Finca Las Crucitas en Cutris de San Carlos, en donde la empresa pretendía la extracción de más de 800.000 onzas de oro. (Foto: Industrias Infinito)
Si para el mes de octubre Industrias Infinito S.A no ha reactivado la explotación de la mina ubicada en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, demandará al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la suma de $1092 millones.
La vocera de Industrias Infinito, Yokebec Soto, dio a conocer que la empresa agotará todas las instancias, con el fin de hacer prevalecer sus “derechos”. Esta decisión quedó consignada en un comunicado de prensa publicado en la página de la transnacional canadiense Infinito Gold Ltda, firmado por el presidente de la minera, John Morgan.
En Costa Rica, la vocera de la sociedad aseguró que dicha iniciativa surge al considerar que se ha generado un clima de “inseguridad jurídica”, contrario al acuerdo para la inversión bilateral entre Costa Rica y Canadá, suscrito en 1998.
La firma canadiense dará un plazo de 6 seis meses, para negociar con la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, la posibilidad de que el proyecto pueda avanzar; en  caso contrario, el conflicto se elevará al Ciadi, instancia del Banco Mundial.

 
Frente a esta situación, los abogados que demandaron a la minera ante el Tribunal Contencioso Administrativo, consideran que el país debe rechazar cualquier intento de negociación y por el contrario afrontar la posible demanda internacional.
Bernal Aguilar, abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), sostiene que “hubo un incumplimiento por parte del concesionario, por lo que no debería reconocérseles nada”.
Mientras tanto, el abogado de la organización Unión Norte por la Vida (Unovida) y regidor de San Carlos, Edgardo Araya, instó a “que se vayan por el amor de Dios y nos dejen en paz; no hay nada que negociar”.
Reclamó que la empresa minera aún no ha cancelado los montos a los que se les condenó con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, por los daños ambientales ocasionados en el proyecto.
MONTO INFINITO
Industrias Infinito solicita el pago de $1092 millones, que al tipo del cambio del pasado lunes 8 de abril equivaldrían a ¢552.246 millones. La suma corresponde, según el cálculo de la misma empresa, a la inversión hasta ahora realizada, así como a las ganancias que dejaron de percibir por la cancelación de los permisos.
En julio del año 2010, el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, adelantó que el país podría sufrir una demanda de la minera que superaría los $1700 millones; las declaraciones de Piva generaron incertidumbre sobre el manejo político que el país le ha dado a este caso.
“Es una irresponsabilidad que un representante del Estado haya dicho eso”, calificó el abogado y ambientalista Álvaro Sagot, quien agregó que cuando a Piva se le cuestionó cómo había hecho ese cálculo, nunca lo quiso explicar.
“Si esa es la persona que nos va a defender en un posible arbitraje, estamos todos advertidos”, lamentó Edgardo Araya, que se mostró inquieto sobre el proceso que se avecinaría en el Ciadi, al considerar que el Estado debería garantizar una efectiva defensa de la soberanía del país.
LEY CRUCITAS
Las posibilidades de que el proyecto minero sea reactivado por disposición del mismo Estado son casi nulas, concluyen los abogados involucrados en el proceso de demanda;  incluso, para Álvaro Sagot la única manera en que se eche a andar nuevamente la mina en Crucitas sería por medio de una ley especial, que modifique el Código de Minería.
Esto, porque con la anulación de la concesión −por parte del Tribunal− la empresa tendría que realizar nuevamente los trámites de solicitud de permisos, con el agravante de que en agosto del 2011 la presidenta Laura Chinchilla firmó una moratoria para la extracción de oro.
Sagot estima que de presentarse este escenario para beneficiar a la minera, sería “como hincarse ante la empresa”, ya que existen muchos elementos de peso para propiciar una buena defensa del país, en caso de que las exigencias de Industrias Infinito sean trasladadas al Ciadi.
Pese a que se intentó conocer el criterio del Ministerio de Comercio Exterior, en su oficina de prensa se indicó que el Comex respalda lo manifestado por la presidenta Laura Chinchilla. Ella el pasado 4 de abril adujo ante diferentes medios de comunicación, que el tema “es un asunto resuelto por los Tribunales de Justicia y en consecuencia la Administración no tiene ningún poder para actuar en contra de esa sentencia”.

 
Vocera de Industrias Infinito:

“No hemos tenido un ambiente equitativo, justo”

Yokebec Soto, vocera de Industrias Infinito: “No hemos tenido un ambiente equitativo, justo y además de eso percibimos un terrible ambiente en relación con la seguridad jurídica». (Foto: Stella Chinchilla)
¿El objetivo principal de la empresa es reactivar el proyecto?

-La intención de la empresa es desarrollar el proyecto Crucitas en un inicio; sin embargo, si el Gobierno no está dispuesto a negociar de una forma amistosa, lo que procede es establecer la demanda ante el Ciadi, en Washington,  y estaríamos ante un arbitraje internacional.

La empresa ha vendido maquinaria. ¿Cómo se desarrollaría la explotación de la mina en caso de que se dé inicio nuevamente a la extracción de material?

-Se vendieron algunos equipos, pero recordemos que estamos hablando de una empresa que ya tiene experiencia en otros países de iniciar un proyecto, irse a otro país, regresar; ese no es ningún problema. La empresa estará en Costa Rica el tiempo suficiente para defender sus derechos y el tiempo suficiente para desarrollar el proyecto también.

Pero, ¿esa salida de maquinaria fue total?

-No nos interesa dar detalles sobre eso.

La opinión pública ha criticado al proyecto. ¿Por qué insistir en la discusión de un tema que ha sido rechazado por la mayoría de la población?

-La gente tiene derecho a opinar; estamos en una democracia; eso es algo que no podemos controlar; ha habido mucha mala información sobre la minería a cielo abierto, desinformación sobre el proyecto; además, la parte demandante ha insistido en decir muchas cosas que no son ciertas.

De no prosperar las negociaciones con el Estado, ¿cómo llegaría la empresa al arbitraje, recordando que no cuentan ya con una concesión en el país, ya que esta fue anulada en el Contencioso?

-Eso no tiene nada que ver; la empresa puede ir con sus permisos aprobados o con los que se anularon; eso no altera en nada el proceso. No es necesario ni siquiera que la empresa esté en el país todavía.

¿Qué efectos negativos percibe la empresa para argumentar esta posible inseguridad jurídica?

-Estamos reclamando que no hemos tenido un ambiente equitativo, justo y, además de eso,  percibimos un terrible ambiente en relación con la seguridad jurídica; no sabemos qué  esperar del Estado, que ha cambiado muchas veces la posición en torno a la minería a cielo abierto y al proyecto Crucitas, durante los 20 años que la empresa ha estado en el país.

Sin embargo, los criterios emitidos por ambas Salas son independientes.

-Hemos dicho en otras oportunidades que eso es cosa juzgada por la Sala Constitucional, pero las  sentencias de ambas Salas son contradictorias. El tema además entra en una discusión de quién tiene la última palabra.

¿Considera que hay un criterio superior en lo resuelto por la Sala Constitucional, en relación con el fallo del Tribunal Contencioso que fue ratificado posteriormente en la Sala Primera?

-Es correcto según lo dice el mismo sistema jurídico; eso es lo que debería privar. Sin embargo, no lo hemos visto; estamos en un panorama bastante oscuro. No debería existir una contradicción tan grande entre ambas salas y que no ha sido usual.

La Sala Constitucional no ha admitido ni rechazado la acción presentada por la empresa desde octubre del 2011, se mantiene en ese limbo más de un año después.
¿Qué puede propiciar esto?

-Esto muestra la gran inseguridad jurídica, porque seguimos esperando el resultado de la admisibilidad o no de la acción, y sin embargo no hemos obtenido ninguna respuesta.