Las mujeres fueron atendidas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados. A su lado, la jefa de seguridad, Magaly Camacho, y la diputada Rita Chaves.  (Foto: Katya Alvarado)
Tras cinco años de espera y de sentir que se les ha dado “atolillo con el dedo”, mujeres representantes de diversas comunidades costeras organizaron una toma pacífica del Salón de Beneméritos de la Patria en la Asamblea Legislativa el pasado lunes 11 de marzo, con el fin de que no se dilatara el trámite que sigue el proyecto de “ley de territorios costeros comunitarios”.
Lo que las mujeres integrantes del Frente de las Comunidades Costeras exigían es que ese mismo día se cumpliera con el trámite de “quemar” el tercer y último día de discusión de ese proyecto en el plenario, según el artículo 137 del reglamento legislativo, de manera que el jueves 14 fuera visto y aprobado por la Comisión de Ambiente del Congreso. Al cierre de edición se confirmó que el plenario cumplió con el requisito.  

Durante las primeras horas de la tarde, ya con la toma en marcha, las mujeres enfatizaron en los problemas que enfrentan las comunidades costeras, como el hecho de que en algunos casos a la ciudadanía se le niega el acceso a playas, sea por acción de las autoridades o por ocupación privada.
Una de las dirigentes del movimiento, Lilliana Marín, de La Pita de Tárcoles, anunció que preparan una protesta más fuerte: en un punto aún indeterminado se bloqueará la carretera Interamericana.
Marín detalló que su comunidad está compuesta por familias que suman cinco generaciones de vivir en el sitio, con el mar como fuente de sustento. “Si nos quitan de ahí, no tenemos a dónde vivir. Es mentira que nos reubicarán de la noche a la mañana y según se dice, sería un lugar a siete kilómetros de la costa”, indicó, tras informar que a pesar de que se acordó una moratoria sobre los desalojos en estos territorios, se siguen ejecutando.
Sobre la necesidad de organizar la toma de la Sala de Beneméritos, expresó que fue necesaria, porque “como jefas de hogar” sienten que la Asamblea Legislativa “nos ha venido bailando, dando atolillo con el dedo y ya queremos una solución”.
“Si no logramos nuestros objetivos, el próximo 19 de marzo cerraremos la carretera Interamericana con gente de las 58 comunidades costeras. Ya tenemos 20 buses contratados”, anunció.
En un receso del plenario, el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, atendió a las mujeres, junto a Rita Chaves y Martín Monestel, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Carmen Muñoz, Carmen Granados y Juan Carlos Mendoza, de Acción Ciudadana (PAC), y Carlos Góngora, del Movimiento Libertario, entre otros.
Granados buscó mantener un ambiente distendido y les informó que no habría problema en cumplir con su demanda, de manera que el compromiso con las mujeres es que el proyecto sea finalmente aprobado por la comisión legislativa de ambiente, el jueves 14 de marzo.  
Consultado por UNIVERSIDAD luego de su reunión con las manifestantes, Granados destacó que “no es casualidad” que el proyecto estuviera convocado para discusión ese mismo día, el cual −según dijo−  es producto del trabajo en un texto sustitutivo, “que si bien aún no tiene acuerdo uniforme entre diputados ni probablemente comunidades, es un acercamiento a la realidad que buscamos, que es sacar de una vez por todas el tema de los pobladores costeros”.
Añadió que ve “con simpatía” que las manifestantes hubieran llegado a la Asamblea Legislativa, pero insistió en que “el hecho de que el proyecto estaba convocado y hoy se le pudiera dar el tercer día de estudio −según el artículo 137− se debe al seguimiento al diálogo iniciado hace meses”.
¿EMPUJE FINAL?
El proyecto de ley de territorios costeros comunitarios actualmente se tramita con el número de expediente 18.148 y entre sus fines apunta a la necesidad de “dar protección especial” a las comunidades de las zonas costeras, las cuales “cuentan con derechos históricos, una cultura propia, una herencia ancestral, costumbres, tradiciones, normas, infraestructura, formas de pensar e incluso lenguaje que los identifica”.
Para dichos pobladores se busca con el proyecto darles “estabilidad y seguridad jurídica en el uso de la tierra y la infraestructura existente”, así como llevar a cabo un desarrollo social en armonía con la protección del ambiente y el “mejoramiento constante de su calidad de vida, sin ser forzados a abandonar sus tradiciones, sus costumbres y su modo de vida tradicional”.
Wilmar Matarrita, coordinador general del Frente de Comunidades Costeras, explicó que el texto sustitutivo acordado −tras ser aprobado en la Comisión de Ambiente− deberá ser enviado a consulta a la sociedad civil. Ese paso toma ocho días, después de los cuales entraría de nuevo al plenario para ser aprobado definitivamente.
Entre los cambios introducidos a ese texto sustitutivo, destacó que originalmente se declaraba específicamente cuáles eran los territorios costeros a partir de una lista taxativa. “Cedimos en este aspecto y ahora serán las municipalidades las que declaren el territorio costero, a través de solicitud de comunidades”.
Otro punto modificado se refiere a la consulta popular a las comunidades, para buscar esa declaratoria.  Explicó que el Partido Liberación Nacional (PLN) planteó que esa consulta debía hacerse según el distrito electoral, pero “el problema es que algunos distritos electorales son bastante más grandes que el territorio costero particular contenido dentro de ellos, por lo que sería muy injusto”, externó Matarrita.
Según dijo esa propuesta se alteró y la consulta quedó planteada estrictamente en el territorio particular que la requiera.
La diputada liberacionista Carolina Delgado, quien conversó con las manifestantes durante las primeras horas de la toma, manifestó a este Semanario que “hoy más que nunca estamos ante la posibilidad de buscar una solución integral a la problemática de los pobladores de las zonas costeras”.
Coincidió con Granados en que el proyecto ya estaba convocado para poder solventar el trámite del artículo 137 del reglamento y cree que “en la primera quincena de abril podría votarse en primer debate el proyecto.
Por su parte, la activista Wendy Mora, quien representa a las comunidades de El Jobo, Puerto Soley y Guajiniquil, ubicadas en La Cruz de Guanacaste, insistió en que el problema de los desalojos es “constante” y que en Puerto Soley “la Municipalidad ha llegado a amedrentar a la gente con el tema de desalojos”.
“Queremos establecer una agenda para tener claros los tiempos del proyecto y que no se le presenten más mociones; queremos el compromiso de las diferentes fracciones, para que no discutan más el proyecto por el fondo”, externó.

Lista de la discordia
Mientras las mujeres del Frente de las Comunidades Costeras se mantenían en la Sala de Beneméritos de la Patria, poco antes de las 3 p.m. −cuando se inicia la sesión del plenario legislativo− se presentó al recinto Magaly Camacho, jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, quien expresó su buena disposición para facilitar cualquier diálogo.
Una de las líderes del movimiento, Magdalena Vega, expuso sus razones para haber realizado la protesta: “Este es un acto de impaciencia; tras cinco años de lucha no ha sido posible el diálogo y nos sentimos engañadas”.
Agregó que como mujeres “nos sentimos lastimadas” y enfatizó que se trata de los derechos de “familias pobres y humildes, que han subsistido gracias a los recursos costeros”.
Camacho replicó que las mujeres “tiene derecho a estar aquí sentadas, pero no se pueden quedar a dormir” y que la posibilidad de que todo terminara pacíficamente “depende de los diputados”.
La funcionaria ordenó a uno de sus subalternos tomar el nombre de la dirigencia del movimiento. Luego de que las 15 mujeres expresaran que todas eran líderes y voceras, el funcionario procedió a tomar el nombre de cada una de ellas y de dos activistas de la organización Red Activa de Derechos Humanos, hecho que fue cuestionado poco después ante el presidente legislativo –Víctor Granados−, pues las mujeres expresaron su deseo de que ello no incidiera en que en un futuro no se les permita ingresar a la Asamblea Legislativa.
Cabe destacar que además la funcionaria solicitó tomar nota de la identidad del periodista de este Semanario.