Hasta ahora, la comisión legislativa no ha logrado probar quiénes recibieron las dádivas por las obras de la trocha fronteriza a lo largo del río San Juan. (Foto: archivo)
Concluidas las comparecencias del vicepresidente de la República −Luis Liberman− y de otras altas figuras del Gobierno, los diputados y diputadas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público ya tienen suficiente información con la que podrán señalar a responsables políticos, pero difícilmente podrán probar quiénes recogieron las dádivas denunciadas.
Esto último le tocará resolverlo posteriormente al Ministerio Público, que lleva la investigación penal del caso.
Así se desprende de las declaraciones de la presidenta de la mencionada comisión, Patricia Pérez (Movimiento Libertario) y de otros legisladores (ver recuadro), tras la comparecencia de Liberman −el pasado 5 de marzo− y la que se llevó a cabo –el 12 de marzo− con el economista Adrián Chinchilla (hermano de la presidenta Laura Chinchilla), el empresario Carlos Espinach, y el ingeniero Federico Baltodano, consultor de los programas de infraestructura del Gobierno financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ellos forman parte de un grupo asesor de la presidencia para temas de infraestructura y a quienes durante las comparecencias se les ha vinculado con la trocha, aunque negaron relación alguna con la obra, salvo Baltodano, quien dijo haber presentado un informe técnico que le pidió la presidenta Laura Chinchilla sobre la obra, en marzo del 2012.
Las audiencias en la comisión legislativa debían finalizar el martes 19 con la presencia de Pedro Castro, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y Luis Salas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente del MOPT que ejecuta el proyecto de la trocha.
A un costo de más de ¢20.000 millones −de los cuales supuestamente ¢9000 aún no se han pagado a los contratistas−, la vía de 154 kilómetros a lo largo del fronterizo río San Juan se construyó entre diciembre del 2010 y mayo del 2012, sin planos, diseños ni controles de los gastos, al amparo de un decreto de emergencia del Gobierno.
A tono con la posición de funcionarios que comparecieron antes en la comisión legislativa, el vicepresidente Liberman señaló la importancia de la obra para la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo de la zona fronteriza, pero negó haber tenido responsabilidad en la toma de decisiones durante la construcción, contrario a lo afirmado por otros comparecientes que lo han vinculado al manejo del proyecto.
Según Liberman, su participación se limitó a una visita que hizo al CONAVI en marzo del 2012, por invitación del entonces ministro del MOPT −Francisco Jiménez−, cuando se le informó de los trabajos realizados en la trocha y los fondos que hacían falta para continuarla; él ofreció colaborar para conseguir los recursos, pero luego cuando se denunciaron irregularidades los trabajos se paralizaron, para investigar lo que estaba sucediendo. “Desde mi papel como Vicepresidente no he participado de las decisiones propias del CONAVI, órgano encargado por ley de las rutas nacionales”, afirmó.
Sin embargo, para el diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana), no hay duda de la responsabilidad del vicepresidente, desde el momento en que llega, por ejemplo, al consejo de administración del CONAVI, a decirle que el proyecto debe continuar, que si hay que tomar recursos de otras obras y desviarlos pues que se haga, según consigna el acta de la sesión del 8 de marzo del 2012. No obstante, el vicepresidente “viene a decirnos aquí que él no tomó ninguna decisión ni mucho menos; entonces realmente las declaraciones de don Luis son declaraciones a medias”, señaló.
Anotó que la presidenta Chinchilla delegó en el vicepresidente los asuntos estratégicos de finanzas y proyectos de infraestructura del Gobierno; estaba tomando las decisiones generales y conocía de los actos de corrupción que ocurrían en la trocha,  porque a él (Oviedo) personalmente le habló de eso, y Liberman lo reconoció en la comisión. Los conocían también el ministro Jiménez y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y preocupa que a pesar de todas estas acciones no se hicieron los cambios para corregir la situación, reclamó el legislador.
“Esto está como el circo de Poncio Pilatos, todo el mundo se lava las manos aquí”, reprochó el diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social  Cristiana) durante la comparecencia de Adrián Chinchilla, Espinach y Baltodano. Dijo que no criticaba que se tomaran decisiones, sino que nadie quiera asumir la responsabilidad.
Nuevamente el hilo se rompe por lo más delgado y a los pequeños se les carga la responsabilidad mientras a los grandes nadie los toca, afirmó Céspedes en aparente alusión a los únicos procesados hasta ahora por el Ministerio Público en relación con la trocha; ellos son algunos empresarios contratistas y funcionarios intermedios del CONAVI, incluidos Manuel Serrano y Miguel Ramírez, director y supervisor del proyecto respectivamente, quienes guardan prisión preventiva.
 

 
¿Dónde están los responsables?

La diputada Patricia Pérez, presidenta de la comisión legislativa que investiga la trocha fronteriza, dijo que hasta ahora se ha focalizado la responsabilidad sobre las personas que están en prisión preventiva (Manuel Serrano y Miguel Ramírez, director e inspector del proyecto respectivamente), pero estos no están solos, porque si se brincaron los procedimientos administrativos −como está demostrado− tiene que haber sido por una orden o porque estaban amparados por alguien.

“Es urgente que tengamos ya el informe sobre la trocha fronteriza y vayamos no solo a (señalar a)  los funcionarios públicos, sino que vayamos al ámbito privado, cosa en la que de alguna manera quisiéramos marcar la diferencia con informes anteriores”, indicó.

Para el diputado Manrique Oviedo nadie va a creer a Adrián Chinchilla, Carlos Espinach y Federico Baltodano que no conocieron ni trataron el tema de la trocha, y tras oírlos más convencido está de eso.

En cuanto al vicepresidente Liberman, cree que le quedó clara su responsabilidad, porque cuando se le increpa que él conocía de actos concretos de corrupción, da una pseudorrespuesta desviando la atención y dice que por una denuncia no se puede detener una obra.

Según el diputado Walter Céspedes, en la comisión “no se va a poder demostrar quiénes recogieron las propinas y comisiones y adónde fue a parar esa plata, porque nadie quiere responder eso (…) Algunos empresarios han reconocido que existieron las dádivas y que se daban las propinas, pero también han manifestado que si usamos los nombres, ellos se quitan; entonces, una prueba que no se puede usar ¿para qué la vamos a dar?”, lamentó.

Añadió que tampoco se va a poder demostrar la participación que tuvo la comisión de alto nivel que fue creada para asesorar en estos temas de la trocha a la Presidenta, pues nadie quiere reconocer nada. Prometió que en las conclusiones de su informe pedirá sanciones para sentar las responsabilidades del caso.

La diputada Alicia Fournier (Partido Liberación Nacional) consideró que el problema está en el CONAVI, al que hay que transformar para que no se vuelvan a dar las cosas que sucedieron en la trocha, donde −por falta de controles estrictos− algunos hicieron lo que hicieron.

A pesar de que estima que debe incluirse en el informe quién tuvo la responsabilidad política, sostiene que no se puede afirmar que la presidenta Chinchilla y el vicepresidente Liberman sean responsables.

En cuando al Vicepresidente, Fournier alegó que en una visita al CONAVI le dieron un informe de lo que se había avanzado en la trocha y de los recursos que faltaban para poder continuar, y él ofreció ayudar para conseguirlos, cosa que es de aplaudir, porque era importante que se involucrara. Pero, en su opinión esto es muy diferente a decir que él tomaba las decisiones y era el responsable de la obra.  Para eso hay una estructura en el Estado costarricense que creo que está mal y hay que transformarla, advirtió.