Ley es calificada como un intento de coartar la libertad de expresión ciudadana y de los medios de comunicación. (Foto: Giselle Mora. Radio 870UCR)
En el Congreso y el Gobierno todos dicen querer un cambio en la Ley de Delitos Informáticos, para que no sea una amenaza a la libertad de expresión, pero la búsqueda de un texto perfecto obstruye la reforma y mantiene vigente, desde noviembre, a la llamada Ley Mordaza.
Mientras que para el Colegio de Periodistas el texto de reforma a la Ley de Delitos Informáticos, introducido al Plenario Legislativo en diciembre, es el “idóneo”, para el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista dicho documento es “susceptible de mejorar”. Esta falta de acuerdo entre ambas partes provoca que la reforma no se apruebe, pese a ser catalogada como “prioridad” desde Casa Presidencial.
El texto para reformar la Ley de Delitos Informáticos fue consensuado por el gremio de periodistas, dictaminado en la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo e introducido al Plenario por el Poder Ejecutivo en el lugar 19 de la orden del día de la discusión.
Dicho documento busca eliminar lo que ha sido calificado por parte de representantes de la prensa y la ciudanía como “abusos”, en la reforma hecha al Código Penal en sus artículos 196 y 288. Los cambios endurecieron los castigos a quienes obtengan y difundan “informaciones secretas políticas”, o utilicen o difundan comunicaciones dirigidas a terceros −independientemente de su interés público− o a quien acceda o difunda datos “de carácter público o (que) estén contenidos en bases de datos públicas”.
La denominada Ley Mordaza está vigente desde noviembre anterior, luego de que fuera publicada en el diario oficial La Gaceta.  Sin embargo, sus efectos quedaron en ascuas quince días después, luego de que la Sala Cuarta acogiera una acción de inconstitucionalidad presentada por el periodista Rándall Rivera de Radio Reloj.
¿REFORMA PRIORITARIA?
Al llegar al Plenario Legislativo el texto recibió nueve mociones presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN), situación criticada por el diputado del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, para quien esas “son mociones que buscan endurecer lo planteado en la Ley vigente desde noviembre anterior”.
No obstante Fabio Molina, jefe de la bancada del PLN asegura que existe un acuerdo entre fracciones legislativas con el Colegio de Periodistas (Colper), para discutir la manera en que se mejorará el texto de reforma. “Estamos en espera de algo que tiene mayor sensatez”, arguyó Molina.
El Colegio de Periodistas (Colper) asegura desconocer los motivos por los cuales la fracción oficialista detracta el texto que se encuentra listo. “Nunca nos dijeron cuál era el problema, el “pero” que le veían, nunca se dirigieron a nosotros de manera directa”, indicó José Rodolfo Ibarra, presidente del Colegio.
Al cuestionarle a Molina qué puntos del proyecto de reforma listo para votación generan dudas en el oficialismo, el diputado no entró en detalles. “En eso estamos trabajando con mucha seriedad y cuando tengamos el texto definitivo lo anunciaremos”, concluyó.
El presidente del Colegio de Periodistas, José Rodolfo Ibarra, desconoce a qué tipo de acuerdo se refiere el legislador Molina porque dice que no ha habido ningún acercamiento con la fracción legislativa del PLN luego de la publicación de la Ley.
Pero el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, adelantó que hasta ahora el punto de encuentro con el Colper será la eliminación de la frase que restringe el acceso de la ciudadanía y la prensa a las “informaciones secretas políticas”. (Véase: “El término de informaciones secretas políticas debe quedar desterrado”)
Ibarra aceptó la peligrosidad de llevar a votación en este momento la reforma planteada, pues no tendría el apoyo de la mayoría de diputados. Esta falta de respaldo al texto presentado ante el Plenario se evidenció el pasado 22 de enero, cuando el PAC mocionó para trasladarlo al primer lugar de la agenda. La moción contó apenas con los votos de Acción Ciudadana y Frente Amplio.
Para Molina, lo que Acción Ciudadana buscaba era “congraciarse” con la prensa, al tiempo que calificó la propuesta hecha mediante la moción como un “boicot”.
“El PAC lo que hizo fue meter obstáculos políticos a la buena intención que todos tenemos de aclarar los puntos que podrían rozar las libertades de la prensa”, puntualizó Molina.
El presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, afirmó estar a favor del texto de reforma pero justificó el voto de la bancada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), en contra de la moción del PAC, en el principio de que los procedimientos deben ser respetados.
“Es imprudente que una sola bancada pretenda adueñarse de un tema y hacerlo un emblema político, no digo que este sea el caso pero lo pongo como ejemplo de cómo no deberían hacerse las cosas”, opinó Granados.
El legislador del Partido Unidad  Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, manifestó su oposición al texto presentado como reforma a la Ley de Delitos Informáticos. “Si los proyectos no están bien o se corrigen no van a caminar”. Para Fishman, aprobar el texto de reforma sería solamente colocar un parche que no garantiza la verdadera libertad de expresión.
José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio, discrepó de la postura de Fishman al considerar que la reforma que se presentó a conocimiento de los diputados es un avance importante “respecto a los dos temas álgidos de la Ley Mordaza”, afirmó.
Por ahora, José Rodolfo Ibarra detalló que desde el Colegio de Periodistas están a la espera de los frutos de la reunión entre el Colper con representantes de Casa Presidencial para el pasado martes 19 de febrero. (Al cierre de esta edición se desconocían los resultados de la cita).
Tanto legisladores como el Ministro de la Presidencia confían en que el tema será resuelto antes de que concluyan las sesiones extraordinarias, el 30 de abril.
 

Carlos Ricardo Benavides. Ministro de la Presidencia

“El término de informaciones secretas políticas debe quedar desterrado”

¿Qué buscan el Poder Ejecutivo con este acercamiento del Colper?

-Se pretende ir buscando definiciones en lo que tiene que ver con el texto final. Desde diciembre el Ejecutivo convocó esta reforma como una prioridad y pretendemos que antes de que se concluya este periodo se vote dicha reforma. Con el Colper hemos conversado sobre posibilidades de redacción, de tal forma  que se proteja la libertad de expresión y prensa, pero que al mismo tiempo se protejan los derechos de ciudadanos en relación a informaciones que son de su vida particular.

¿Por qué el texto presentado en el Plenario deja dudas en Casa Presidencial y los diputados oficialistas?

-Yo no diría que es Casa Presidencial y diputados oficialistas solamente, esa afirmación me parece inexacta. El texto no ha sido acogido en un 100 % por diputados de distintas fracciones y también ha recibido observaciones por parte de representantes de la prensa. Lo que nosotros hemos querido es que el texto que finalmente llegue a Plenario en el momento de votación cuente con el mayor respaldo posible.

¿Pero hay algún punto específico que genere dudas?

-Primero eso es un tema que se ha venido tocando en la Comisión de Derechos Humanos, y el texto aprobado ahí no es el del Colegio de Periodistas, creo que usted tiene una información inexacta…

El Colper considera que ese texto es el idóneo,  según lo dijo su presidente José Rodolfo Ibarra…

-Yo incluso entiendo que ese texto tuvo participación de distintas personas y representantes de medios de comunicación.

Sí exacto, pero el Colper apoya el proyecto.

-Pero incluso estoy enterado que en la última redacción no participó el Colegio de Periodistas. Más allá de eso, el derecho penal es un derecho que tiene mucha técnica de por medio y en este caso debe afinarse bien, el Colper lo entiende así como Casa Presidencial, además de diputados de distintas fracciones, afinarlo será bueno para todas las partes.

¿Qué es lo esencial por afinar?

-En sí, el término de informaciones políticas secretas debe quedar desterrado de la legislación costarricense, esa información es pública y es por sí misma de interés para la ciudadanía. De manera que en algo que vamos a concordar es en que ese término que existe desde hace más de 50 años en la legislación debe ser removido; creemos que debe removerse porque genera suspicacias que en una democracia no deben existir.