El pasado 27 de febrero en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa se realizó un foro sobre las perspectivas, alcances y dificultades del Proyecto de Ley de Premios Nacionales. Participaron: la Dra. Carmen María Méndez Navas, Directora de Música de la Universidad Nacional; el Dr. José Ángel Vargas Vargas, miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica; y el Dr. Iván Molina Jiménez, historiador y profesor de la Universidad de Costa Rica; además de la señora diputada María Eugenia Venegas Reanuld.
Fue un buen ejercicio académico/intelectual, pero no político: el proyecto ya se encuentra en la corriente legislativa y será difícil reformarlo. De tal modo que las propuestas realizadas en el foro no podrán ser tomadas en cuenta por las señoras y señores diputados. Como bien apuntó la Dra. Méndez Navas en buen tico: “la carreta por delante de los bueyes”.
Lo había señalado en un artículo anterior: el proyecto adolece de una serie de criterios artístico/literarios pues pretende unificar gastos antes que géneros y galardones. Es algo así como un plan «neoliberal» que pretende «economizar» más que mejorar los reconocimientos del estado a los productores artísticos, literarios y científicos. De golpe se percibe la ausencia de dichos productores en la redacción del documento.
Es que el proyecto no fue sometido a conocimiento de los productores e intelectuales costarricenses, ni muchos menos discutido por/en/dentro de su campo cultural. De su lectura se colige que el proyecto fue redactado sin tomar en cuenta la realidad del campo artístico/cultural costarricense, ni la opinión de sus realizadores y productores. En el caso concreto del nuevo premio de literatura, por ejemplo, se mezcla y confunde Información con Literatura, algo así como confundir astronomía con química. Alguna relación tendrán, pero son dos expresiones absolutamente diferentes y diferenciadas de acuerdo con sus objetivos y resultados.
Para la conformación de los Jurados se propone una comisión evaluadora desde las Direcciones de Cultura; luego, los premios se municipalizarán aún más ya que se tendrían criterios muy chatos (municipales, provinciales, regionales o regionalistas)  debido a que [email protected] [email protected] de dichas dependencias no son personas, en principio, con una formación adecuada, carecen de criterio para ese tipo de evaluación y recomendación.
Los panelistas coincidieron en cuanto a que el proyecto es una rareza en tanto no existe una Ley General de Cultura, de modo que no constan “políticas culturales” que orienten el quehacer del estado en el campo cultural (¿qué se entiende por cultura?). Por otra parte, es evidente el sesgo de este, dados los intereses económicos e ideológicos provenientes del pasado y actual gobiernos y de los sectores dominantes: empequeñecer el  estado y traspasar sus responsabilidades a la empresa privada, o sea, al mercado; en este caso a la industria cultural.
Fue patente la ausencia de autoridades o representantes del Ministerio de Cultura y Juventud. Eso demuestra lo que algunos panelistas señalaron y lo que es moneda corriente en la actual administración: no hay interlocución con dicho ministerio y/o con el Estado en general, puesto que este gobierno no está interesado en dialogar.
Doña Carmen Méndez, luego de una demoledora crítica al proyecto, propone un texto sustitutivo con participación del denominado “sector cultura”. Y don Iván Molina que el Ministerio de Cultura se quede con los premios Magón y el de Cultura Popular (Emilia Prieto Tugores), y que los demás pasen a ser administrados por instituciones culturales o académicas.
Lo dicho: se nos permitió soñar por un momento, pero bien sabemos que las inteligentes propuestas de los panelistas y las aspiraciones de artistas, intelectuales, científicos y hacedores de la cultura nacional no se verán reflejadas en un proyecto de ley inconsulto y a contrapelo de la auténtica cultura nacional.