En las sociedades modernas el funcionamiento del poder judicial resulta decisivo para sostener su legitimidad y con ello facilitar su reproducción. No se discute aquí si esta legitimidad y reproducción convienen a todos.
Cuando un circuito judicial maneja desastrosamente un caso importante, como el representado por el del ICE-Alcatel, la ciudadanía recibe un choque y tiene la obligación de exigir no solo responsabilidades, sino transformaciones radicales.
El Estado costarricense no puede eludir estas exigencias. El derrumbe de los puentes o el fraude con los fondos de la trocha patriótica, con toda su gravedad (ligada a la incompetencia gubernamental y a la corrupción de los cuadros políticos y ‘técnicos’ del Poder Ejecutivo), es pluma de la cola, comparada con la morosidad inepta con que está incumpliendo sus tareas el Poder Judicial o muchas de sus áreas.
Por supuesto, y puesto que se trata de Costa Rica, siempre resulta factible mirar para otro lado como ardid para ignorar/invisibilizar el descalabro. Jorge Guardia, opinionista de La Nación S.A., por ejemplo, traduce que la absolución resuelta por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, contiene un renacer del Partido Unidad Social Cristiana (LN: 25/10/2012). Anticipándose al Día de los Inocentes declara que él ‘se muere por volver’ a esa tropa en la que un liberado Miguel Ángel Rodríguez ejercería como activador de su dirigencia, asesor de alto nivel y, en breve, resucitador partidario.
Igual de patético, aunque con distinto sentimiento, Julio Rodríguez, con responsabilidades editoriales en el mismo periódico, ejecuta una columna sin nombrar a nadie pero que descansa en la escisión entre mundo moral (del que él tiene llave) y mundo legal (en el que se refocilarían los recién absueltos). La remata así: ‘¡Qué triste vida arrastran aquellos que, por acallar la conciencia moral o por fingirla, suprimen todo sentimiento de culpa, de remordimiento o de arrepentimiento!’ (LN: 20/12/2012). Uno de los bizqueante apela a la inasible Verdad del Cielo y al drama moral.
El otro, a la ficción de una estricta normalidad jurídico/institucional. Ambos eluden el escándalo socio-histórico que debería indignar a todos: ¡El Poder Judicial hiede! Luce más descompuesto que carreteras y trochas fronterizas y más flojo que sus puentes. Se mira más briosa, dentro de su ruina, la Caja de Seguro Social para prestar su servicio que el poder judicial. Y con lo importante que es la Caja, requiere de un poder judicial consistente y eficaz para poder brillar.
La ciudadanía no debería, como hacen J. Guardia y J. Rodríguez y otros muchos, desviar la vista. Un sistema judicial que ofrece shows de inconsistencia como el del ICE-Alcatel terminará con la capacidad del país para captar inversión sana y empeñará hasta su ropa interior ante el crimen organizado y los sobornos corporativos.
La señal del ICE-Alcatel es feroz, pero para nada el único síntoma. Deficiencias en los informes policiales, ineptitud en el levantamiento de las pruebas, incompetencia de los fiscales, lentitud de los procesos, secretismo interno, flacura en el origen de  nombramientos, privilegios autootorgados, ausencia de procesos de evaluación del desempeño, debilidad del personal judicial auxiliar, exceso de tareas y cambios cosméticos hacen que 6 de cada diez ciudadanos estimen que la administración de justicia en Costa Rica no es confiable (UCR/PNUD, 2011). Y solo 2 de cada diez creen que los fallos de los jueces son fiables. Un 48% de la población opina que los jueces carecen de capacidad para ejercer sus cargos. Y mientras el 70.1% opina que es factible sobornar a un policía ¡más del 50% estima que es factible hacerlo con un juez! Un poder judicial corrupto quiere decir inicialmente que los jueces y su personal de apoyo violan el principio de imparcialidad y lo desplazan por algún tipo de motivación externa en el cumplimiento de sus tareas.
También quiere decir que no se da las condiciones para ejercer su función. Estos procesos de descomposición parecen haber tocado techo, en uno u otro sentido, durante el proceso ICE-Alcatel. O la primera resolución que condenó a los imputados resultó de un proceso de descomposición o lo fue el segundo. No existe escapatoria. Y no debería existir impunidad. Lo que está en juego, aunque suene excesivo en un verano toreado, es la existencia de Costa Rica y de su ciudadanía.