Debido a los elevados costos del mantenimiento de las imágenes, se ha restringido su acceso solo para las personas registradas en PrensaCR.
En caso de poseer una cuenta, hacer clic en “Iniciar sesión”, de lo contrario puede crear una en “Registrarse”.
La Municipalidad de Nicoya hizo un llamado en favor del maíz criollo y su alcalde, Marco Jiménez, advirtió que las llamadas “semillas de laboratorio” modificadas genéticamente amenazan el modo de vida de miles de agricultores. (Foto: [email protected])
Diversos sectores vinculados con productores, ambientalistas y de comunidades mantendrán la lucha para evitar que se siembren variedades de semillas de maíz transgénico, luego de que la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada contra la autorización emitida por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado (CTNBio) −del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)−, para la siembra de una hectárea en Chomes de Puntarenas.
Recientemente la CNTBio aprobó a la compañía D&PL Semillas LTDA la siembra de tres tipos de variedades de maíz genéticamente alterado: el maíz amarillo Yieldgard II, resistente a lepidópteros; el maíz amarillo Roundup Ready, tolerante al glifosato; y el maíz amarillo CCR, tolerante al glifosato y al gusano de raíz Diabrotica.
La solicitud de la compañía tiene como objetivo lograr la siembra de ensayos de maíz con semillas de la empresa Monsanto, en un terreno que no supera una hectárea, para producir las semillas y exportarlas a su país de origen.
Ante este impase legal, los sectores organizados para evitar la siembra de maíz y productos transgénicos en general, tienen muy claro que la lucha continúa y que deberán organizarse para buscar nuevas opciones legales y sociales.
Según Fabián Pacheco, especialista en agrobiología ambiental, el que la Sala haya acogido la acción de inconstitucionalidad no es sinónimo de triunfo, sino un paso más en la lucha; es decir, que tienen tiempo para construir otros recursos.
“Emplearemos otros recursos legales, mantendremos la movilización y fortaleceremos la construcción de territorios libres de transgénicos, que hasta la fecha ya suman 23 cantones, e integraremos a muchos otros que están interesados en formar parte de este grupo de comunidades”, detalló Pacheco.
En este sentido, las comunidades que ya forman parte del grupo de cantones libres de transgénicos iniciarán una serie de festivales, que arrancarán en Abangares, donde se presentará a la diversidad de las comunidades, la relación del maíz con las comidas tradicionales, producidas con semillas libres de patentes.
Adicionalmente, se llevarán a cabo cineforos, debates con expertos y discusiones en las cuales se buscará hacer entender a la gente qué es construir un cantón libre de transgénico −más allá del papel−, rescatando el maíz tradicional y el papel de los productores, de una forma incluyente y participativa.
De igual manera, las organizaciones continuarán con las movilizaciones y manifestaciones en las calles, con expresiones culturales y la participación de los diversos sectores involucrados.
Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista, indicó que también se enfocarán en la búsqueda de generar un debate político en la Asamblea Legislativa y en el planteamiento de una propuesta de una ley de moratoria, para evitar la siembra de productos transgénicos.
“Tratamos que la iniciativa sea apoyada por los diputados, que vaya más allá del nivel político, porque el hecho de que la Sala Constitucional acogiera el recurso puede desmovilizar la lucha, y este es el momento de establecer las nuevas estrategias para lograr que Costa Rica esté libre de transgénicos”, dijo Álvarez.
¿QUÉ SIGUE?
Para el especialista de la Federación Ecologista, la aprobación de la siembra del maíz transgénico no ha seguido todos los trámites administrativos que debía y el proceso aún no está en firme, pues a partir de que el MAG emite el certificado de liberación de los transgénicos, este debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta.
“Esta parte del proceso aún no se ha completado, por lo cual con el recurso de inconstitucionalidad van a tener que suspender el acto. Aunque sabemos que en el escenario de la Sala IV normalmente puede tardar años en resolver un tema, probablemente la presión de algunos sectores los obligue a hacerlo más rápido”, añadió.
El plazo que están manejando los sectores organizados para obtener una resolución por parte de la Sala IV oscilaría entre los seis meses y el año, por lo que seguirán con las apelaciones respectivas.
Otra medida que implementarán será el desarrollo de un proceso para presentar un juicio contencioso administrativo, debido a que están convencidos de que se han dado muchas irregularidades que se traerían abajo el proceso de la aprobación de siembra de transgénicos.
“Se ha dado una escasa participación a los sectores interesados sobre requisitos y argumentación técnica, el tema de impacto ambiental y muchos otros temas a los que no hemos tenido acceso. Evidentemente en este tema debería existir un balance, pero la ministra del MAG ya adelantó criterio a favor de la siembra de transgénicos, dando por sentado que todo es correcto y dejando de lado los criterios culturales, económicos y sociales que no se vieron en la Comisión”, detalló Álvarez.
AFECTACIÓN A APICULTORES
Uno de los sectores que se considera que se verán afectados con la posible producción de maíz transgénico son los apicultores, quienes se han organizado para oponerse a este cultivo, no solo por la forma en que −según ellos− se aprobó la siembra, sino por las implicaciones que tendría para sus productos.
De acuerdo con Carlos Zamora, del grupo de apicultores que suman 1500 productores directos y al menos 3000 personas y sus familias que dependen de la producción, ellos pidieron a la CTNBio garantizar que se cumpliría con las medidas de seguridad adecuadas y reales, para garantizarle al sector que no se contaminaría con los productos transgénicos.
No obstante, comentó el apicultor, en realidad las medidas son antojadizas y no cumplen con ningún estudio que los respalde, pues no hay estudios que demuestren que sus productos no se verán contaminados. Se debe tomar en cuenta que el país tiene unas 40.000 colmenas inscritas, que producen cerca de 1500 toneladas métricas de miel por año.
“Al no cumplirse estas medidas es posible que las abejas vayan a polinizar los cultivos y lleven del transgénico a las siembras autóctonas, y está demostrado que el polen de transgénicos deteriora no solo a los otros cultivos, sino la capacidad enzimática de las abejas y su capacidad de orientación, y por ende, la calidad de la miel que ellas producen”, argumentó Zamora.
En este sentido, aunque todavía no han logrado concretar el ingreso al mercado de la Unión Europea, los productores ven a futuro la posibilidad de abrirse ese camino, ya que tienen la capacidad de producir y exportar.
Sin embargo, la Unión Europea no recibe el producto si este tiene tóxicos de productos transgénicos, por lo que se cerraría esta opción, al darse una posible contaminación por la siembra de maíz modificado genéticamente.
“También nos estamos enfocando en la parte legal, pues la Comisión se pronunció favorablemente para la empresa subsidiaria de Monsanto, pidiendo emitir certificados al ambiente y velar que las medidas de bioseguridad se cumplan, pero en realidad lo que piden a la empresa es realizar informes sobre la presencia de abejas luego de que se realizan los cultivos, cuando en realidad deberían haberlo hecho previamente. Eso es como dar la licencia, sin que la persona sepa manejar”, criticó.
Además, dijo Zamora, tampoco se tomó el criterio de la oficina del MAG encargada de la apicultura, y según la ley, Costa Rica no puede ser un país-experimento, y ante la existencia de duda sobre la afectación de un producto, debe existir un in dubio pro natura, es decir que frente a la duda debe prevalecer el interés de la naturaleza.
Motivos de peso
Por otra parte, el Grupo Agroecológico de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Asociación de Estudiantes de Agronomía, la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos, la Asociación de Estudiantes de Economía Agrícola, la Asociación de Estudiantes de Zootecnia y el Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias, emitieron un criterio sobre las principales razones por las que se oponen a la siembra de maíz transgénico en el país, entre ellas:
-Los cultivos transgénicos se comercializan como semillas híbridas y reguladas por patentes. El agricultor se ve obligado a comprar la semilla para cada ciclo de siembra, encareciendo su actividad debido al alto costo que tiene esta.
-Las variedades transgénicas son dependientes de un paquete tecnológico de pesticidas y fertilizantes que se vende por aparte.
-La siembra de variedades comerciales híbridas favorece la homogeneización de la semilla y debilita los canales de intercambio, compra, venta y transferencia de semillas que históricamente han generado la enorme diversidad con la que hoy se cuenta.
-Bajo las leyes que rigen actualmente en Costa Rica y desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las leyes de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), las compañías dueñas de patentes podrían demandar legalmente a cualquier agricultor.
-Los productores orgánicos están bajo algún sello de certificación que prohíbe rotundamente el uso de semillas genéticamente modificadas.
Decreto declara maíz patrimonio cultural
-Investigaciones históricas vinculan el grano con las culturales indígenas.
María José Núñez
[email protected]
Luego de una solicitud que realizaron distintas organizaciones y comunidades, el ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón, y la presidenta de la República, Laura Chinchilla, publicarán un decreto para declarar como patrimonio natural y cultural al maíz costarricense.
Dicho decreto será publicado en este mes de febrero y tiene como objetivo proteger las diferentes variedades de maíz criollo y las especies del maíz originario de Costa Rica.
“Es una iniciativa que nos parece sumamente procedente y es importante aclarar que la declaratoria y la solicitud se dieron mucho antes de la polémica con la aprobación de la siembra de los transgénicos. De alguna manera es oportuna la declaratoria de protección”, explicó el ministro Obregón, en una entrevista con UNIVERSIDAD.
El jerarca explicó que la decisión de emitir esta declaratoria se basó en una serie de investigaciones, no solo de la Oficina de Patrimonio, sino también del Museo Nacional, en las cuales existen testimonios científicos de la existencia del maíz más de 3000 mil años antes de Cristo, en Guanacaste.
Los informes demuestran el papel esencial del maíz en las culturas indígenas de Costa Rica, en su cosmología, su forma de entender el mundo y cómo se vinculan las especies con los diferentes clanes y etnias.
El decreto establece que es deber del Estado conservar, promover y desarrollar el patrimonio nacional de la nación. La presencia arqueológica del maíz también demuestra que los tipos de maíz que provenían de Suramérica y convergían en el Caribe costarricense, sugiere que el país fue encuentro de distintos tipos de maíz.
El maíz se utilizó desde épocas prehispánicas para comidas y bebidas costarricenses, por lo que juegan un papel fundamental en la dieta costarricense, que se mantiene hasta el día de hoy.
El decreto fue revisado por el ministerio de Agricultura y Ganadería y por las oficinas vinculadas con la temática y ya está la versión oficial para emitir la declaratoria de interés patrimonial. A continuación un extracto de la entrevista con el ministro Obregón.
¿Cuál es el alcance del decreto?
−Lo que se trata es de proteger las especies nativas; el decreto tiene un solo artículo: declarar al maíz en sus variedades autóctonas, nativas y criollas y a las tradiciones, prácticas agroculturales, usos, saberes, colores y sabores, como patrimonio cultural de Costa Rica.
¿Para cuándo se publicará el decreto?
−En realidad lo que ha atrasado un poco este decreto es la revisión para que fuera contundente, que tuviera el valor científico; ya fue aprobado por el MAG, entonces yo considero que estará firmado en febrero. Por parte nuestra está listo.
¿Cómo incentivar esa protección?
−El decreto lo que da es una seguridad jurídica a este tipo de producto; es decir, es una herramienta para protegerlo de cualquier cosa; es una herramienta pública que pueden usar las personas, los agricultores y dueños de plantaciones de maíz criollo.
¿Esto sería una herramienta para oponerse a la aprobación de maíz transgénico?
−Eventualmente puede ser utilizado para evitar, si así se demuestra, que el maíz transgénico afecta a estas plantaciones, por medio de la polinización como se ha dicho. Puede ser una herramienta de protección, pero quisiera resaltar que la solicitud y la posición nuestra están enfocadas hacia la protección de los maíces criollos y no se refiere a ningún otro tipo de maíz.
¿El decreto estaba listo antes de la aprobación del cultivo de maíz transgénico?
−La solicitud estaba hecha antes de esta aprobación. Aunque estuviera el decreto de protección al maíz criollo ya listo, si hubieran tenido los criterios para aprobar el maíz transgénico, lo hubieran podido hacer.
Pero sí se da un debate sobre lo importante de lo propio, ante lo que viene de afuera. Para el Ministerio de Cultura, con respeto de las otras instituciones, queremos establecer que somos una cultura basada en el maíz y los temas de biotecnología trascienden nuestro campo, por lo que nosotros defendemos lo que nos corresponde.
Este documento no posee notas.