El vicepresidente de la República, Luis Liberman, durante la carrera ciclista que organizó el Gobierno en la trocha, con patrocinio de empresas privadas en el 2012. (Foto: archivo)
Si bien los distintos jerarcas del Gobierno e instituciones relacionados de alguna forma con la trocha fronteriza han coincidido en destacar la importancia de esa obra para la defensa de la soberanía del país y el desarrollo de la zona fronteriza norte −tras la invasión de la isla Calero a finales del 2010− todos han negado haber tomado decisiones en la construcción de la obra, que se la endosan totalmente al Consejo Nacional de Vialidad CONAVI, entidad ejecutora del proyecto.
Esto es lo que se concluye de las comparecencias ante la investigación que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa inició en junio pasado, cuyo informe los diputados se disponen a emitir, sobre los posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos y empresas privadas en el desarrollo y ejecución de la ruta 1856.
Preguntado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) −uno de los diputados beligerantes en los interrogatorios a los comparecientes−  a qué atribuía él esa actitud, dijo que lo que sucede es que “se quieren quitar, porque a todas luces fueron permisivos en los controles y se produjo un vil y vulgar asalto a las finanzas de los costarricenses”.

 
“Es así que pasamos del hecho –que está consignado en las actas− de una obra donde los funcionarios se sentían orgullosos −según ellos−, e incluso hay un acta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con la propuesta de la presidenta (Vanessa Rosales) de felicitar a CONAVI por la diligencia en este caso; pero, una vez que se da a conocer todo el desorden financiero, entonces todo el mundo se retira”, recordó Oviedo.
Algunos sospechan que ese comportamiento podría explicarse si se toman en cuentan los verdaderos beneficiarios de esa vía, tomando en cuenta que pasa por una zona de interés para la exploración petrolera y minera de compañías transnacionales, y de otras inversiones.
Al preguntársele ¿qué piensa de eso?, Oviedo esquivó la respuesta y dijo que él tiene una hipótesis al respecto, pero que no la daría a conocer antes de la conferencia de prensa que harán, para presentar el informe.
La conclusión de la presidenta de la comisión, Patricia Pérez (Movimiento Libertario), respecto a por qué nadie quiere asumir la responsabilidad por la trocha, es que “obviamente los fracasos son huérfanos, mientras que los triunfos sí tienen un montón de padrinos; eso resume la situación”.
Respecto a si la clave no estaría en la motivación por la que se decidió hacer la carretera, Pérez comentó que “si la carretera es para el desarrollo de la zona norte, finalmente no tengo mayor problema. La pregunta que me hago inmediatamente es si esa debía ser la prioridad sobre un montón de obra urgente para el país que  hay, y esa es la pregunta que no me han contestado”.
Cabe destacar que la trocha se construyó bajo el paraguas del decreto de emergencia 36440-MP, que el Poder Ejecutivo publicó el 7 de marzo del 2011 (casi tres meses después de iniciados los trabajos), para atender la situación creada tras la invasión nicaragüense a la isla Calero en octubre del 2010 (ver recuadro: Etapas de la trocha). Las contrataciones de maquinaria y materiales se hacían de manera directa, evitando los trámites ordinarios de licitación, situación que habría dado pie a falta de controles y abusos.
Vale mencionar  que la ruta 1856 es una obra nueva, y ni el decreto de emergencia, ni la ley de emergencias son para realizar obra nueva, sino que claramente establecen tres fases (respuesta, rehabilitación y reconstrucción) para reponer los bienes o servicios destruidos en una emergencia. El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha dicho  que espera reiniciar la obra en el 2014 y que se terminará con una inversión de ¢146.000 millones.
ALTO NIVEL
Durante la investigación legislativa, uno de los temas que más preguntas originó fue el papel jugado por una comisión de alto nivel formada en la Presidencia y que estaba conformada por ministros, viceministros y jerarcas de otras instituciones, a la que algunos comparecientes mencionaron como una instancia a la que se rendía informes sobre los trabajos realizados.
Sus integrantes negaron haber tomado decisiones sobre la trocha y alegaron que su cometido era dar seguimiento a las medidas cautelares que dictó la Corte de La Haya respecto al diferendo por la isla Calero.
Incluso varios funcionarios, entre ellos Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia, aseguró que en las reuniones se daban informes verbales y no se hacían minutas, mientras que Carlos Acosta, exdirector ejecutivo del CONAVI, y Miguel Ramírez, inspector de la trocha, presentaron documentos que indicarían lo contrario.
Otro tema en debate fue  la participación de un grupo asesor de la Presidenta en materia de proyectos de infraestructura del Gobierno, algunos de cuyos miembros fueron mencionados como personas que visitaban o tomaban decisiones sobre la trocha.
Ese grupo estaba constituido por el empresario Carlos Espinach, el hermano de la presidenta, Adrián Chinchilla, el vicepresidente Luis Liberman y el ingeniero Federico Baltodano, consultor contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo para los proyectos de infraestructura del Gobierno financiados por esa entidad.
Todos ellos negaron haber tenido participación en la trocha, salvo Baltodano, quien admitió haber participado únicamente en la preparación de un informe técnico sobre el trabajo realizado en la ruta, a solicitud de la Presidencia en marzo del 2012.
Curiosamente, una afirmación del exministro de Transportes, Francisco Jiménez, ante la comisión legislativa fue usada por Adrián Chinchilla como prueba de que dicho grupo no tuvo relación con la trocha, mientras que la interpretación de diputados de oposición fue la contraria: que el ministro más bien decía que la trocha era parte de lo que se ocupaba el grupo asesor.
El vicepresidente Liberman, a quien algunos de los involucrados en el proyecto señalaron como una persona de que la recibían directrices, también rechazó su responsabilidad.
“Quiero dejar claro que en mi papel como vicepresidente de la República no he participado en las decisiones propias del CONAVI, órgano encargado por ley del desarrollo y mejoramiento de las rutas nacionales”, dijo Liberman a los diputados.
Afirmó que la vicepresidencia formó parte de un grupo asesor y de acompañamiento de la presidenta de la República, que nunca tuvo que ver con la ruta fronteriza 1856.
“Dicho grupo se encarga de analizar periódicamente, en algunas oportunidades con la señora presidenta y en otras únicamente con este servidor, los grandes proyectos de infraestructura que el país requiere, de conformidad con la agenda de inversión que Costa Rica ha tenido con los empréstitos internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa”, aclaró Liberman.
 

 
Cruel e injusto

Evelyne Mora, esposa del jefe de la construcción de la trocha fronteriza. (Foto: Katya Alvarado)
Evelyne Mora, esposa de Manuel Serrano, el ingeniero jefe del proyecto de la trocha fronteriza 1856, rechazó las acusaciones de corrupción que se han hecho a su marido, pues este –adujo− no es un delincuente como se le ha presentado en la prensa.
Sostiene que es triste y muy injusto que a Serrano se le quiera tener como el único responsable de la trocha, cuando hay otros que dieron las órdenes y directrices, y él lo que hizo fue cumplir con la obra que se le pidió hacer.

Reclamó que a Serrano lo  mantengan encarcelado con base en cargos que ya fueron desestimados porque no tenían fundamento, como el de asociación para delinquir, que a su juicio fue un pretexto para detenerlo, como en efecto lo hizo la policía al amanecer del 12 de diciembre pasado y lo esposaron delante de los niños, horrorizados. Lo extraño es que apenas la víspera había firmado la notificación para indagarlo, que le entregó la Fiscalía cuando se presentó a declarar en la comisión legislativa, recordó.

“Me siento con el deber de decir que aquí hay otra historia; a nosotros nos despedazaron; le hicieron creer al país entero que mi marido era un delincuente y eso no es verdad; quisieron hacer creer que es el único culpable de lo que pasó (con la trocha) y eso no así”, afirmó Mora, quien dice que no desea juzgar ni denunciar a nadie, pues espera que el proceso siga y alguien diga toda la verdad de lo que sucedió con la trocha.

No hubo descalabro −agregó− ni millones perdidos como se ha dicho. La obra está hecha, hay fotografías e informes técnicos del trabajo realizado y no entiende cómo la misma presidenta, Laura Chinchilla, se atreve a condenar  a priori y hablar de filibusteros, traidores, enemigos de la patria, sin haber sido juzgada la persona en los tribunales.

Mientras tanto algunos “están riéndose en sus tronos”, porque le cerraron la boca al pueblo, y le están diciendo aquí están estos chivos expiatorios, vengan destácenlos, ya tenemos a dos personas a las que puede condenárseles y a las que se les puede atribuir la responsabilidad, recriminó Mora en alusión a su esposo y a Miguel Ramírez −el  inspector del proyecto−, que son los únicos que guardan prisión por este caso.

Ella describió la trayectoria profesional y la experiencia en carreteras de su esposo, quien –insistió− trabajó con gran dedicación en la ruta y con gran presión, porque le decían que la obra debía quedar concluida en este gobierno. No actuó de forma antojadiza, sino que en todo momento alguien les dio instrucciones de cómo trabajar, con sus jefes inmediatos que eran Carlos Acosta, director técnico de CONAVI, y Francisco Jiménez, ministro de Transportes,  y con todos los involucrados en esto, acotó.

“Es muy cruel y muy injusto que todo un equipo que dio directrices y lineamientos y dijo: la cosa va, ahora diga que no tuvo que ver. Si hay responsables, que se responsabilice también a los señores que daban instrucciones y que presionaban porque la obra tenía que estar terminada”, arguyó.

Mora reveló que su esposo quiere asumir la responsabilidad técnica del proyecto, pero no le han dado oportunidad de hablar. “Que traigan a un ingeniero para que puedan hablar de tú a tú sobre tecnicismos, porque un juez no es ingeniero y no puede sacar conclusiones técnicas si no hay un ingeniero”, expuso Mora a UNIVERSIDAD.