La presidenta Laura Chinchilla reafirmó que continuará la construcción de la cuestionada carretera fronteriza paralela al río San Juan. (Foto: archivo)
La construcción de la ruta 1856 junto al río San Juan, en la frontera con Nicaragua, “es una idea tan buena, que no quiero ser inmodesto y arrogarme la paternidad de ella”, declaró el exministro de Seguridad, José María Tijerino, a su salida de la audiencia que tuvo la semana pasada ante la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público.
No obstante, las razones que dio el exjerarca de Seguridad y actual embajador en Uruguay para fundamentar la decisión de construir la llamada trocha fronteriza, no convencieron a los diputados opositores en la comisión, que en las próximas audiencias llamará a comparecer a los “principales actores políticos” en este asunto, dijo la presidenta de ese panel legislativo, Patricia Pérez (Movimiento Libertario).
De las comparecencias aprobadas hay pendientes aún 104, por lo que habrá que valorar con los diputados que las propusieron lo que procede hacer, añadió la diputada.
 
 
Lo que sí confirmó Tijerino a los legisladores y legisladoras en su comparecencia el pasado 29 de enero, fue su paternidad de la solicitud que hizo el 1 de diciembre del 2010 a Francisco Jiménez −entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT)−, de habilitar las vías de acceso para el tránsito vehicular a los puestos fronterizos de Delta Costa Rica, Puerto Lindo y La Trocha, en los cantones de Sarapiquí, Pococí y Los  Chiles, obras que se hicieron entre diciembre del 2010 y enero del 2011, y que luego continuaron con la construcción de la mencionada ruta de 160 km paralela al río.
No obstante, Tijerino reiteró que no tuvo injerencia alguna en la contratación, ni en la forma como se hicieron las obras, y que lo que hizo fue cumplir con su deber como jerarca de la Seguridad, de tomar las previsiones necesarias ante la situación jurídica de “estado de necesidad” que había surgido con la invasión de isla Calero, y las amenazas de agresión al territorio nacional por parte del ejército de Nicaragua.
Estas obras en la zona norte se constituyeron en el proyecto estrella de la administración de la presidenta Laura Chinchilla, y que al amparo de un decreto de emergencia emitido por la mandataria en marzo del 2011, las emprendió el Consejo Nacional de Concesiones (CONAVI) por el mecanismo de “imprevisibilidad”, sin diseños, planos ni los controles ordinarios de la contratación pública, a un costo estimado por la institución de unos ¢24.000 millones.
Los trabajos se paralizaron después de que en mayo del 2012 el ministro Jiménez denunció ante el Ministerio Público a dos funcionarios del CONAVI, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, director y supervisor de la obra –respectivamente−, por la recepción de supuestas dádivas de los contratistas.
Jiménez fue destituido de inmediato por “responsabilidad política” en los hechos, y los mencionados funcionarios guardan actualmente prisión preventiva, mientras el Ministerio Público investiga las irregularidades denunciadas, que involucran también a empresarios y otros funcionarios.
El Gobierno tiene actualmente pendiente sacar a concurso la contratación de los diseños y estudios técnicos para terminar la carretera, que costaría unos ¢35.000 millones adicionales, y no se concluirá durante la presente administración, que finaliza en mayo del 2014, según han reconocido públicamente los jerarcas del MOPT.
En un artículo publicado el domingo pasado en el diario La Nación, la presidenta Chinchilla reafirmó que continuará la obra.
“El camino fronterizo conduce a mucho más de lo que algunos estiman. Su objeto no solo es comunicar poblaciones y puntos geográficos a lo largo del territorio nacional; es, además, un símbolo de resistencia pacífica a las amenazas externas, es un acto de reafirmación de la soberanía nacional en su territorio, y es una obra civil estratégica para el desplazamiento de nuestros policías y cuerpos de emergencia, si algún día tuviéramos que acudir de nuevo a defender la patria”, escribió la mandataria.
“Estoy convencida de que el tiempo irá reivindicando las razones que nos llevaron a construir el camino fronterizo como una obra de infraestructura civil, vital para la protección del país”, señaló.
NECESIDAD
Fiel al argumento sostenido por los funcionarios del Gobierno que han desfilado desde hace cerca de medio año por la comisión de Ingreso y Gasto Público −que investiga las  presuntas irregularidades con los fondos destinados a la trocha−, Tijerino defendió la obra como una necesidad para la defensa y seguridad del país, por las amenazas de agresión territorial del Gobierno sandinista de Nicaragua.
Sin embargo, las razones que dio Tijerino, para fundamentar la decisión de construir la vía fronteriza, no convencieron a los diputados de oposición, quienes insistieron en preguntarle por los nombres de los jerarcas del Gobierno que participaron en la toma de la decisión.
A la vez, el diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) y Martín Monestel (Accesibilidad sin Exclusión) lo fustigaron sobre las razones por las que dejó abruptamente en abril del 2011 su cargo en el Ministerio, en medio del conflicto fronterizo.
Céspedes incluso le preguntó si su salida no fue porque sintió conflicto de interés por tener él origen nicaragüense y le recordó que su bisabuelo había dirigido una misión de ese país, en un intento por recuperar el partido de Nicoya, que se había anexado a Costa Rica.
Al justificar la decisión de construir las obras en la frontera, Tijerino dijo a los diputados que fueron cinco los factores que sustentaron las medidas: la invasión militar nicaragüense en isla Calero, el desconocimiento del derecho de los costarricenses de libre navegación en el río San Juan, las amenazas de Daniel Ortega de exigir la libre navegación por el río Colorado, y la anexión de Guanacaste por Nicaragua, abiertamente desplegadas por los medios de prensa.
Otro factor de no menor importancia fue el hábil manejo del Gobierno de Nicaragua para obtener el respaldo unánime de las diversas fuerzas políticas y gran parte de la población en torno a la figura del presidente Ortega, argumentó (ver recuadro “Decisión imperiosa”).
El diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) consideró que la obstaculización de Nicaragua a la navegación en el río San Juan no es nueva, y que lo de la anexión de Guanacaste es “risible”. En su criterio, lo que se fraguó fue un caldo de cultivo para crear una psicosis de guerra con Nicaragua, intención que Tijerino negó tajantemente.
La diputada Pérez compartió la opinión de que, con excepción de la invasión a isla Calero, los elementos que mencionó Tijerino no son nuevos, y que incluso el canciller Enrique Castillo expresó en la comisión, que durante 40 años los vecinos habían estado amenazando permanentemente; ¿entonces cuál era ahora la diferencia?, preguntó Pérez.
Es cierto –respondió Tijerino− que en el pasado hubo incidentes fronterizos, pero la estrategia de los nicaragüenses era negar que hubieran acaecido en territorio costarricense. La diferencia es que ahora se está desconociendo el régimen de fronteras y no se está negando que las fuerzas militares hayan pasado las fronteras, sino que se dice que este es territorio nicaragüense, y que hay derecho a pedir la libre navegación por el río Colorado.
Además, había informes de inteligencia que daban cuenta de una actividad inusual del ejército de Nicaragua, y que recibía el apoyo unánime de la Asamblea Nacional y se daba una gran liberalidad de fondos, lo que hacía pensar que el país estaba ante una situación inédita, aseguró.
DILIGENCIA
Apelando a la diligencia y previsión con que aduce haber actuado, Tijerino sostuvo que “no hemos sido invadidos gracias a la política de seguridad desplegada por el Gobierno, y gracias a que supimos manejar este asunto con firmeza y con prudencia”, mientras que  por otro lado, en el campo diplomático, se defendió diligentemente la posición de Costa Rica, y hubo intervención de la Organización de Estados Americanos y posteriormente del Tribunal de La Haya.
Luego, se logró establecer que la emergencia iba más allá, porque se estaba amenazando Guanacaste “y es cuando se decide la construcción de esa vía paralela (a la frontera), para lo cual el Ministerio de la Presidencia emite el decreto de emergencia”, añadió Tijerino.
Pérez observó que la trocha igual puede servir para que puedan salir los policías, como puede servir al enemigo para entrar con mayor facilidad.
Tijerino replicó que las comunicaciones son básicas, no solo para poder atender las necesidades de la Fuerza Pública, sino para evacuar a la población en caso de emergencia, y la posibilidad de que un invasor la aprovechare  es más remota.
“¿El estado de necesidad nacional fue usted la persona que lo ordenó o participó alguien más?, interrogó la diputada.
“Yo era el jerarca –expuso Tijerino−, yo recibía toda la información de inteligencia de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), estaba al tanto de todos los informes de la Fuerza Pública, analizaba con los jefes policiales y expertos cuál era la situación, y con base en eso llegué al convencimiento fundado de que estábamos ante un estado de necesidad”.
El ahora diplomático aseguró que renunció al puesto de ministro por razones personales que no tuvieron nada que ver con el conflicto. Esto, ante una pregunta del diputado  Céspedes, quien le cuestionó que renunciara cuando había un conflicto con Nicaragua, y él era la persona adecuada para hacerle frente.
De igual manera, el exministro aseveró que no se avergüenza de su origen nicaragüense, y que por el contrario, él sabía lo que estaba en juego, al ver que se podía entrar en una guerra fratricida; de todo esto sacó la prudencia para evitar el conflicto.
El diputado reclamó que ahora nadie se hace responsable de las irregularidades cometidas en la construcción de la trocha, y el Fiscal General solo llama a declarar a los pequeños, “cuando las decisiones políticas que condujeron a hacer todas estas obras las tomaron ustedes”, le reclamó a Tijerino.
 

 
Supuestos intereses

El diputado Walter Céspedes sacó a relucir los supuestos intereses que podría haber detrás de la decisión de construir la trocha fronteriza, y dijo que el argumento oficial de que la carretera se hizo para beneficiar a “pobres campesinos abandonados” en la frontera, “no es real”.
“El gran proyecto de la trocha es el canal interoceánico de Nicaragua, que tiene que ver con la trocha (…). Esto de la soberanía se las trae, pues ahí (en la región fronteriza) hay petróleo, la  gente ha comprado propiedades y de alguna manera había que hacer eso y aprovechar la situación”, aseguró Céspedes.

Preguntada la presidenta de la comisión legislativa qué piensa de este argumento de Céspedes, Patricia Pérez detalló que “efectivamente desde que iniciamos esta investigación hemos tenido comentarios respecto de otros intereses: temas de gas natural, de petróleo, del canal seco, (es decir) una serie de observaciones de por qué se da la decisión política de construir la carretera en esa zona y no en otro lugar del país”.

“Es algo que no se ha podido demostrar, pero flota en el ambiente, y ahora nos dicen que es una zona muy rica en petróleo y que los nicaragüenses también tienen interés en eso”, agregó.

“Por eso le pregunté (a Tijerino) si el problema de Calero se inicia por el permiso que les dio René Castro a los nicaragüenses de dragar el río; no lo digo yo, lo dijo (el expresidente) Óscar Arias. Me parece que él (Tijerino) podría haber dado esa afirmación. Obviamente salió en la posición de lavarse las manos, porque el quinto elemento que él agrega, que es la isla Calero, nace por una decisión política del canciller en ese momento −que era René Castro−, quien les da permiso a los nicaragüenses, cuando (Arias) dice que se lo habían pedido de manera reiterada y lo había negado. Finalmente terminamos metiéndonos en un zapato por una majadería  del canciller en ese momento. Lo que pasa es que la presidente ha optado por proteger a algunos miembros de su gabinete y entre esos está el señor René Castro”, afirmó Pérez.

Tijerino al menos aceptó que fue de él que nació la declaración del estado de necesidad  y de emergencia con que se justificó la construcción de la carretera. “No me convence ese estado de emergencia y estado de necesidad, pero me agradó que lo mencionara, porque ahora los costarricenses pueden valorar si la anexión de Guanacaste puede ser un elemento que se pueda sacar del baúl de los recuerdos”, añadió Pérez.
 

 
Decisión imperiosa
Según José María Tijerino, “a partir del momento  en que Nicaragua empezó a desconocer el derecho de libre navegación y a someter a nuestros compatriotas vecinos de la zona a toda clase de vejámenes −hasta llegar al extremo de impedir por la fuerza de las armas la navegación de cualquier costarricense en las aguas del río−,  es que se hace impostergable la construcción de una vía a lo largo de toda la frontera, que haga posible no solo el ejercicio de la soberanía a través de la presencia de la Fuerza Pública en ese ámbito del territorio nacional, amenazado por un régimen empeñado en desconocer la fronteras vigentes durante más de medio siglo, sino también la vida cotidiana  en todos sus aspectos de los moradores costarricenses de la ribera del río San Juan”.
“La invasión militar de una porción del  territorio nacional y la amenaza de que ella se extendiera a lo extenso de la frontera norte, hizo imperiosa la decisión gubernamental de llevar a cabo en primer lugar la rehabilitación de caminos ya existentes, que permitiera el reforzamiento y abastecimiento de nuestros puestos de control policial, y la evacuación expedita −en caso necesario− de los vecinos ante una escalada del conflicto, el socorro médico a los eventuales heridos que llegáramos a tener,  y un repliegue ordenado ante la arremetida del invasor”.

Posteriormente se vio clara la necesidad de unir los caminos ya reparados y construir una ruta entre el Océano Pacífico y el mar Caribe −paralela a la frontera con Nicaragua−, que permitiera el desplazamiento de la Fuerza Pública y la evacuación de los pobladores, sobre todo ante la persistencia de la amenaza política y militar nicaragüense −que ya no se limitaba a la zona invadida , al río Colorado y a la margen sur de río San Juan− y porque había peligro para la misma provincia de Guanacaste, reclamada por el comandante Ortega en la inauguración de un curso universitario a inicios del 2011,  recordó Tijerino.

Alegó que no le competía al ministro de Seguridad señalar cómo se llevarían a cabo dichas obras. Menos aun tenía poder alguno de dirección sobre el personal que sirve a esa rama, que le es absolutamente ajena, y muchos menos la contratación de trabajos o servicios dirigidos a la ejecución de los proyectos viales.

En su opinión, la invasión a isla Calero significó una gravísima amenaza a la integridad territorial y a la seguridad de Costa Rica. En las reuniones en que participó como ministro de Seguridad con un nutrido grupo de representantes de otros órganos de la administración, cumplió con su deber de hacer ver a los participantes la apremiante situación en que el país se encontraba, y que calzaba perfectamente en las previsiones de la situación jurídica universalmente conocida como estado de necesidad.

La situación no admitía excusas o pretextos burocráticos para diferir la ejecución de las obras, indispensables para atender la emergencia. Sin embargo, de ninguna manera esta situación amparaba actos ilegales de cualquier naturaleza, aclaró.