Gran cantidad de trabajadores se lanzaron a las calles para protestar contra las intenciones del Gobierno, de impulsar un proyecto de equiparación salarial. (Foto: Katya Alvarado)
Hace ocho meses el gobierno presentó una propuesta para homologar los derechos y pluses salariales de los empleados públicos del país y aunque aseguran que solamente era un borrador de propuesta, aún no existe una posición clara con respecto al tema.
Según el ministro de Trabajo, Olman Segura, hay una serie de afirmaciones que han realizado los dirigentes de organizaciones sindicales que no son verídicas, sobre todo relacionadas con que se quieren eliminar pluses salariales y convenciones colectivas.

Los sectores laborales no solo se oponen a esta propuesta del Gobierno, sino que no están dispuestos a negociar −bajo ninguna circunstancia− un proyecto que pretenda reducir cualquier derecho laboral adquirido por los empleados públicos.
“No es cierto que se pretenda rebajar las remuneraciones. Lo que sí es cierto es que debemos ordenar los salarios que reciben quienes se desempeñan en la función pública;  buscamos eliminar la brecha social que se hace cada vez más grande, como consecuencia de esas diferencias tan marcadas en pluses salariales”, indicó el jerarca de la cartera.
El pasado viernes 8 de marzo, Segura había convocado a los representantes sindicales para discutir la propuesta y recibir otras de las organizaciones; sin embargo, la cita no tuvo frutos, pues los sindicatos se lanzaron a la calle a manifestarse en contra del borrador del  proyecto y no asistieron a la reunión.
Según el ministro, esperaron pacientes que los sindicatos presentaran una contrapropuesta para discutirla, ya que para ellos el tema no se ha cerrado, ni está escrito en piedra; pero,  indicó que si no hay interés en negociar, el Gobierno deberá buscar una alternativa para resolver las injusticias que se presentan en materia salarial.
“El proyecto tal y como está no es para enviar a la Asamblea Legislativa, pero tomaremos algunas decisiones en el corto plazo. Es injusto que haya salarios tan altos y que no sean revisados, o que algunos tengan anualidades de 4 % o 5 % y otros de 1.94 %. Hay que entrar a discutir estos temas”, argumentó el jerarca.
Detalló que en el proyecto se tratarían temas de equiparación de anualidades y cesantías, pero dijo que estas no se recortarían ni se eliminarían; además se discutirán otros incentivos como salarios altos, se impulsará la evaluación de desempeño y con las convenciones colectivas tendrán que distinguir líneas intermedias.
“Lo que sí puedo asegurar es que no habrá recortes salariales, pero sí le vamos a entrar a las grandes diferencias que hay en el sector público; hay quienes tienen 8 años de cesantía y otros hasta 30 o 40 años. No tenemos una fecha definitiva para enviar el proyecto a la Asamblea Legislativa”, agregó el jerarca.
TRABAJADORES EN NEGATIVA
El pasado 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de Mujer, las organizaciones sindicales aprovecharon no solo para celebrarlo, sino organizar una huelga y movilización hasta la Casa Presidencial, como protesta ante la propuesta del Gobierno sobre homologación de beneficios laborales.
Con la convicción de no negociar ningún acuerdo que implique reducir pluses salariales, distintas organizaciones sindicales que participaron en la manifestación aseguran que no permitirán que se pisoteen derechos adquiridos por medio de luchas sociales y laborales.
Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sostuvo que dicha organización desde el principio se negó a firmar cualquier acuerdo que pretendiera reducir los pluses salariales de los trabajadores.
“El Gobierno lo que plantea es que al momento de aprobar el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, dejar sin efecto las convenciones colectivas en su totalidad; además, pretende la revisión anual de las anualidades y la dedicación exclusiva; es decir, que no tengan carácter de derecho adquirido”, denunció Ferreto.
Para  la dirigente, con la propuesta gubernamental también se perderá el subsidio que otorga el patrono cuando están incapacitados, y el subsidio que entrega la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Instituto Nacional de Seguros; dichos períodos de incapacidad no serán contemplados para el pago de aguinaldo, salario escolar o vacaciones.
“Perderemos el derecho de pago bisemanal, entre otros. El Gobierno pone énfasis en sus declaraciones al decir que se busca justicia, con una reforma exclusivamente sobre el salario de los trabajadores que ganan más de ¢ 5 millones; para nosotros eso no sería problema, porque quienes reciben esa cantidad son las altas jerarquías y los niveles gerenciales, incluso les hemos dicho que los den a conocer”, comentó Ferreto.
En su criterio, el Gobierno está tratando de engañar al pueblo y a los trabajadores, haciendo creer que mejorarán las condiciones de quienes no tengan altos salarios, pero en realidad, dijo, todo va en contra de los derechos de los trabajadores.
“En el caso de los educadores, el Gobierno asegura que el pago de recargos es un privilegio; esto, porque a la gente le pagan entre un 20 %, 30 % y hasta un 50 %; este porcentaje −en el caso de quienes trabajan en horarios nocturnos por recargo de funciones−, más que un gasto es una economía para el Ministerio de Educación, porque en lugar de pagar otro docente o conserje, le pagan la mitad”, reprochó.
Otro sector que se unió a la manifestación y que ha sido enfático en no negociar ningún derecho laboral, es el vinculado a la salud y a la CCSS.
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), enfatizó en que no permitirán que se modifiquen los derechos y condiciones laborales y rechazó tajantemente las iniciativas presentadas por el Gobierno, que a su parecer, buscan empobrecer a la clase trabajadora, ya de por sí golpeada por bajos ajustes salariales.
“En la ideología gubernamental, este proyecto es una especie de catecismo neoliberal. Un instrumento para precarizar los salarios de los trabajadores del sector público y desmantelar las garantías laborales, que tendrá un efecto también sobre el sector privado, porque los trabajadores del sector público generamos mucho empleo directo e indirecto. Si nuestros  salarios disminuyen se afectará la pulpería, la panadería, el comercio en general”, agregó Rodríguez.

Un borrador de propuesta*
A pesar de que el Gobierno insiste en que no existe una propuesta definitiva en cuanto a la modificación salarial del sector público y que lo que tienen es un borrador de una propuesta que está abierta a discusión y modificaciones, lo cierto es que la iniciativa sí plantea una serie de modificaciones y reducciones en los pluses salariales de los trabajadores públicos.
Las instituciones autónomas no están desligadas de las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, deben seguir los lineamientos generales en materia de salarios.
El concepto de auxilio de cesantía de todos los servidores del Estado quedará limitado a ocho años.
Las administraciones públicas deberán establecer una evaluación de desempeño de los funcionarios.
La figura de dedicación exclusiva se aplicará a los servidores cuyas funciones lo amerite, se otorgará por porcentajes diferenciados, de acuerdo con el grado académico y serán anuales.
El trabajador que esté incapacitado por enfermedad o riesgo del trabajo gozará únicamente del subsidio de la Caja o el INS, pero no tendrá derecho a subsidios adicionales. No serán considerados para el cálculo de aguinaldo, vacaciones o cualquier prestación laboral.
El pago de los salarios será mensual o quincenal. El salario semanal será respetado. Muchos empleados públicos reciben salarios bisemanales.
El porcentaje por anualidades no podrá sobrepasar el 2.54 %.
*Fuente: MIDEPLAN