Las personas aseguradas siguen padeciendo las filas de espera, y falta diligencia del Gobierno para resolver los problemas de la  CCSS, cuestionan diputados. (Foto: Katya Alvarado)
Tres meses después de que concluyó sus labores la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó la crisis financiera y de gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social, las recomendaciones para hacer cambios en la institución siguen en el aire sin aplicarse y los 18 proyectos dictaminados afirmativamente tendientes a fortalecer la institución, no  han sido convocados para discusión del plenario legislativo (ver recuadro “Leyes para sanar la Caja”).
La única excepción fue el proyecto de interpretación auténtica de la ley de incentivos médicos, el último en ser dictaminado por la comisión al finalizar su trabajo en noviembre pasado, y que el Poder Ejecutivo convocó bajo la presión de una cadena de demandas de los profesionales que amenazaban con descalabrar las problemáticas finanzas de la benemérita institución, la cual tendría que hacer frente a un aumento del gasto por unos ¢178.000 millones, que se irían posteriormente incrementando.
Si bien es cierto que hubo consenso sobre la necesidad del proyecto –aunque durante su discusión varios diputados de oposición advirtieron que esa no era la solución de la crisis de la CCSS, ni son los médicos la causa, ni se han tomado en cuenta las recomendaciones de la comisión legislativa−, el Poder Ejecutivo sigue sin convocar los proyectos dictaminados y que apuntan a fortalecer las finanzas y la gestión de la institución del seguro social.
“El Ejecutivo está enviando la señal de que la crisis de la  Caja es solo el problema de los médicos y esa es una señal totalmente equivocada. Coincidimos que este tema debe revisarse, pero es un error plantear que esa es la causa de los problemas. Solo han convocado este proyecto, porque se les vino la bronca encima. ¡Inicialmente no lo habían convocado!, dijo José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio.
Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana), quien presidió la comisión legislativa, señaló que los proyectos dictaminados le dan músculo a la Caja para salir de la crisis, pero que el Ejecutivo no los convoca porque es arrogante, no quiere entrarle al problema por el fondo, y pretende que con “una pintadita” ya terminó de resolver la situación. “Las medidas para resolver los problemas de la Caja no son populares, y este Gobierno no quiere ser impopular”, dijo Céspedes (ver recuadro “Recomendaciones en el aire”).
INVESTIGACIÓN
La comisión legislativa especial sobre la Caja concluyó labores en noviembre pasado, luego de 15 meses de sesiones (50 en total), en las cuales comparecieron los jerarcas de entidades como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la misma CCSS y asociaciones de usuarios de la institución. El panel, que con contó con tres miembros representantes de la sociedad civil, revisó a profundidad la situación de la Caja y concluyó en la necesidad de cambiar un gran número de prácticas y procedimientos en la institución.
La comisión rindió un informe de mayoría, firmado por cuatro diputados y diputadas de tres partidos (incluidas las dos representantes del gobernante Liberación Nacional), y un informe de minoría por parte de los dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC). Los documentos incluyeron decenas de recomendaciones a la administración de la CCSS sobre medidas para mejorar la gestión, y para que la Fiscalía investigara irregularidades de los funcionarios. Incluso se pidió sanciones y la inhabilitación de directivos, exdirectivos y gerentes, por su responsabilidad en un desmedido incremento de la planilla y los gastos entre el 2005 y el 2010, lo que agravó la crisis y el desequilibrio financiero de la institución.
El socialcristiano Luis Fishman apuntó que la aprobación de la interpretación auténtica de la ley de incentivos médicos es tan solo un paso de mil que tiene que dar el Gobierno, “para rescatar a la principal empresa que tenemos los costarricenses».
 

 
Recomendaciones en el aire

El diputado Walter Céspedes reprochó que con excepción del proyecto que se convocó, no se ha acatado ninguna de las recomendaciones que hizo la comisión legislativa, y tampoco se sabe qué han hecho el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el informe completo que se les entregó para que investigaran.
Indicó que una de sus principales propuestas para la reunión de jefes de fracción será que se acuerde un debate reglado del informe de la comisión sobre la Caja, que es muy relevante, “ya que estamos hablando de  la institución más importante,  porque es la institución que salva vidas, que protege a los pobres”.

Por su parte, José María Villalta señaló que en la Caja se mantienen los gerentes y mandos medios que fueron cuestionados por aumentar las planillas por politiquería y hacer erogaciones sin estudios técnicos que los fundamentaran. Sigue la deuda de patronos morosos con la Caja, por ¢180.000 millones; sigue la deuda millonaria del Estado con la institución, que según la Contraloría son ¢500.000 millones, pero que puede llegar a ¢800.000 millones según estudios hechos por otros expertos.

La comisión especial de la Caja dictaminó proyectos de ley para resolver estos problemas, pero no hay diligencia del Gobierno y estos proyectos siguen haciendo fila, reprochó.

Gustavo Arias −diputado del PAC que formó parte de la comisión− se mostró igualmente, preocupado porque –a su parecer− las medidas tomadas hasta ahora para resolver la crisis de la Caja son laxas, cuando se esperaría una actitud más proactiva, a fin de resolver los problemas de fondo de la institución, y problemas estructurales que la Presidencia Ejecutiva ya debía haber resuelto.

Comentó que, mientras tanto, con el propósito de impulsar la aprobación de los proyectos de ley y algunas restructuraciones que se debe hacer en la CCSS, se ha avanzado en la conformación de una estructura con representantes de la sociedad, bajo la coordinación de la Defensoría de los Habitantes y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

“Ya hemos caminado bastante en este trabajo y, por ejemplo, el Consejo de Organizaciones Agroalimentarias ya nombró representantes para participar en ese foro. A nosotros lo que nos interesa es que los usuarios estén representados y para la credibilidad del proyecto que no esté la  mano política, sino que sea un actor más”, señaló Arias.
 

 
Leyes para sanear la Caja*

*Modificación al artículo 3 de la Ley orgánica de la CCSS (expediente Nº 18.332). Se pretende que las personas independientes obligadas a asegurarse con los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, contribuyan con base en sus ingresos reales al financiamiento de estos seguros y con un monto fijo como ahora, en aras de hacer efectivo el cumplimiento del principio de solidaridad.
*Reforma a la Ley Nº 7559 (expediente Nº 18.453). Se busca reformar la Ley del Seguro Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud. Crea el servicio social obligatorio para los profesionales en medicina que ejercerán una especialidad o subespecialidad, y que por rifa se asignen los lugares donde se realizaría el servicio social, lo que beneficiará especialmente a las zonas rurales donde los especialistas no quieren ir.

*Proyecto de ley para el control de precios de los medicamentos (expediente17.738). Reforma la legislación actual para restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos, con miras a evitar los abusos con precios que afectan a la población, lo que se considera indispensable para garantizar el derecho humano fundamental a la vida y la salud de todas las personas.

*Reforma al artículo 22 de la ley Nº 8653 (expediente Nº 18.403). Se establece la obligación de las empresas aseguradoras, públicas y privadas, agentes de seguros, de cubrir las cuotas ante la seguridad social cuando se demuestre por la CCSS que existe relación laboral.

*También está la iniciativa para mejorar la gestión de cobro y combatir la morosidad patronal, y establece la imprescriptibilidad de las deudas con la institución, entre otros proyectos dictaminados por la comisión.

*Fuente: Informes de la comisión.