Obreros en labores de recolección de escombros y reparaciones el pasado 22 de enero,  en la sección II, entre Ciudad Colón y Orotina. (Foto: Katya Alvarado)
El pasado 27 de enero se cumplieron tres años desde que el gobierno de Óscar Arias autorizó la recepción provisional de las obras y puesta en servicio de la carretera San José-Caldera (Ruta 27), concesionada a la empresa Autopistas del Sol, y con algunos importantes trabajos estipulados en el contrato que aún no se han realizado.
La recepción provisional de la obra, acordada en un principio para dar tiempo al concesionario de concluir los trabajos secundarios que la administración gubernamental  considerara  necesario hacer, se ha prolongado  indefinidamente, con obras básicas aún pendientes, principalmente en la sección II del  proyecto: Ciudad Colón-Orotina  (ver recuadro “Algunas obras aún pendientes”).
El gobierno de Arias autorizó la puesta en servicio provisional de la vía en el 2010, a pesar de que dicha autorización “no se podrá otorgar si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud que puedan poner en peligro la integridad de los usuarios, o afectar de manera significativa la operación fluida y la seguridad vial de la carretera”, según estipula la sección 2.16.7.2 del contrato.
Cabe recordar, sin embargo, que recién abierta la vía en el 2010, se presentaron hundimientos y derrumbes que obligaron a cierres frecuentes que afectaron a los usuarios; incluso hubo una muerte por la colisión de un motociclista con una roca, y también se dio el cierre de la radial a Atenas, hasta el presente.
Por otro lado, si bien la carretera agilizó el transporte hacia las provincias de Puntarenas y Guanacaste en el Pacífico, con el intenso tráfico en ocasiones −cada vez más frecuentes− se forman colas en las estaciones de peaje, no solo en días festivos, sino también entre semana. Así  lo han evidenciado los  usuarios en sus reportes a medios de comunicación y redes sociales, y se preguntan por qué el Gobierno no le exige al concesionario el cumplimiento de la cláusula que dice que debe levantar las barreras cuando los tiempos de espera superen la media de ocho minutos por carril, medida establecida por el contrato en las secciones 2.11 y 3.2.5.2.
También ha llamado la atención la ausencia de oficiales de tránsito, que no intervienen  para normalizar o aliviar la situación. La explicación de Elmer Fallas, jefe de operaciones de la Policía de Tránsito, es que no participan porque es una concesión, y solo acuden cuando los concesionarios lo soliciten.
Por su parte, consultado −por medio de su encargada de prensa− Edwin Rodríguez, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), acerca de por qué no se levantan las barreras en los peajes cuando se forman los embotellamientos, indicó que “el tiempo de espera es de 8 minutos durante 2 horas seguidas, situación que hasta el día de hoy no se ha presentado”.
A la vez informó que al mes de noviembre del 2012 se estima un ingreso total en la vía de $129.014.474 (¢64.507 millones), según la información aportada tanto por la sociedad concesionaria, como por la empresa supervisora del proyecto (CACISA).
Cabe anotar, que solo en el peaje de Escazú se reporta una recaudación de $69.2 millones, lo que significaría que en tres años ya se ha recolectado casi el doble del costo de la inversión en ese tramo ($38 millones).
El punto tiene relevancia por cuanto si bien la concesión es por 25 años, tiene la característica de que el ingreso se registra por valor presente y la concesión termina cuando se recoja lo invertido, por lo que el control estatal de los ingresos es fundamental.
De acuerdo con el CNC, para el control del tráfico en cada una de las estaciones de peaje se tiene instalado un sistema de videograbación, totalmente independiente al del concesionario, el cual graba el tráfico durante las 24 horas.
La consulta al CNC se hizo ante inquietudes surgidas por un estudio de la auditoría del  CNC conocido el año pasado, que dio cuenta de fallas en el funcionamiento y mantenimiento del sistema electrónico instalado para cuantificar el flujo de  vehículos, a cargo de una empresa privada.
FISCALIZACIÓN
Semanas atrás la CGR alertó (informe DFOE-IFR-IF-10-2012) que nueve años después de refrendado este contrato, la administración no ha conformado el órgano fiscalizador,  a pesar de que la normativa vigente y el mismo contrato lo exige.
Tal situación se debe “a la falta de toma de decisiones oportunas y acertadas por parte del CNC, ya que si bien se han emprendido acciones para la conformación del mencionado órgano, estas han resultado infructuosas debido a falta de planificación y al grado de improvisación con que se ha desarrollado la ejecución del contrato”, señala la CGR. Si el CNC hubiera cumplido con su obligación, muchas de las debilidades del proyecto se hubieran prevenido y los daños evitado, observó el órgano contralor.
Sumado a lo anterior, en el marco de la investigación sobre irregularidades en las concesiones que realizó una comisión de la Asamblea Legislativa en el 2011, la  CGR señaló la necesidad de que el CNC cumpliera con la obligación de crear el órgano fiscalizador del proyecto San José–Caldera.
Dicha comisión emitió un informe de mayoría que documentó esa y otras irregularidades en la ejecución del proyecto, y lo envió a la Fiscalía General para que estableciera las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios responsables. La Fiscalía inició una investigación al  grupo de funcionarios que autorizaron la puesta en servicio prematura de la carretera en enero del 2010, pero del caso no se ha vuelto a hablar.
SIN INTERÉS
En  la Asamblea Legislativa el informe no ha sido puesto a discusión del plenario por la presidencia de este órgano,  y no fue aprobada una moción que presentaron diputados de oposición para reformar el reglamento, tendiente a que estos informes sean de conocimiento obligatorio en el plenario. Esto, porque la fracción del gobernante Partido Liberación Nacional no quiere que el informe se discuta, afirmó el diputado José María Villalta (Frente Amplio).
Ha quedado demostrado que la administración no solo no tiene capacidad para fiscalizar las concesiones, sino que no tiene interés en hacerlo, y la CGR emite “informitos” que no se cumplen y tira la bola para adelante, sostiene Villalta, quien formó parte de la comisión legislativa y emitió un informe por aparte, que también mandó al Ministerio Público.
Opinión parecida compartieron los diputados Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) y Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana), quienes también integraron la comisión.
Para Oviedo, hay que pedir cuentas acerca del resultado de los informes sobre la concesión de San José-Caldera, porque no se han hecho las obras que faltaban, y se forman enormes colas en los peajes y no se hace nada. Asimismo, hay un informe de la CGR del 2010 que dice que el CNC debe mejorar el control del flujo de vehículos, por el tema de los ingresos que debe recibir el Estado costarricense; pero, dos años después sale otro informe de CGR diciendo lo mismo, añadió.
La semana pasada –agregó− se reunió con la contralora, Marta Acosta, para cuestionarle que la CGR no es diligente en la fiscalización de los informes que presenta, que son de acatamiento obligatorio y hay responsabilidad de la administración, pero las acciones no se ejecutan.
Según el  diputado Céspedes, “uno siente que este es el país de la impunidad, donde un funcionario puede cometer las irregularidades que quiera cometer y hacer lo que le da la gana, porque no hay ley que se les aplique y no hay interés de que los casos se resuelvan”.
 

 
Algunas obras aún pendientes

-Radial a Atenas (cierre parcial indefinido).

-Ampliación de la radial Santa Ana-San Antonio de Belén.

-Intercambios de La Guácima y San Rafael.

-Puentes peatonales

-Área para la prestación de servicios generales en la sección II de la carretera, que deberá contar con estacionamientos pavimentados para 50 vehículos particulares, 10 autobuses y 5 vehículos pesados de 5 ejes como mínimo (cláusula 2.3.2).

-Área de servicios especiales de control policial y sanitarios, adyacentes a la vía, con una extensión mínima de 2.000 m2, y deberá contar con estacionamiento para 5 vehículos oficiales, 15 particulares, 3 autobuses y 5 vehículos de carga de 5 ejes. Además de una estación para la atención de emergencias, que el concesionario operará en coordinación con la  Dirección General de Tránsito  (cláusula 2.3.1 y 2.3.3).