Con un valor estimado en unos ¢5 000 millones y 466 hectáreas, el Gobierno estudia la posibilidad de comprar la finca para que los extrabajadores se dediquen a la exportación de plantas ornamentales. (Foto: Katya Alvarado)
La pobreza y la acumulación de incumplimientos de derechos laborales a peones agrícolas, en Milano de Siquirres, desencadenaron un conflicto que produjo ocupación de tierras en noviembre pasado y desalojos, balaceras, heridos y arrestos en enero. Para intentar solucionar el problema, ahora el Gobierno y los trabajadores exploran la compra de una finca de 466 hectáreas y la creación de una cooperativa.
 
El Semanario UNIVERSIDAD visitó el lugar y entrevistó a un grupo de trabajadores que expusieron las situaciones allí ocurridas. En su criterio, tras años de sufrir atrasos en el pago de salarios y la cancelación de cuotas del Seguro Social, despidos masivos y desempleo sin recibir las prestaciones legales, 315 trabajadores de la finca conocida como Matas de Costa Rica, y sus familias, ocuparon esa propiedad el 17 de noviembre de 2012.  Actualmente la empresa agrícola está cerrada.
La ocupación ocurrió menos de un mes después del último de una serie de despidos masivos. “Los despidos se fueron haciendo de 50 en 50, a veces de 100 en 100.  El 20 de octubre del 2012 fueron despedidos los últimos 50”, mencionó Luis Gómez, un extrabajador bananero que hoy se encuentra al frente de la lucha de las familias, que dependían económicamente del trabajo generado en la empresa.
Gómez es enfático en que no es un líder del grupo, pero su voz retumba con fuerza entre el grupo de hombres y mujeres entrevistados por UNIVERSIDAD.
Según el grupo de trabajadores, desde hace 15 años, la empresa, una de las principales exportadoras de plantas ornamentales en el mundo, enfrentó problemas económicos que la obligaron a vender.  Con los nuevos dueños habrían comenzado los problemas con el pago de salarios y la no liquidación de los derechos laborales en la cesación de los contratos.
Una de las obreras, Rosaura López, comentó que el no pago de los salarios era una cosa que venía sucediendo ya desde hace varios años. “Nos pagaban una semana, nos daban la mitad del pago diciendo que en la siguiente nos lo darían y cuando llegaba la fecha nos daban la mitad que nos debían de la anterior, y la de ese momento quedaba pendiente”, afirmó López.
Ella y su esposo, Adrián Rodríguez, entraron a trabajar a la empresa más o menos en la misma fecha.  Ella ingresó en el 2000 y salió el 16 de noviembre del 2012.  A él también lo despidieron.
“No nos daban comprobantes de pago, nos daban el dinero en sobrecitos amarillos”, agregó. Según Sergio Barquero, uno de los coordinadores de la planta, esa situación dificulta algún  reclamo, pues no hay papeles que presentar.
Hoy los trabajadores se encuentran desempleados y claman por una respuesta del Gobierno y de la empresa para que al menos puedan obtener el dinero que se les debe.
 
Un grupo de manifestantes acusan a miembros de la seguridad privada de dispararles sin importar que había mujeres y niños. Varios hombres y mujeres muestran las cicatrices de los balazos recibidos durante el segundo desalojo. (Foto: Katya Alvarado)
 

LA INVASIÓN FUE UNA SALIDA DESESPERADA
“Sé que la invasión es ilegal, pero era una medida desesperada. El fin no justifica los medios, pero fue necesaria y urgente como medida de presión”, así explica Luis Gómez la invasión a los terrenos de la empresa, cuya acción  le ha costado hasta el momento siete arrestos, “todos ilegales”, afirmó.
“La finca ha incumplido, el Gobierno tiene que entender que, aparte de que nos deben un montón de dinero en pago de salarios, en cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social que nunca fueron reportadas, en prestaciones, además nos arrestan y persiguen”,  aseguró Gómez.
Para este dirigente, quien laboró para la empresa Matas de Costa Rica de 1994 a 1998, la gente ya estaba cansada de pelear por los derechos y de que nadie los escuchara.
El conflicto llegó hasta Cuesta de Moras, donde el diputado socialcristiano Walter Céspedes, y el legislador de Frente Amplio, José María Villalta, intermediaron entre obreros y la empresa para evitar el desalojo en los días de Navidad y Año Nuevo, lo cual se logró.
Sin embargo, el desalojo de estas familias ocurrió el 3 de enero por parte de los oficiales de la Fuerza Pública de Siquirres. Según Gómez, ese día ocho compañeros suyos fueron arrestados y amenazados con prisión, acción refutada por el Capitán Sergio Cubillo, jefe de la Comandancia de Siquirres.
Gómez acepta que el día siguiente, pese a los hechos suscitados, volvieron a meterse a la finca. Ese acontecimiento motivó una nueva intervención de la Fuerza Pública que produjo el arresto de 97 personas.  Hubo al menos seis heridos de bala, entre ellos una mujer impactada en la cabeza.
Gómez, así como otros de los trabajadores arrestados mostraron las cicatrices en sus piernas, cabeza y espalda.  Ellos afirman que desde entonces sufren persecución policial.
“A dondequiera que yo vaya me siguen. Sé que la cosa es conmigo. Dicen que soy el líder y que soy un 5 5 (comunista). Me prohíben andar en Siquirres, pero cómo hago, vivo aquí, tengo hijas y esposa aquí”, explicó. “Yo no soy cabecilla de nadie, soy uno más de los que estamos peleando por los mismos derechos laborales”, advirtió.
El diputado Walter Céspedes considera que sí existe una clara persecución contra Gómez, no contra los demás, y por esta razón han llevado este caso ante el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
Por su parte, Sergio Cubillo, Jefe de la Fuerza Pública de Siquirres  desmintió todas estas afirmaciones y manifiesta que al señor Gómez se le ha arrestado por incumplir con las medidas cautelares que se le han impuesto.
“No se de dónde saca este señor que es objeto de persecución”, alegó.
Rosaura López no pudo contener las lágrimas al contar la historia en la empresa, denuncia acoso sexual, pago incompleto de salarios y no pago de las prestaciones laborales al ser despedidos tanto ella como su esposo. (Foto: Katya Alvarado)
 
 
 
 
 
 
 
 
FICO DESMIENTE PARTICIPACIÓN
Eliécer Hernández, Gerente de Operaciones de la empresa de seguridad privada FICO desmiente que su empresa haya participado en la balacera que terminó con varios oficiales y manifestantes heridos.
“Se ha dicho que fue FICO, pero en realidad fue otra empresa miembro de  nuestro grupo”, manifestó Hernández. “Cabe señalar que nuestros oficiales fueron contratados para ofrecer seguridad y eso hicimos. Estuvimos dando el servicio del 3 al 9 de enero, pero ante los hechos ocurridos, decidimos dejar de prestarlo y rescindir el contrato”, señaló.
Aunque su versión es desmentida por los participantes, Hernández asegura que las municiones usadas para mantener el orden el día de los disturbios fueron perdigones de goma.
MARAÑA JURÍDICA
A pesar de que las denuncias y  todos los reclamos de los afectados parecen dirigirse hacia la empresa Matas de Costa Rica, no hay nadie que se atribuya la responsabilidad.
Según las consultas hechas por UNIVERSIDAD, hace unos 15 años, Matas de Costa Rica, debido a problemas económicos, vendió el terreno, de 466 hectáreas de extensión, a una empresa de capital guatemalteco de nombre CFV Fiduciaria S.A, la que a su vez, alquila partes del terreno a diferentes empresas.
Este grupo de empresas son Matas de Costa Rica, Central America Botanicals  CABSA,  Frutas del Atlántico, Textura Verde y otras. “Tenemos documentos que demuestran que todas estas empresas son la misma cosa, son una forma de distraernos”, afirmó Gómez.
Wilberth Picado, abogado de CFV Fiduciaria, afirma de manera contundente que su representada “no ha tenido empleados nunca y que no le debe un cinco a nadie”. “Lo que ha hecho es rentar partes de la finca a otras empresas y estas son las que han tenido trabajadores”, argumenta.
Por su parte, Eugenio Solano, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, acepta la existencia de una compleja situación jurídica con este grupo de trabajadores.
“Bajo el nombre de Matas de Costa Rica hay toda una maraña jurídica compleja -que ya se ha venido aclarando-, con la existencia de varias empresas y modalidades de trabajo (…). Hay una situación desde la perspectiva legal en cuanto a las prestaciones laborales de los trabajadores muy curiosa, habría que ver la condición laboral de estos trabajadores en ese entonces”, afirmó Solano.
Solano fue escueto en su respuesta sobre si esta instancia había analizado varias denuncias que los trabajadores afectados dicen tener interpuestas allí.  Él atendió a UNIVERSIDAD luego de reunirse en su despacho con el asesor legal de la empresa CFV Fiduciaria, Wilberth Picado.
“Lo que no sabemos es en cuál empresa trabajan ellos, recordemos que Matas de Costa Rica es apenas un pedacito de todas las que están operando en lo que era la finca originalmente”, agregó Solano.
El diputado Wálter Céspedes por su parte asegura que la configuración de varias empresas implica una intención de evadir responsabilidades con los trabajadores.
“Con tal de tapar la parte legal, fue pasando a otras empresas de tal manera que uno no sabe ni dónde está la empresa, pero sigue operando la finca en mano de otras empresas que tampoco aparecen registradas”, afirmó el legislador.
“No pagan impuestos, no pagan planillas, hay como una especie de organización fraudulenta de sociedades que muy inteligentemente aprovecharon estas circunstancias para establecerse en esa finca, y al final despidieron a los trabajadores”, agregó.
 

 
Camino a una posible solución
 
El ministro de Trabajo, Eugenio Solano, adelantó que se adoptó una propuesta de los trabajadores para comprar la finca de 466 hectáreas y con un valor estimado en ¢5.000 millones, para crear una modalidad de cooperativa, en la que estos trabajadores, con experiencia en la actividad de plantas ornamentales, puedan dedicarse a esa actividad y ser propietarios.
 
Según Solano, hay buenas intenciones de parte de varias instituciones del Gobierno de procurar una salida que resuelva la situación socioeconómica de estas familias y valorar un plan de desarrollo para la comunidad. Por ejemplo, se considera un convenio con el Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS), para dar ayuda económica y social y estudiar un posible proyecto de vivienda en la zona.
 
“Se requiere de un listado de los verdaderos afectados, porque parece que hay gente que llegó al final”, manifestó.
 
Por su parte, el diputado Wálter Céspedes considera que la idea de hacer una cooperativa sería una buena solución y un paso para hacer las cosas diferentes en Limón.
 
“Por eso es que Limón no se desarrolla, porque hay muchas transnacionales y se llevan el dinero a otra parte. Esto es una forma de desarrollar una provincia, la cual tiene 6 de los 10 cantones más pobres de Costa Rica”, advirtió.
 
Para los trabajadores consultados por UNIVERSIDAD, esta solución sería una buena salida para ellos, quienes actualmente buscan desesperadamente una forma de ganarse la vida, ya que por tener muchos de ellos medidas cautelares y haber participado en el conflicto, no logran conseguir trabajo en otras empresas que operan en la zona.