Un proyecto de ley propone la disolución de la DIS, y que sus bienes sean traspasados al Ministerio de Seguridad Pública. (Foto: archivo)
En 2013, el presupuesto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) representa una tercera parte del plan de gastos del Ministerio de la Presidencia y, aunque los fondos destinados a esa dependencia no han crecido en términos reales durante la administración de Laura Chinchilla, entre diputados opositores persiste la preocupación por la existencia de ese órgano e insisten en impulsar un proyecto de Ley para cerrarla.
Para el presente año,  la DIS tiene presupuestado gastar  ¢3.084,6 millones, lo que equivale al 32 % del total de los fondos previstos para ser usados por el Ministerio de la Presidencia, cartera a la que está adscrita.
Entre 2007 y 2013, el dinero asignado a la DIS aumentó en términos absolutos en ¢1.277,5 millones, lo que significa un aumento porcentual del 70 % y un crecimiento real del 26,5 %, al restarle la inflación acumulada en esos años.
Sin embargo, el aumento de los recursos para la DIS ocurrió principalmente en el gobierno de Óscar Arias, pues durante la administración Chinchilla, 2010 al 2013, el incremento ha sido de ¢390,6 millones que implica un aumento porcentual de 14,5 % y un crecimiento real de prácticamente cero. La misma tendencia se observa de 2012 al 2013, cuando los fondos se incrementan en ¢182 millones, equivalente al 6,2 % de aumento nominal y 0,5 % de variación real.

POLICÍA POLÍTICA
Al cuerpo policial del Ministerio de la Presidencia, que mantiene intacto su presupuesto en términos reales, se le ha achacado estar al servicio de Casa Presidencial para la investigación de opositores al gobierno, incluso siendo calificada por el exfiscal general de la República Francisco Dall´Anese como una “policía política”.
Mientras tanto, José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio, expresó su preocupación sobre la manera en que continúa operando la unidad policial del Ministerio de la Presidencia.
“Realmente son un cuerpo de espías institucionales, de funcionarios expertos en infiltrarse que están al servicio directo de Casa Presidencial, me preocupa que su presupuesto siga creciendo cuando lo que hay que hacer es cerrar esa unidad y destinar ese dinero a otras necesidades del país”, espetó Villalta.
Junto al presupuesto de la DIS, la Unidad Especial de Investigación (UEI) −otra policía vinculada a ese Ministerio− recibe ¢1.266,8 millones, por lo que ambos cuerpos policiales absorben el 46% del total girado para cubrir los gastos del Ministerio de la Presidencia. (Véase: Presupuesto del Ministerio de la Presidencia)
Ante los cuestionamientos sobre la operación de la DIS, José María Villalta recordó la promesa de campaña electoral de la actual mandataria –Laura Chinchilla−, quien en su momento aseguró que la Dirección de Inteligencia podría cambiar incluso de nombre, asumiendo además análisis de amenazas en seguridad, tecnología y ambiente.
Para Villalta esa propuesta se quedó en el papel, “la presidenta no ha cumplido su promesa electoral, sigue la DIS operando de la misma forma antidemocrática y en contra de la ley, y las sugerencias concretas para solucionar este problema existen, pero el gobierno no quiere hacerlo”.
Pese a que se intentó conocer el criterio del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, su despacho aseguró que las dudas serían evacuadas por el director de la DIS, Mauricio Boraschi, quien al cierre de la edición no había enviado las respuestas al correo electrónico enviado con las preguntas, tal y como lo había solicitado.
El jefe de fracción de la bancada legislativa Liberacionista, Fabio Molina, defendió la necesidad de mantener en funcionamiento la DIS: “Todos los gobiernos modernos necesitan inteligencia, información y estrategias que garanticen el resguardo de la soberanía nacional”.
Es por esto que el diputado liberacionista indicó que parte del trabajo de cambios en la DIS es asegurarse de no ser empleada para perjudicar a los sectores opuestos al gobierno de turno.
“La DIS debe garantizar que no va a ser usada bajo ninguna circunstancia como un instrumento político para perjudicar a sectores internos que se opongan por las reglas de la democracia al gobierno de turno”, opinó Molina.
GASTOS
A la DIS se le asignaron para el presente año poco más de ¢3.000 millones; de este monto ¢2.409,1 millones se utilizan para pagar el salario de los 170 funcionarios que trabajan en la oficina.
El diputado liberacionista Fabio Molina señaló que la cifra no es tan elevada como se sugiere: “Cuando un ciudadano oye esa cifra probablemente se escandalice, pero eso frente a lo que usan otros gobiernos como Nicaragua, Venezuela o Cuba, comparativamente son centavos”.
Molina agregó: “Muchos de los que critican a la DIS están felices de participar recibiendo beneficios de diferentes naturalezas de otros gobiernos como Cuba o Nicaragua, y en esos países no los critican; así que lo que hay son intereses creados de algunos grupos, y que buscan ayuda externa ilegal”.
En 2011, cuando el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman  presidía la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, mediante una moción propuso trasladar la mitad de policías que conforman la DIS a la Fuerza Pública y con ello reducir a la mitad el presupuesto que recibe esta unidad.
No obstante dicha propuesta fue atacada tanto por Mauricio Boraschi, como por Carlos Ricardo Benavides, quienes al final terminaron imponiéndose y dejando de lado la propuesta de Fishman.
NUEVO INTENTO PARA CLAUSURAR DIS
El diputado José María Villalta pujará para que la DIS deje de operar permanentemente. Villalta presentó en 2011 un proyecto denominado “Derogatoria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, y Reforma de la Ley de Policía”.
Dicha iniciativa es herencia de la propuesta del exdiputado frenteamplista José Merino del Río, quien en 2008 sugirió el cierre de la oficina adscrita al Ministerio de la Presidencia alegando “pérdida de confianza”; todo esto tras el escándalo por supuestas estafas bancarias en las cuales habría sido involucrado un jefe de la DIS, y que además ocasionó la renuncia del hasta ese entonces su director, Roberto Solórzano Sanabria.
La propuesta de Merino no tuvo eco dentro de la Asamblea Legislativa; no obstante, Villalta presentó un nuevo texto ante la Comisión de Derechos Humanos.
En la propuesta del diputado se especifica que “los bienes y equipos DIS, así como el personal que cumpla con los requisitos profesionales y éticos, se traspasarán y trasladarán, respectivamente, al Ministerio de Seguridad Pública”.
Además, como parte de la iniciativa presentada por Villalta para efectuar el cierre de la DIS, los archivos y expedientes en su poder actualmente serían traspasados al Ministerio de la Presidencia, para que se remitan en caso de ser necesarios al Ministerio de Seguridad o al Organismo de Investigación Judicial.
A pesar de los esfuerzos de la oposición por hacer fluir el proyecto de ley presentado por José María Villalta, se ve lejos que la propuesta entre a discusión –dicha comisión legislativa es presidida por el diputado del partido cristiano Restauración Nacional, Justo Orozco−.
El legislador del PAC Claudio Monge asegura estar consciente de las pocas posibilidades de aprobar la iniciativa, al calificar que el PLN tiene 24 diputados “levantamanos”.
“Sería como imposible, pero la presidenta puede emitir un decreto para disolverla. No lo hace porque ellos viven atemorizados y viajan siempre con escoltas, para eso la necesitan”, subrayó Monge.
Villalta enfatizó la necesidad de cerrar la DIS.  “Hay que eliminar esa figura nefasta que no cabe en un régimen democrático, de policía política que se dedica a espiar a los sectores sociales”, insistió.