Durante la reunión que tuvo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Santiago de Chile el pasado 25 y 26 de enero, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su colega cubano Raúl Castro analizaron los avances del diálogo de paz, que se lleva a cabo en la isla caribeña, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) de este país.
Ambas partes llevan a cabo un nuevo intento para poner fin a esa guerra, en medio de tensas negociaciones y sin bajar ninguno las armas, mediante una iniciativa que fue dada a conocer al mundo el 18 de octubre pasado en Oslo, Noruega, y que arrancó formalmente el 19 de noviembre en la capital cubana.
 
 
Las negociaciones en La Habana han ganado apoyo internacional, no solo de la CELAC —reunida en Chile la semana pasada—, que expresó en su documento final el apoyo a esas negociaciones, sino también de la Unión Europea. El pasado 1 de febrero se reanudaron las conversaciones en suelo cubano.
Cabe recordar que en el marco de las negociaciones, las FARC decretaron el pasado 20 de noviembre un cese al fuego unilateral de dos meses, que venció el 20 de enero.
Como el Gobierno colombiano no aceptó la propuesta de sumarse a esta iniciativa, las confrontaciones se reiniciaron a partir de esa fecha, generando nuevas tensiones, cuando el Gobierno acusó a la guerrilla de haber “secuestrado” a dos policías en el valle del Cauca.
Las FARC rechazaron que eso sea un “secuestro” y calificó a los militares capturados como “prisioneros de guerra”.
“Es insensato que mientras se hacen declaraciones de escalar la guerra, se eleven quejas por las consecuencias que esta desata”, dijo el representante de la guerrilla Luciano Marín —conocido por el alias de Iván Márquez— desde La Habana, refiriéndose a la oposición gubernamental a aceptar la propuesta de cese al fuego conjunto hecha por la guerrilla.
NEGOCIAR OTRA COLOMBIA
“Estamos aquí para negociar otra Colombia para las mayorías, no para rendirnos ni vendernos. Téngalo por seguro que no lo lograrán”, dijo Miguel Ángel Pascuas al periodista colombiano Hernando Calvo Ospina. Según Calvo, por la cabeza de Pascuas, jefe del Sexto Frente de las FARC desde hace 25 años, el Departamento de Estado ofrece $2.5 millones y el Gobierno colombiano $1 millón.
La entrevista, hecha en el marco de las negociaciones de paz, ayuda a comprender realidades que, de otro modo, parecen inexplicables. Esto se puede ejemplificar con el hecho de que esa guerra lleva ya más de 50 años y solo entre los años 2000 y 2008, Estados Unidos invirtió al menos $6.130 millones en el llamado “Plan Colombia”, para combatir a las guerrillas y el narcotráfico.
Como explicó Pascuas, “estamos aquí para negociar otra Colombia”. En el primer punto de esa negociación está el tema agrario. La prioridad parece indicar que ahí está la respuesta a la pregunta sobre el factor que alimenta esta guerra, como se verá más adelante.
En la entrevista, Pascuas revela otro aspecto más cotidiano, que ayuda a entender cómo se desarrolla el conflicto. “Aún no logro acostumbrarme a dormir en una habitación ni en esa cama. Tengo oídos muy sensibles, habituados a los ruidos de la montaña. En la madrugada no escucho el ruido de los animalitos de la selva, solo carros que pasan, y eso me perturba”, le dijo  Pascuas a Ospina.
“Ojalá –comentó− pudiéramos conformar un partido político sin que nos maten, como hicieron con la Unión Patriótica. Recuerde que nos asesinaron como a 5000  compañeros”.
Creado por una disidencia de las FARC en 1985, la Unión Patriótica fue diezmada por los paramilitares y el ejército. Dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, fueron asesinados, lo mismo que diputados, concejales, dirigentes sindicales y miles de militantes.
Ante esta realidad, Pascuas asegura que va “a luchar y luchar por la toma del poder hasta donde la salud y la vida me lo permitan”.
También, rebatió las acusaciones del ejército contra la guerrilla. “El ejército dice que nosotros nos amparamos entre la población civil, pero ojalá dijeran la verdad: cuando los tenemos acosados se esconden en las escuelas, viviendas y hospitales. Son unos cobardes. No somos nosotros lo que construimos los puestos de policía y militares al interior de las poblaciones”, sostiene.
A su parecer, “si hemos llegado tan cerca de grandes ciudades, como Cali, es porque tenemos una parte importante de la población de nuestro lado. Es imposible avanzar en la guerra revolucionaria sin el trabajo político con la población, sin el dominio del terreno”.
EL DESTINO DE LA NACIÓN
Mientras tanto, Timoleón Jiménez Timochenko, el miembro más antiguo del Secretariado de las FARC, reclamó que “la guerra no puede ser el destino de la nación”, al comentar los diálogos de paz en La Habana.
En su página de Twitter, en noviembre pasado, criticó la advertencia del presidente Juan Manuel Santos a los guerrilleros, de que su destino sería la cárcel o la tumba si no se desmovilizaban. “Exactamente esa es la causa del alzamiento armado en Colombia, la persecución a muerte contra la verdadera oposición política”, respondió.
Dentro de los temas que se discuten en las negociaciones, el agrícola es el primero de la agenda, que se completa con otros cuatro: drogas ilícitas, participación política, abandono de las armas y reparación a las víctimas, que se consideran más fáciles de negociar.
La concentración de la propiedad de la tierra en Colombia condujo al conflicto armado hace más de medio siglo, y el tema fue definido por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, como la “causa histórica de la confrontación” en el país.
Según Naciones Unidas –señala la BBC de Londres–, “Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en materia de tenencia de tierras, pues el 52 % de la tierra productiva está en manos de apenas el 1.15 % de sus habitantes”.
El presidente Santos ha propuesto reformas que en su opinión significan una “revolución agraria integral” y busca “potenciar la agroindustria, para convertirla en uno de los motores del crecimiento económico”, lo cual choca con la visión de las FARC, cuya  prioridad es la protección del campesinado.
Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno, el exvicepresidente colombiano Humberto de la Calle, alegó que no corresponde en la mesa de diálogo “negociar la propiedad privada, el modelo de Estado ni el modelo de desarrollo económico”, aunque admitió que si no hay un consenso sobre el tema agrario, se va “a perpetuar el conflicto”.
Para la discusión de dicho tema, se organizó una mesa en Colombia, en la que participaron más de 1300 ciudadanos y 522 organizaciones gremiales, empresariales y campesinas, que presentaron 546 propuestas a los negociadores.
No obstante, en esa mesa no participó la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), cuyo presidente −José Félix Lafaurie− la calificó de “demagógica”, en declaraciones a la BBC. “Yo no participé  porque no voy a legitimar a las FARC, ni voy a legitimar un escenario que no conduce a nada. No voy a legitimar una farsa”, espetó.
De la Calle respondió que los ganaderos “actúan de forma truculenta” frente al proceso de paz, lo que despertó, a su vez, la ira del expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales adversarios del proceso de negociaciones. Uribe expresó que el “Negociador del Gobierno se congracia con terroristas y maltrata al sector agropecuario víctima del descuido de este Gobierno”.