Las comunidades de Turrúcares, San Miguel y Cebadilla unieron esfuerzos y socan cuerdas para impedir “cueste lo que cueste” la instalación de un “basurero” en la zona. (Foto: Yanory Obando)
Vecinos de Turrúcares, Cebadilla y San Miguel de Alajuela se organizan para oponerse a la instalación de un relleno sanitario en San Miguel, a cargo de la empresa desarrolladora Parque Industrial Bajo Pita.
“Aquí no se va a permitir eso, cueste lo que cueste”,  aseguró Rafael Arroyo, regidor de la Municipalidad de Alajuela y Presidente de la Asociación de Desarrollo de Turrúcares, distrito 11 del cantón de Alajuela, con una población aproximada de 8 mil habitantes.
En un recorrido hecho por UNIVERSIDAD se pudo constatar la intensidad de una campaña de rechazo al proyecto en calles y casas de estas comunidades.
“Nadie viene a inventar nada bueno para un distrito. ¿Por qué no vienen a instalar acá una empresa buena si toda la zona franca está a pocos kilómetros de nosotros? Ah no, nos traen un basurero. Meter un basurero en un pueblo es como meter el diablo entre nosotros”, agregó Arroyo.
Arroyo mostró documentos que dan cuenta de un estudio ingresado a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), el 22 de junio de 2012, de parte de la empresa Parque Industrial Bajo Pita S.A, para el desarrollo de un proyecto para el reciclaje de desechos sólidos.
“A partir de esa fecha nosotros, con las asociaciones de Cebadilla y San Miguel hicimos una alianza para defender a nuestra comunidad de la instalación de un basurero”.
Leticia Araya, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Miguel, fue enfática en oponerse al proyecto pues considera que destruiría la riqueza natural de la zona y de la finca, la cual limita con la zona protectora El Rodeo y otras zonas ecológicas con protección estatal.  En su opinión, la calidad de vida de los habitantes de la zona sería afectada por la contaminación y el tránsito diario de más de un centenar de camiones cargados con basura.
“Ahorita nos estamos oponiendo por la vía legal, pero haremos lo que tengamos que hacer, lo vamos a evitar de cualquier forma”, sentenció ella.
El sitio donde se instalaría el relleno es una propiedad compuesta de cinco fincas que en total suman 82 hectáreas, ubicadas en Carrera Buena de San Miguel de Turrúcares. La propiedad está subarrendada a una persona para la siembra de caña. Sólo una cuenta con solicitud para uso de suelo.
Según Rafael Ángel Rojas, abogado contratado por las asociaciones de las tres comunidades, esta zona forma parte del Corredor Biológico Garcimuñoz y el relleno no debe crearse por razones ambientales de impacto nacional.
“¿Cómo es posible que nosotros tengamos que recibir la basura de San José y Alajuela ni siquiera la puede llevar allá?”, se quejó Teresita  Herrera, Presidenta de la Junta de Educación de Cebadilla y vocal de la Asociación de Desarrollo de su comunidad.
Fotografías mostradas por los vecinos muestran la existencia de una naciente de agua que a su vez nutre una quebrada cuyo cauce desemboca en el río Virilla, ubicado a unos 3 kilómetros del lugar.
Setena fue consultada al respecto pero al cierre de edición no se logró obtener respuesta de los responsables.
Turrúcares-naciente entubada: Los vecinos insisten en la protección de una naciente que tiene una de las fincas y la importancia de conservar el lugar al ser una de recarga acuífera. Hoy esta ha sido entubada hasta 60 metros hacia el cañal. (Foto: vecinos del lugar)
Según el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA), este proyecto tendría consecuencias mínimas para la población, conclusión que es rechazada por las comunidades visitadas.

EXPEDIENTE CON “INCONSISTENCIAS”
A criterio de Rojas, el estudio de impacto ambiental presentado por el desarrollador contiene una serie de inconsistencias que deberían dar por archivado el caso ante la Setena.
“Falta a la verdad el desarrollador al ocultar información sobre la naciente y quebrada lo que revela la poca seriedad con la que se ha llevado este ESIA,  por lo que su rechazo debe darse de inmediato”, aseguró.
UNIVERSIDAD intentó obtener las declaraciones del representante de la empresa, Efrén Murillo. En un breve mensaje de texto mencionó que no podía responder la solicitud por estar en un juicio como testigo acerca del vertedero de Puntarenas.
Según Rojas, de acuerdo con el plan regulador de la provincia de Alajuela,  el sitio de Bajo Pita no permite un relleno sanitario pues esa actividad no está catalogada como una industrial. Denunció también que el desarrollador ocultaría en el ESIA la existencia  de nacientes y quebradas dentro del área del proyecto, por lo que,  lejos de ser una solución, se estarían causando daños irreparables y potenciales al recurso hídrico.
Según el ESIA de la empresa, el relleno sanitario “no causa molestia ni peligro para la salud y la seguridad; tampoco perjudica el ambiente”.
“No es cierto que no causa molestia ni peligros para la salud y el ambiente. El quemar el biogás que emana del vertedero produce contaminación. De igual forma, los malos olores que generan los camiones descargando y en general la operación del vertedero sí provocan molestias. No se debe ocultar esta realidad, la basura huele mal y sus olores se esparcen en los alrededores dependiendo de la dirección del viento”, afirmó Rojas.
EMPRESAS RELACIONADAS
Tanto para el regidor Rafael Arroyo como para el asesor legar de la comunidad, Rafael Ángel Rojas, la empresa que adquirió la finca para el desarrollo del relleno sanitario en San Miguel de Turrúcares estaría relacionada con otra que ya se dedica a la operación de rellenos sanitarios en el país.
“Son los mismos. La empresa sacó en el 2011 un uso de suelo para el reciclaje de desechos sólidos, pero lo que quieren hacer es un basurero como los que tienen en Aserrí y en La Carpio”, afirmó Arroyo.
Según documentos mostrados por Rojas, en un documento protocolizado por la abogada Patricia Campos, apoderada de la Empresas Berthier EBI de Costa Rica, consta que Efrén Murillo es representante y apoderado generalísimo de la sociedad que adquirió por más de $8 millones la finca donde se instalaría el Parque Industrial Bajo Pita. En ese documento también se constituye una hipoteca con los antiguos propietarios del terreno. Según la escritura, el acreedor es la empresa Export  Development  Canadá, con sede en Ontario.
“Como el tema de los costos tiene que ir analizado en el ESIA, es curioso que ellos allí pusieron la suma de $4 millones, pero en la escritura el monto total es de $8, 3 millones”, alertó el asesor legal.
“Curiosamente esta casa extranjera es la misma que le presta a EBI para todas las propiedades en Limón, Miramar de Puntarenas, la Carpio y Aserrí; en segundo lugar la abogada es la misma, y en tercer lugar Efrén Murillo también por lo menos en calidad de consultor, le ha hecho al menos un trabajo a EBI; son muchas casualidades”, agregó Rojas.
Efrén Murillo mediante un mensaje de texto, admitió haber  estado relacionado profesionalmente con EBI en el pasado, pero no brindó más declaraciones al respecto.

Impacto ambiental

Según el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Industrial Bajo Pita, desde la perspectiva del Área de Influencia Directa para las variables del medio biológico, la delimitación de la zona corresponde con ecosistemas o hábitats importantes.

La zona está delimitada por la quebrada Pita y el río Virilla y colinda con una propiedad por la que pasa la quebrada Yegua, así como “las poblaciones que se ubican a lo largo de la ruta de acceso al proyecto”.

Un análisis técnico del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por el especialista en Geología y doctor en Ciencias Naturales, Allan Astorga, indicó que un relleno sanitario “en razón de que dispone de tipos de residuos, incluyendo peligrosos” califica como una actividad de alto impacto y alto riesgo ambiental, dado que es un proyecto muy grande que operaría por un período de 47 años.

Según el autor, el análisis de vulnerabilidad hecho por la empresa debería ser reelaborado con mayor detalle, pues este deja algunos vacíos.