La reciente aprobación para cultivar maíz transgénico en el país −en la zona de Chomes de Puntarenas− por parte de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado (CTNBio) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, no generará ningún tipo de beneficio económico, ni social para Costa Rica, según confirmaron expertos en diversas áreas.
En su decisión, la CNTBio aprobó a la compañía D&PL Semillas LTDA. la siembra de tres tipos de variedades de maíz genéticamente alterado: el maíz amarillo Yieldgard II, resistente a lepidópteros; el maíz amarillo Roundup Ready, tolerante al glifosato; y el maíz amarillo CCR, tolerante al glifosato y al gusano de raíz Diabrotica.
La solicitud de la compañía tiene como objetivo lograr la siembra de ensayos de maíz −con semillas de la empresa Monsanto−, en un terreno que no supera una hectárea, para producir las semillas y exportarlas a su país de origen.
De acuerdo con Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, la solicitud es para un pequeño espacio de cultivo, con el fin de dar una multiplicación de semillas, pero no será posible obtener nada positivo de ello, pues se trata de una venta de servicios.
La multiplicación de semillas es un sistema que utilizan productores de países como Estados Unidos, que tienen fuertes períodos de invierno y que en ese tiempo no pueden producir, de manera que multiplican semillas en un país tropical.
De esta forma, la compañía que realizó la solicitud lleva a cabo la siembra del maíz transgénico y lo vende a sus dueños, es decir Monsanto. Una venta de servicios en la que el país no gana nada.
Por su parte, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista, coincidió con este criterio y agregó que el beneficio será únicamente para la compañía, ya que ni siquiera será para alimentación o transferencia tecnológica directa para el país.
“No podremos enterarnos sobre los resultados de la investigación, pues es privada; ni siquiera las personas que se encuentran en la CTNBio la conocerán. Producirán las semillas, y al finalizar serán exportadas; incluso hay variedades que no han sido aprobadas para consumo humano; entonces Costa Rica funciona únicamente como laboratorio físico”, criticó Álvarez.
Con respecto a los puestos de trabajo que algunos sectores aseguran que se generarán, los expertos afirman que realmente será poco y temporal, por lo que en realidad no es un beneficio significativo para el país, sobre todo en un marco en el cual existe una gran incertidumbre ante los posibles efectos negativos que podrían generarse.
Consultado el presidente de la CTNBio, Alex May, acerca de si se realizó una valoración de los beneficios que tendría el país ante la aprobación del cultivo del maíz transgénico,  indicó que la Comisión no tiene la competencia de ver los favores sociales o económicos que pueda generar esta actividad, sino que es una valoración meramente de gestión del riesgo al ambiente.
MODIFICACIONES GENÉTICAS
Los tres tipos de semillas que fueron aprobados para cultivar tienen características específicas y han sido diseñados para evitar plagas y hacerlos resistentes a herbicidas.
Una de las semillas es resistente a la aplicación de un herbicida específico; es decir, se aplica el producto para controlar las malezas que circundan el grano, pero el producto no muere.
Los otros dos tipos tienen que ver con el ataque de insectos, específicamente los lepidópteros que se comen la mazorca y a un gusano que ataca la raíz; en ambos casos, las modificaciones están relacionadas con la incorporación de un gen proveniente de una bacteria que produce una toxina con características de insecticidas y que se expresa en el maíz.
Cuando las plagas se alimentan del grano se mueren y el producto se hace resistente a estos organismos que lo atacan.
“En principio se podría pensar que son beneficiosas, pero no son genes naturales del maíz, sino que son obtenidos de otros microorganismos, cuando podrían buscar genes de resistencia en el maíz criollo”, argumentó Luis Felipe Arauz.
A pesar de que la Comisión no tiene a su cargo las valoraciones de beneficios que pueda reportar esta aprobación al país, hay gran cantidad de sectores que plantean que los efectos negativos serán muchos más que los positivos, y que ante la gran incertidumbre que existe, no se debió dar esta aprobación.
“El problema es que el maíz es una planta de polinización abierta; es decir, el polen del maíz es llevado por el viento a otras plantas, entonces hay un riesgo de que se diseminen hacia campos de maíz criollo, contaminándolos con sus genes modificados”, arguyó Arauz.
Esto afecta en primer lugar a los agricultores nacionales de maíz, quienes en estos momentos han planteado una solicitud para nombrar y dar categoría de patrimonio cultural al maíz criollo que siembran, debido a su gran variedad, valía cultural y nutritiva, para darle un valor agregado al producto, sobre todo de cara a los mercados compradores.
Evidentemente, de ocurrir una contaminación, podría darse al traste con el carácter criollo del grano.
“Se ha dicho que la polinización se da a poca distancia, pero es un mito; hay estudios que demuestran que incluso puede viajar desde cientos de metros hasta kilómetros. Hay quienes plantean que a países como Argentina y Brasil les ha ido bien con los transgénicos −específicamente con la soya−, pero ellos no tienen una variedad autóctona; aquí no está en entredicho si estamos de acuerdo o no con el progreso; el problema es que no hay beneficios para Costa Rica y sí puede darse una afectación al maíz propio”, alegó Arauz.
Entonces se podría decir que se pone en riesgo a los pequeños agricultores, quienes buscan dar un valor agregado a su patrimonio, por algo que no dará ninguna ganancia a Costa Rica.
Por ejemplo, un caso en que se dio contaminación fue en México, donde existieron pruebas -contó el experto− de que se contaminaban las especies con el polen. Además, se puede dar el caso de que alguna persona tome unas semillas y las siembre en otro campo.
“La Comisión asegura que las instituciones encargadas deben cumplir los protocolos y dar un control a los cultivos; sin embargo, sabemos que para el Estado no es posible contener una contaminación, sobre todo sabiendo las condiciones de escasez de recursos, de personal, vehículos y demás”, añadió Arauz.
Para Mauricio Álvarez, la polinización realmente es un riesgo abierto y así lo han admitido gran cantidad de expertos, al existir estudios y modelos de dispersión del polen que viaja por la atmósfera. También se podría dar contaminación de suelos y de otras especies.
Adicionalmente, Fabián Pacheco, especialista en agrobiología ambiental, advirtió que las diversas experiencias en distintos países del mundo donde se han sembrado transgénicos,  demuestran que estos no pueden coexistir con los naturales sin contaminarlos, desvirtuando las semillas campesinas.
“Es simplemente un negocio para unos pocos. Incluso esos tipos de maíz han sido prohibidos en siete países de la Unión Europea, entre ellos, Alemania, Polonia y Bélgica.  Entonces ¿por qué aprobar su cultivo en Costa Rica cuando hay dudas?”, preguntó Pacheco.
Con respecto a los cuestionamientos de una posible demanda por parte de las compañías, en caso de encontrar genes de sus semillas en otras fincas –posiblemente producto de la contaminación o la siembra del producto de terceros−, existen versiones de expertos que aseguran que no hay leyes que permitan a las transnacionales tratar a los agricultores como criminales, pero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dice que el país debe hacer todos los esfuerzos por aplicar los sistemas de patentes.
“Aunque no aplica para transgénicos, pero sí a otro tipo de cultivos, ya hay leyes que les  permiten a las transnacionales exigir a los agricultores el pago o reconocimiento por el uso de sus semillas”, advirtió Pacheco.
 

Decisión técnica
Ante los cuestionamientos por la aprobación de los permisos de siembra de tres variedades de maíz genéticamente modificado en Costa Rica, UNIVERSIDAD conversó con el presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado −del Ministerio de Agricultura y Ganadería−, Alex May, para conocer las implicaciones y razones por las cuales se tomó esa decisión.
A continuación se ofrece un resumen de la entrevista:
Ante la aprobación de la siembra del maíz transgénico, ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes como Comisión consideraron para aprobar la solicitud?
−Hay un fundamento legal, una estructura jurídica, que nos da la responsabilidad y obligación a este grupo multidisciplinario colegiado, para realizar las evaluaciones de riesgo de liberaciones al ambiente para cultivos genéticamente modificados, eso sí, que sea destino agrícola.
El objetivo de la solicitud es cultivar poco menos de una hectárea para los tres tipos de maíz, para exportar los resultados del ensayo al país de origen, que es Estados Unidos. La ley de Biodiversidad, la ley Fitosanitaria del Estado y la ley de la Comisión nos establece una serie de protocolos y guías ya desarrolladas, para hacer la evaluación de gestión del riesgo de este tipo de ensayos, y eso fue lo que hicimos, tomando en cuenta todos los aspectos científicos.
Existe una serie de cuestionamientos sobre este tipo de producción. ¿Qué gana el país con la siembra de este producto?
−Nosotros no valoramos ni vemos los aspectos económicos de lo que podría ganar el país; básicamente nos dedicamos a la evaluación de los riesgos que podría tener la introducción del maíz, el impacto al medioambiente y los aspectos desarrollados propios de uso agrícola.
El análisis que cada una de las instituciones relacionadas con la aprobación −entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Oficina Nacional de Semillas, el Ministerio de Agricultura y grupos de la sociedad civil− llevaron a cabo, permitieron concluir que hay un nivel adecuado de protección en la esfera de producción.
¿Qué quiere decir con un nivel adecuado de protección?
−Significa que considerando los elementos técnicos y científicos, el nivel de riesgo es bajo y manejable.
¿Entonces existe riesgo de contaminación de otros tipos de maíz con la producción de este producto?
−El riesgo siempre existe, pero de acuerdo a las medidas tomadas del manejo del riesgo y las medidas de seguridad, es posible manejarlo adecuadamente para evitar la contaminación.
¿A quién corresponde velar porque no se dé la contaminación?
−A todas las instituciones involucradas en el tema de monitoreo y vigilancia. Legislativamente hablando, todas las instituciones que están involucradas deben resguardar que los procesos se cumplan, desde que el producto ingresa al país, hasta que lo sacan.
Entonces sí existe riesgo de contaminación. ¿Qué sucedería en el caso de que se presente una contaminación en otros cultivos y la empresa que realiza los ensayos quiera demandar a los pequeños productores?
−Nosotros hacemos un análisis de las competencias y la posibilidad de que pueda darse una transgresión a otros cultivos de maíz, pero no analizamos temas de patentes; eso no es una competencia nuestra. Son temas muy específicos de otras instituciones que están vinculadas con la propiedad intelectual. Sin embargo, en Costa Rica no se puede patentar genes 

En pie de lucha
A pesar de que la aprobación de la CTNBio se dio para producir ensayos de maíz transgénico en Chomes de Puntarenas, muchas comunidades del país se encuentran preocupadas por proteger los diversos tipos de productos autóctonos del país.
Hasta la fecha un total de 16 comunidades han sido declaradas como cantones libres de transgénicos, algunos de manera general y otras específicamente en el tema de la siembra de maíz genéticamente alterado.
En total el país cuenta con un 19.22 % de su territorio que ha sido declarado libre de transgénicos.
Lo cierto es que zonas como Palmares, Abangares, Santa Cruz, Talamanca, Moravia, Barva, Paraíso, Grecia y muchas más, le han dicho no a este tipo de cultivos y están en proceso de lucha, para que su autonomía como gobiernos locales sea respetada por las autoridades nacionales. Incluso el cantón de Abangares presentó un recurso de amparo para defender la autonomía municipal (ver mapa de cantones libres de transgénicos).