción− ha resultado ser  de mucha utilidad, no solo para la Asamblea, sino para que el  público en general conozca detalles de las situaciones que se están dando y afectan a todos. ¿Por qué esa disposición?
-Es por la responsabilidad política y funcional que tienen los organismos públicos, y porque hay responsabilidad de los funcionarios públicos. Las personas privadas pueden negarse a declarar como lo hacen en las comisiones legislativas, pero además no tiene ningún vínculo legal el que alguien vaya a una comisión legislativa con los tribunales de justicia. Eso es como irle a cantar a la Luna. Si aquí las comisiones parlamentarias tuvieran un peso como lo tienen en Estados Unidos −donde pueden pasar casi de una vez a la parte judicial−, aquí estaríamos hablando de otra cosa y probablemente nosotros estaríamos hablando de fortalecer ese marco de control político de la Asamblea Legislativa. Pero no tenemos ese control. Eso no impide que puedan llamar a funcionarios de empresas privadas y si están vinculados a fondos públicos, están ligados al aspecto público y en eso nosotros no hemos renunciado a que cualquier persona que maneja fondos públicos, aunque sea indirectamente, pueda ser llamada a rendir cuentas y a establecer responsabilidades no solo civiles sino también penales.
 
¿No es  cierto que muy poco de lo que ustedes están planteando podrá ser aplicable a corto plazo, por lo menos en lo que resta de este gobierno?
-Si hubiera voluntad política de llegar a acuerdos, algunas cosas sí. Por ejemplo, la reforma electoral de la casilla en blanco que yo propongo junto con Rodolfo Piza (abogado). Hay cosas que requieren reforma constitucional y se pueden aprobar ahora antes de mayo y luego después de mayo (en segunda legislatura, necesaria para una reforma constitucional). Entonces entrarían en funcionamiento. Pero si no se aprueban antes quedan para el 2014 o más allá, y entrarían a funcionar hasta el 2018.